Catalu?a debate el reparto de inmigrantes entre la escuela p¨²blica y la concertada

Los alumnos con necesidades educativas especiales son "aquellos que requieran, en un periodo de su escolarizaci¨®n o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas espec¨ªficas por padecer discapacidades f¨ªsicas, ps¨ªquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas". As¨ª los define la Ley Org¨¢nica de la Participaci¨®n, la Evaluaci¨®n y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), de 1995. En la pr¨¢ctica, la expresi¨®n "necesidades educativas especiales" es un eufemismo que se refiere b¨¢sicamente a los hijos de inmigrantes extranjeros y a espa?oles de etnia gitana o de n¨²cleos de marginaci¨®n social.Todos los centros sostenidos con fondos p¨²blicos tienen la obligaci¨®n de escolarizar a esos alumnos. El pasado marzo, la Generalitat de Catalu?a aprob¨® las normas de preinscripci¨®n y matriculaci¨®n, e incluy¨® en ellas que "los centros tendr¨¢n que reservar dos plazas del n¨²mero de vacantes por cada unidad o grupo para alumnos con necesidades especiales".

Pero de los 107 alumnos con necesidades especiales del ¨¢rea de Girona, 105 se hab¨ªan matriculado en centros p¨²blicos y s¨®lo dos en concertados. Las asociaciones de padres de Girona presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a en el que ped¨ªan que se cumpliera la legislaci¨®n, ya que la situaci¨®n perjudicaba a los centros p¨²blicos, al dificultar que pudieran ofrecer una ense?anza de igual calidad, y tambi¨¦n reclamaban a la Generalitat que interviniera para impulsar una distribuci¨®n m¨¢s equilibrada. En agosto, el tribunal desestim¨® la demanda con los argumentos de que, "por encima de todo, est¨¢ el derecho de opci¨®n de los padres para escoger la educaci¨®n que quieren para sus hijos" y de que "no se ha vulnerado el derecho a la educaci¨®n de los 107 ni?os con necesidades educativas especiales, ya que a los dos que pidieron matricularse en una escuela concertada se les aprob¨® la solicitud".

Derecho no satisfecho

La sentencia admit¨ªa las quejas de los padres al reconocer que "no podr¨ªa considerarse plenamente satisfecho el derecho a la educaci¨®n sin el necesario respeto al principio de igualdad" y confirmar que los centros privados sostenidos con fondos p¨²blicos deben asumir su parte correspondiente de alumnos con necesidades especiales.La sentencia fue interpretada de muchas maneras. La Generalitat insisti¨® en que cumpl¨ªa rigurosamente la ley, mientras que las asociaciones de padres y la oposici¨®n acusaron al Departamento de Ense?anza de hacer una interpretaci¨®n interesada.

La inmigraci¨®n es todav¨ªa un fen¨®meno minoritario en Espa?a. Los residentes extranjeros son oficialmente un 1,4% de la poblaci¨®n; una cifra a¨²n muy lejana de la que tienen Francia, el Reino Unido o Alemania. Sin embargo, algunos de estos colectivos tienden a concentrarse en determinados n¨²cleos de poblaci¨®n, lo que multiplica su presencia social e incide especialmente en el mundo escolar, sobre todo en determinadas poblaciones de peque?o tama?o, preferentemente dedicadas a las explotaciones agr¨ªcolas intensivas. La poblaci¨®n inmigrante alcanza all¨ª proporciones muy altas, acostumbra a ser homog¨¦nea de origen y tiende a concentrarse en la escuela p¨²blica m¨¢s cercana.

Los efectos son devastadores. La poblaci¨®n aut¨®ctona abandona estas escuelas o institutos. Si existe otro centro p¨²blico en la poblaci¨®n, los padres empadronan a sus hijos de modo que puedan cambiar de escuela, y si no, optan por matricularlos en las privadas concertadas. En muy poco tiempo se crean aut¨¦nticos guetos escolares, con concentraciones de alumnos hijos de inmigrantes que llegan a superar el 70%. En esta situaci¨®n se encuentran escuelas e institutos de poblaciones de Catalu?a, especialmente en Girona. En medio de la pol¨¦mica, con motivo del comienzo de curso, el consejero de Ense?anza catal¨¢n, Xavier Hern¨¢ndez, reconoci¨® que hab¨ªa centros que aplicaban "pol¨ªticas sibilinas" a la hora de matricular a determinados alumnos, aunque no hab¨ªa recibido ninguna demanda concreta. "No es normal que todos los inmigrantes est¨¦n en la escuela p¨²blica y brillen por su ausencia en la privada concertada. Habr¨¢ que repensar el tipo de actuaci¨®n. Cuando se producen distorsiones hay que comprobar a qu¨¦ se deben", dijo.

La semana pasada, el Consejo de la Escuela Cristiana de Catalu?a, que representa a 500 centros concertados, se dio finalmente por enterado e hizo p¨²blica una nota en la que "abr¨ªa sus puertas" a estos alumnos, pero se quejaba de ser v¨ªctima de la demagogia.