Un informe jur¨ªdico afirma que es legal el traslado del casino a Barcelona

Los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento han emitido un informe sobre la ubicaci¨®n del casino en el Port Ol¨ªmpic de Barcelona en el que se asegura la legalidad de la medida. El dictamen fue contestado ayer por Pilar Rahola, del PI, mientras que Eul¨¤lia Vintr¨®, de IC, ped¨ªa tiempo para sopesarlo, advirtiendo que, en principio, los servicios jur¨ªdicos municipales son fiables. El informe es taxativo: la Generalitat, en funci¨®n de lo establecido en el Estatut, tiene competencias exclusivas en materia de juego (salvo en lo referente a las apuestas deportivas ben¨¦ficas). El Gobierno promulg¨® una ley al respecto, por lo tanto, no es aplicable al territorio catal¨¢n la normativa espa?ola. No lo es por un doble motivo: porque hay legislaci¨®n propia y porque el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la norma espa?ola no es supletoria de las normas auton¨®micas. Esto significa, a juicio de los autores del informe, que, si bien la ley espa?ola imped¨ªa que se instalaran casinos en el ¨¢rea metropolitana de Barcelona, la legislaci¨®n catalana no se manifiesta sobre este particular. S¨®lo establece como restricci¨®n el n¨²mero m¨¢ximo de casinos: tres. El informe afirma que no hay coherencia entre la norma espa?ola y la catalana, ni tiene por qu¨¦ haberla, ya que se trata de dos legislaciones diferentes. Pilar Rahola asegur¨® ayer que se trata de un informe discutible y, por consiguiente, mantendr¨¢ su oposici¨®n a la instalaci¨®n del casino en la Vila Ol¨ªmpica, as¨ª como las acciones legales emprendidas contra el Gobierno catal¨¢n. Rahola a?adi¨® que el dictamen, en alguna medida, corresponsabiliza al alcalde, Joan Clos, de la instalaci¨®n del casino, aunque la autorizaci¨®n dependiera del Gobierno catal¨¢n. Eul¨¤lia Vintr¨® prefiri¨® mostrarse m¨¢s cauta. La dirigente de IC explic¨® que el dictamen contiene tal n¨²mero de referencias jur¨ªdicas que ha pedido una interpretaci¨®n del mismo a los abogados de la federaci¨®n. Vintr¨® a?adi¨® que la primera lectura le llevaba a pensar que el traslado era legal y, por lo tanto, que si la Generalitat lo aprobaba, al Ayuntamiento no le quedar¨ªa m¨¢s remedio que dar la licencia. "Si lo que discutimos es la ley, entonces hay que llevar la discusi¨®n al Parlamento, porque el Ayuntamiento no legisla", precis¨®.