Los intr¨ªngulis del nuevo IRPF

Ser¨¢ en el a?o 2000 cuando los contribuyentes apliquen, al hacer su declaraci¨®n sobre el ejercicio de 1999, el nuevo impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas. Y ser¨¢ s¨®lo entonces cuando la reducci¨®n fiscal resulte rentable para algunos, mientras que para la mayor¨ªa de los espa?oles la reforma ser¨¢ un simple espejismo.Lejos de ser un ejercicio de futurismo o una aventurada hip¨®tesis, esta reflexi¨®n inicial deriva de la aplicaci¨®n pr¨¢ctica del nuevo IRPF y del examen de las diferencias que implica respecto al actual. Estamos ante una reforma que afecta directamente a unos 15 millones de personas, seg¨²n el n¨²mero de declaraciones presentadas en 1998. Y que, adem¨¢s, trasciende a la sociedad en su conjunto, por tratarse del impuesto con mayor poder recaudatorio dentro del sistema fiscal espa?ol; es decir, del que tiene m¨¢s peso en el sostenimiento del Estado y, por tanto, en la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos.

Pero el tema de fondo es que la reforma del IRPF es el pen¨²ltimo eslab¨®n de la cadena de cambios introducidos en nuestro sistema fiscal durante los dos ¨²ltimos a?os, cuya traducci¨®n ha sido un aumento del 3,3% de la presi¨®n fiscal indirecta y la reducci¨®n de la directa en casi un 1%. Como consecuencia, cada vez se tiene menos en cuenta el nivel de renta y riqueza del ciudadano a la hora de repartir progresivamente las cargas del sostenimiento del Estado.

En este contexto, conviene dejar claro que el nuevo IRPF consolida las modificaciones llevadas a cabo a lo largo de esta legislatura; y que su entrada en vigor, conforme al proyecto de ley, implicar¨¢ una p¨¦rdida de la naturaleza personal y el car¨¢cter redistributivo de este impuesto, as¨ª como un importante retroceso en t¨¦rminos de progresividad y equidad del sistema fiscal, am¨¦n de suponer una merma en la recaudaci¨®n de m¨¢s de 500.000 millones anuales. ?sta, y no otra, es la dimensi¨®n que en el a?o 2000 ofrecer¨¢ la reforma del IRPF, cuyas modificaciones contemplan diferente tratamiento fiscal en funci¨®n de la naturaleza de los rendimientos y de la cuant¨ªa de las rentas; y cuyo resultado final juega claramente a favor de los ciudadanos de mayor nivel de renta.

Merece un comentario especial el tratamiento que van a recibir los rendimientos del trabajo personal, que suponen el 80% de la base imponible total del impuesto. Precisamente el colectivo de asalariados no s¨®lo ser¨¢ el menos beneficiado por el nuevo IRPF, sino que el 55% de los mismos, que adem¨¢s son los de menor nivel -me refiero a las rentas de trabajo inferiores a 1.500.000 pesetas-, es el que sale peor parado. As¨ª, por ejemplo, un asalariado que para el ejercicio de 1999 declare 1.350.000 pesetas por rendimientos de su trabajo perder¨¢ la posibilidad de reducir su base imponible en 37.500 pesetas, ya que, frente a las 537.500 que deduce actualmente (englobando las deducciones en base y cuota), la deducci¨®n a aplicar por este concepto sera tan s¨®lo de 500.000 pesetas, seg¨²n el proyecto de ley del Gobierno. Sin embargo, s¨®lo un 9% de los trabajadores -los de rendimientos m¨¢s altos- puede ver mejorada su tributaci¨®n entre 56.000 y 83.000 pesetas en la base imponible.

Este tratamiento diferencial negativo de las rentas del trabajo se refuerza por la evidente mejora que obtienen otra clase de rendimientos. Si analizamos el tratamiento de las plusval¨ªas se observa que las generadas en m¨¢s de dos a?os, superiores a seis millones de pesetas, al mantener un ¨²nico tipo del 20%, ver¨¢n reducida a la mitad su tributaci¨®n.

