Justicia pol¨ªtica

La sociedad democr¨¢tica se caracteriza, entre otras cosas, porque entre la justicia y la pol¨ªtica hay una frontera, es decir, contacto, pero, sobre todo, separaci¨®n. La justicia y la pol¨ªtica son esferas conexas pero aut¨®nomas. Y ninguna puede sobrevivir cuando ambas se mezclan.Precisamente porque ambas entran en contacto es por lo que resulta de la m¨¢xima importancia que la l¨®gica que preside las decisiones de los ¨®rganos judiciales y la que preside la de los ¨®rganos pol¨ªticos sea distinta y no se produzca confusi¨®n entre una y otra. En la separaci¨®n de ambas descansa la construcci¨®n del Estado de derecho. Cuando esto ocurre, la l¨®gica jur¨ªdica acaba cediendo siempre ante la l¨®gica pol¨ªtica y se acaba inevitablemente en la utilizaci¨®n de la justicia para la persecuci¨®n del adversario, que, a partir de ese momento, deja de ser considerado como tal para pasar a ser considerado como enemigo, rompi¨¦ndose la solidaridad m¨ªnima interna indispensable para que un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico opere.

Por esta pendiente empezamos a deslizarnos tras las elecciones de 1993 y estamos cayendo a una enorme velocidad. La pol¨ªtica est¨¢ degenerando en persecuci¨®n judicial y la justicia est¨¢ degenerando en justicia pol¨ªtica. Esto es lo que caracteriza la situaci¨®n actual de nuestro sistema pol¨ªtico. Porque el problema no es ¨²nicamente la sentencia del caso Marey. Si esta sentencia fuera la ¨²nica dictada por el Tribunal Supremo en esta direcci¨®n, estar¨ªa mal, pero ser¨ªa soportable. El problema es que es la cuarta. Es que viene tras las sentencias de Filesa, de los papeles del Cesid y de Fungairi?o. No estamos ante una sentencia aislada, sino ante una l¨ªnea de actuaci¨®n.

Ninguna de estas sentencias aisladamente considerada es explicable en t¨¦rminos jur¨ªdicos. Ninguna de ellas resistir¨ªa el an¨¢lisis en un seminario cient¨ªfico en ning¨²n centro universitario digno de tal nombre. Todas juntas, mucho menos. En todas ellas el Tribunal Supremo ha tenido que retorcer o contrariar el ordenamiento jur¨ªdico hasta extremos inimaginables para secundar la estrategia pol¨ªtica del Gobierno del Partido Popular.

Las conductas enjuiciadas en el caso Filesa eran moralmente repugnantes, pero ese reproche moral no estaba tipificado penalmente. Por eso el Tribunal Supremo tuvo que condenar por un delito que los imputados no pod¨ªan siquiera haber cometido, el delito electoral, y por otro, falsedad en documento mercantil, que sab¨ªa perfectamente que no lo era, como lo pondr¨ªa de manifiesto al d¨ªa siguiente con la revisi¨®n de la condena a Mario Conde. En la sentencia de los papeles del Cesid, ante la "cobard¨ªa" del Gobierno para tomar una decisi¨®n que s¨®lamente ¨¦l pod¨ªa tomar, el Tribunal Supremo atiende el gui?o del Gobierno para hacerlo en su lugar, autoatribuy¨¦ndose una competencia que en modo alguno tiene. En el caso Fungairi?o, ante una "cacicada", definida por la Junta de Fiscales de Sala como la "mayor quiebra del Estado de derecho" desde la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, el Tribunal Supremo la declar¨® ajustada a derecho en contra de toda l¨®gica jur¨ªdica, salv¨¢ndole la cara al presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la naci¨®n.

?stos son los antecedentes de la sentencia del caso Marey, que no ha hecho m¨¢s que confirmarlos y profundizarlos. El retorcimiento del ordenamiento para considerar prueba lo que objetivamente no lo es o para inventarse una doctrina ad hoc de la prescripci¨®n que nadie ha sostenido jam¨¢s, ha llegado a extremos dif¨ªciles de imaginar en cualquier Estado de derecho. El problema de la sentencia del caso Marey es que llueve sobre mojado. No estamos ante una golondrina que no hace verano. Estamos ante una estrategia, que viene de lejos, de transformaci¨®n del adversario pol¨ªtico en enemigo al que hay que aniquilar por cualquier medio. Y lo que es peor, ante unas decisiones del Tribunal Supremo que no son explicables en t¨¦rminos jur¨ªdicos, sino ¨²nicamente en clave de esa estrategia pol¨ªtica.

Pues lo m¨¢s grave de lo que est¨¢ pasando no es que Jos¨¦ Barrionuevo y Rafael Vera hayan sido privados de libertad sin pruebas, con base en "intuiciones" subjetivas absolutamente indemostrables. Y me parece grav¨ªsimo. Lo m¨¢s grave es que nos estamos quedando colectivamente sin espacio para hacer pol¨ªtica. El sistema pol¨ªtico de la democracia no puede ser un solitario. La actuaci¨®n del Tribunal Supremo en consonancia con el Gobierno lo est¨¢ encajonando en esa direcci¨®n.