El TSJ falla a favor de la segregaci¨®n de facultades de Alicante al inicio de curso

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJ) hizo p¨²blica ayer, coincidiendo con la apertura del curso en Alicante, una sentencia que legitima la segregaci¨®n de titulaciones y facultades de la Universidad de Alicante decretada por el Consell en abril de 1997. En esa fecha, un decreto del Gobierno valenciano orden¨® la adscripci¨®n a la Universidad Miguel Hern¨¢ndez de Elche de la Facultad de Medicina, la diplomatura de Estad¨ªstica y el Instituto Universitario de Neurociencias.

El decreto fue recurrido ante el TSJ por el equipo rectoral de Alicante, FETE-UGT y la asociaci¨®n Campus Jove, que entend¨ªan lesionados los intereses de la Universidad y violados los principios de autonom¨ªa universitaria y otros derechos recogidos por la Constituci¨®n. Con todo, la sentencia recoge el voto particular de uno de los tres magistrados de la sala, Fernando Nieto, que cuestiona la justificaci¨®n de las segregaciones y expone dudas sobre la constitucionalidad de la decisi¨®n impuesta por el Consell. La sentencia avala las segregaciones por entender que la autonom¨ªa universitaria tiene "su raz¨®n de ser" en la protecci¨®n de la libertad acad¨¦mica, de ense?anza, estudio e investigaci¨®n frente a todo tipo de injerencias externas, pero no en el derecho de las universidades a contar con unos u otros centros concretos a modo de "patrimonio intelectual". Para los magistrados del TSJ, ese apartado corresponde exclusivamente al legislador, al que compete decidir sobre cuestiones referidas al n¨²mero de centros, profesores y alumnos que en un momento determinado puedan formar parte de las universidades. Apoy¨¢ndose en anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, el TSJ ha decidido no atender el recurso de la Universidad de Alicante, que se acog¨ªa a la carencia de razones acad¨¦micas o criterios de planificaci¨®n educativa para reclamar la nulidad del decreto del Consell. "La segregaci¨®n no responde a ning¨²n criterio racional, pues ni se mejora la distribuci¨®n territorial de las titulaciones ni se segregan centros tem¨¢ticos interrelacionados entre s¨ª o con los que se impartir¨¢n en la nueva Universidad", aduc¨ªa el recurso. Frente a ese argumento, el TSJ insiste en la potestad del legislador competente de "controlar este tipo de decisiones". Los magistrados no entran en el an¨¢lisis relativo a la existencia o no de justificaci¨®n suficiente sobre la readscripci¨®n de ense?anzas y centros, al considerar "n¨ªtida y taxativa" la doctrina constitucional, que establece que la ley se encargar¨¢ de regular la autonom¨ªa universitaria "en la forma en que el legislador estime m¨¢s conveniente, dentro del marco de la Constituci¨®n y del respeto a su contenido esencial", centrado en asegurar la libertad de ense?anza e investigaci¨®n. El poder auton¨®mico La sentencia del TSJ hace menci¨®n, adem¨¢s, a las competencias que asigna a la Generalitat el Estatuto de Autonom¨ªa, entre las que figura la "regulaci¨®n y administraci¨®n de la ense?anza en toda su extensi¨®n, niveles y grados". "Corresponde a cada comunidad aut¨®noma", a?aden los magistrados, "las tareas de coordinaci¨®n de las universidades, y resulta leg¨ªtima y conforme con el derecho de autonom¨ªa universitaria la reorganizaci¨®n acad¨¦mica" introducida por el Consell que preside Eduardo Zaplana. El auto incide tambi¨¦n en la circunstancia de que se trata de una readscripci¨®n de centros y estudios, y no de la supresi¨®n de carreras o t¨ªtulos universitarios. "Dudas razonables" La sentencia comunicada ayer fue avalada por dos de los tres integrantes de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ. El magistrado Fernando Nieto emiti¨® un voto particular en el que aporta "dudas razonables" sobre la legalidad de la ley de creaci¨®n de la Universidad de Elche y el decreto que ordena la readscripci¨®n de estudios y centros. Nieto asegura que la sala debi¨® "interponer una cuesti¨®n de inconstitucionalidad", dada la posible contradicci¨®n existente entre el contenido de las leyes y el principio de interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos. "No existe justificaci¨®n suficiente que ampare el resultado de la segregaci¨®n", apunta. Nieto puntualiza que en la memoria de creaci¨®n de la Universidad de Elche "no aparece dato objetivo alguno, de cariz acad¨¦mico, territorial o de otra ¨ªndole, que abone la readscripci¨®n de esos centros". "Esta falta de motivaci¨®n de fondo impone, en mi opini¨®n, la formulaci¨®n de la duda de constitucionalidad", concluye. Las reacciones pol¨ªticas no se hicieron esperar. El presidente Zaplana se apresur¨® a declarar que era "una noticia esperada, que demuestra que las cosas est¨¢n bien hechas y que lo ¨²nico que hace el Gobierno es defender la legalidad". Y no desaprovech¨® para arremeter contra el rector Pedre?o, al que acus¨® de "mantener posiciones personales que crean un conflicto institucional permanente". "Un se?or no puede tener en jaque al sistema institucional, a la propia soberan¨ªa popular y al Gobierno elegido", puntualiz¨®. Pedre?o se neg¨® a valorar el contenido de una sentencia que desconoc¨ªa, mientras el consejero Camps repart¨ªa copias y hablaba de la existencia de "un punto y aparte". El secretario general del PSPV, Joan Romero, record¨®, sin embargo, que la ¨²ltima palabra la tiene el Tribunal Constitucional.