El nuevo IRPF supone, adem¨¢s, un paso atr¨¢s en la progresividad fiscal, que es el resultado de combinar dos decisiones: por un lado, reducir a 6 los 17 tramos de tarifa existentes a 1 de enero de 1996, lo que supone ampliar el intervalo de renta en cada uno de ellos; y por otro, reducir ocho puntos (del 56% al 48%) el tipo en el tramo m¨¢s alto, y s¨®lo dos puntos (del 20 al 18) en el m¨¢s bajo, lo que equivale a acortar las diferencias de tributaci¨®n a 30 puntos -frente a los 36 de la actual tarifa- entre los ciudadanos de m¨¢s nivel de renta y los de menor nivel. Si se analizan por separado cada una de estas reducciones, se produce el espejismo de la bajada de impuestos. Pero el efecto real de ambas, por la propia t¨¦cnica liquidatoria del nuevo IRPF, ser¨¢ que la mayor¨ªa de los declarantes (en torno al 67%) contribuir¨¢n m¨¢s que ahora con la nueva tarifa, mientras que un 1% (los que superan los 10 millones de base liquidable) se ahorrar¨¢n al menos 800.000 pesetas en su declaraci¨®n. Tampoco se avanza en la lucha contra el fraude fiscal, al identificarlo con la existencia de un tipo marginal elevado, cuando en realidad deriva de la naturaleza de los rendimientos que son susceptibles de escapar al control de la administraci¨®n tributaria. En la pr¨¢ctica, no defrauda quien quiere, sino quien, queriendo, puede; de lo que se infiere que la reducci¨®n del fraude no se resuelve rebajando los tipos, sino estableciendo normas y medidas espec¨ªficas que lo impidan. El nuevo IRPF es una ocasi¨®n perdida, ya que en su dise?o no se contempla nada que facilite mayor transparencia y control de los rendimientos sujetos a gravamen, o que incentive el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Con la aplicaci¨®n del nuevo IRPF se van a dar situaciones injustificables, desde el punto de vista de la equidad, como consecuencia del cambio en la estructura del impuesto. Cambio que se concreta en sustituir el "minimo exento" actual por el inicialmente llamado "m¨ªnimo vital" y ahora "m¨ªnimo personal y familiar", el cual no s¨®lo desvirt¨²a el car¨¢cter innovador que se pretende dar a este concepto, sino que supondr¨¢ -y esto es lo m¨¢s importante- mayor derecho a deducci¨®n para los ciudadanos con rentas m¨¢s altas que para los de rentas m¨¢s bajas.

Estamos ante la reforma de un impuesto -de naturaleza personal, por cierto- en la que los hijos y/o el c¨®nyuge tienen un tratamiento fiscal discriminatorio, en funci¨®n, exclusivamente, del nivel de renta de su padre y/o c¨®nyuge. Y en la que ¨¦stas y otras diferencias, como las derivadas de sacrificar las deducciones familiares, as¨ª como las de gastos de enfermedad, alquiler de vivienda, custodia de hijos y contratos de seguros por una reducci¨®n m¨ªnima -cabr¨ªa decir minimalista- son, en verdad, las novedades que contempla el proyecto del IRPF.

Pongamos por caso el tratamiento que recibir¨¢ un ciudadano cuya base imponible sea de 1,5 millones, en virtud del nuevo "m¨ªnimo": a los ojos de la Hacienda p¨²blica que est¨¢ configurando el Gobierno central, un hijo s¨®lo le supondr¨¢ una deducci¨®n de 36.000 pesetas, es decir, casi tres veces menos de las 96.000 pesetas que podr¨¢ deducir otro ciudadano con una base de 15 millones. El c¨®nyuge de este ¨²ltimo le rebajar¨¢ 264.000 pesetas la cuota, casi el triple de las 99.000 que deducir¨¢ por el suyo el ciudadano de renta m¨¢s baja. El nuevo IRPF alumbra una nueva escala de valores, tanto tienes, tanto vales.

En la misma l¨ªnea, y por ins¨®lito que sea propiciar la aparici¨®n de agravios comparativos en la Espa?a del siglo XXI, el contribuyente de 1,5 millones deducir¨¢, por gastos de enfermedad, tan s¨®lo 6.300 pesetas, es decir, una cantidad casi tres veces inferior a las 16.800 pesetas que deducir¨¢ el ciudadano que tribute por 15 millones, aun cuando no haya tenido este tipo de gastos.

El suma y sigue de efectos diferenciales contrarios a la naturaleza del impuesto que provoca el nuevo IRPF identificar¨¢, en el a?o 2000, a los ciudadanos de mayor nivel de renta por sus deducciones m¨¢s cuantiosas, o, lo que es lo mismo, por su menor contribuci¨®n relativa a los servicios p¨²blicos. La reforma del IRPF enmascara la realidad y abandona lo que, a las puertas del siglo XXI, deber¨ªa perseguir, un mejor reparto de la carga fiscal y un avance en la equidad impositiva, al tiempo que garantizara el mantenimiento de los niveles de prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos en condiciones de igualdad para todos. Muy al contrario, devoto del m¨¢s puro estilo conservador, y a costa de quienes tienen menor capacidad econ¨®mica, es el mejor regalo con el que, al final de esta legislatura, el Gobierno pretende distinguir a su m¨¢s preciada clientela electoral, quienes gozan de mayor nivel de renta.