La incineradora de residuos de Agost se reabrir¨¢ tras una sentencia del TSJ

La mercantil Sinde, propietaria de la pol¨¦mica planta incineradora de residuos sanitarios y hospitalarios construida en Agost, anunci¨® ayer el inmediato reinicio de su actividad tras conocer una nueva sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia, que declara "improcedentes" los cierres de la factor¨ªa ejecutados por el Ayuntamiento. El alto tribunal condena al Consistorio a pagar a Sinde una indemnizaci¨®n superior a 42 millones de pesetas por el cese del negocio durante la primera clausura de las instalaciones, entre los meses de abril y junio de 1995.

Est¨¢ pendiente la valoraci¨®n de la indemnizaci¨®n por el segundo cierre, ordenado por el alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa Brotons, en septiembre del a?o pasado. Los ecologistas anunciaron ayer mismo que volver¨¢n a movilizar a la poblaci¨®n contra la incineradora, que consideran nociva para la salud. Cuando la pol¨¦mica hab¨ªa remitido en Agost y el fantasma de la emanaci¨®n de humos t¨®xicos parec¨ªa olvidado despu¨¦s de doce meses de cierre continuado de la incineradora, el pronunciamiento de los jueces, de nuevo favorable a los intereses de la empresa, augura nuevos y multitudinarios actos de protesta de los vecinos de esta peque?a localidad que vive de la agricultura y la alfarer¨ªa. Carlos Leston, integrante activo de la Plataforma No a la Incineradora creada en 1995 para forzar el cierre de las instalaciones, aventur¨® ayer que la poblaci¨®n "volver¨¢ a tomar las calles del pueblo y protestar¨¢ con energ¨ªa ante el peligro que corre su salud". Los grupos ecologistas mantienen que la quema de residuos hospitalarios provoca la aparici¨®n de nubes de polvo t¨®xico, extremo que niegan la empresa y las autoridades auton¨®micas que autorizaron la puesta en marcha de la planta a escasa distancia del casco urbano de Agost. En cuantas ocasiones han sido convocadas manifestaciones o concentraciones de protesta, la inmensa mayor¨ªa de residentes en el pueblo ha participado hasta forzar el cierre de las instalaciones. La planta inici¨® su actividad a principios de 1995, con el benepl¨¢cito de las autoridades locales y todos los informes t¨¦cnicos y medioambientales favorables. Tres meses depu¨¦s, la presi¨®n popular oblig¨® al Ayuntamiento a replantearse el asunto, que revoc¨® un acuerdo anterior para declarar la actividad "lesiva al inter¨¦s p¨²blico" y solicitar al TSJ la anulaci¨®n de la licencia de apertura concedida. El alcalde firm¨® entonces el primer decreto de cierre, que acab¨® en un contencioso-administrativo interpuesto por Sinde en el mismo tribunal, que le dio la raz¨®n en todos los extremos. Cambio de tecnolog¨ªa El cambio de actitud del Ayuntamiento y la fuerte pol¨¦mica levantada sirvieron para que la empresa iniciara negociaciones y se comprometiera a cambiar su tecnolog¨ªa, que los ecologistas consideran lesiva, por un sistema de esterilizaci¨®n por autoclave, operaci¨®n que implicaba una inversi¨®n de 120 millones de pesetas. Los cambios convencieron a los mun¨ªcipes, que ratificaron el acuerdo, aunque poco despu¨¦s el alcalde firm¨® un nuevo decreto de cierre, ahora revocado por el TSJ. "Resulta dif¨ªcil encontrar parang¨®n en una actividad administrativa tan repleta de vicios constitutivos de nulidad de pleno derecho", escriben los jueces en su sentencia, muy cr¨ªtica respecto a la actitud adoptada por el Ayuntamiento de Agost, condenado adem¨¢s a indemnizar a la empresa. Un portavoz de Sinde anunci¨® ayer el reinicio de su actividad, su intenci¨®n de reclamar el cobro de la indemnizaci¨®n, y su decisi¨®n de mantener el cambio de tecnolog¨ªa prometido a las autoridades locales.