El mensaje "SJ5"
En el caso de las cesiones de cr¨¦dito se intenta determinar si el Santander cooper¨® en un fraude de medio bill¨®n
La Semana Santa de 1992 fue una semana de pasi¨®n y sufrimiento para el Banco Santander. El entonces juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, acompa?ado de nueve polic¨ªas y cuatro inspectores de Hacienda, entraba en los servicios centrales del banco y se llevaba los archivos inform¨¢ticos. Moreiras se incaut¨® de una grabaci¨®n magn¨¦tica donde, bajo el t¨ªtulo "mensaje SJ5", figuraban las operaciones realizadas con cesiones de cr¨¦dito, una de ellas por valor de 25.000 millones. Los titulares de las cesiones aparec¨ªan con una sola identificaci¨®n, a veces una letra. Uno aparec¨ªa como Capit¨¢n Trueno.Nunca antes se hab¨ªa producido una actuaci¨®n similar en una entidad financiera, hoy la primera espa?ola. Y supuso una verdadera conmoci¨®n en el mundo financiero y el punto y final de una etapa en la que se pugn¨® por captar fondos opacos al fisco.
El Estado, con sus pagar¨¦s del Tesoro, y las entidades financieras, con las primas ¨²nicas y las cesiones de cr¨¦dito, se alimentaron de ese fil¨®n. Nunca admitieron ser responsables de que los titulares de eso que se dio en llamar ingenier¨ªa financiera declarasen sus rendimientos ni de preguntar por el origen del dinero.
La Bolsa engord¨® hasta alcanzar proporciones billonarias y Hacienda decidi¨® actuar. Tanto en las primas ¨²nicas como en las cesiones de cr¨¦dito, el conflicto empez¨® por obtener los listados de clientes. Al tiempo, se exigi¨® a las entidades financieras el ingreso de la retenci¨®n fiscal (entonces el 20%) no practicada.
En las primas ¨²nicas, La Caixa fue la m¨¢s activa, mientras que en las cesiones lo fue el Banco Santander. El asunto de La Caixa a¨²n colea en los tribunales administrativos, pero el del Santander se encuentra en la v¨ªa penal y en el centro de una fuerte pol¨¦mica jur¨ªdica y pol¨ªtica.
Moreiras entr¨® hace seis a?os en la sede del Santander en busca de los listados de clientes de las cesiones, un producto por el que el banco vend¨ªa la nuda propiedad de un cr¨¦dito a un tercero. El banco aligeraba as¨ª su balance y pod¨ªa dar m¨¢s pr¨¦stamos y el titular consegu¨ªa aplazar el pago de impuestos o eludirlo y hacer rentable su dinero negro.
El juez actu¨® en base a una denuncia de la inspecci¨®n fiscal (marzo de 1992), que, despu¨¦s de m¨¢s de un a?o de investigaci¨®n en el banco, no hab¨ªa obtenido las identidades reales de los titulares de las cesiones. El Santander entend¨ªa que no estaba obligado a identificar a sus clientes ni a conocer el origen del dinero ni a efectuar la retenci¨®n fiscal.
Cruce de datos
Hacienda, por su parte, cruz¨® la informaci¨®n obtenida por Moreiras con su base de datos y detect¨®, en 38 casos iniciales, a un fallecido, un jubilado, un cura y un residente en Venezuela. De ah¨ª consider¨® confirmadas sus sospechas iniciales de que se hab¨ªan utilizado testaferros para ocultar la verdadera identidad de los titulares de las cesiones.Entre los nombres que finalmente aparecieron figur¨® el del consejero de Obras P¨²blicas de Valencia, Luis Fernando Cartagena, que con el nombre de un empresario ilicitano suscribi¨® cesiones por valor de 160 millones. Cartagena dimiti¨® a principios de este a?o a resultas del esc¨¢ndalo.
La investigaci¨®n se centr¨® en 47.274 operaciones, realizadas entre 1988 y 1989, con m¨¢s de 3.500 titulares y un capital de 432.965 millones de pesetas. La mayor¨ªa de los titulares, reales o ficticios, acab¨® por regularizar su situaci¨®n con Hacienda.
Han quedado pendientes 228 casos por presunto delito fiscal, ya que las cantidades no declaradas a Hacienda superaron los 15 millones. En la mayor¨ªa de ellos se ha argumentado prescripci¨®n o problemas de titularidad.
En un auto del 16 de julio de 1996, Moreiras eximi¨® de delito fiscal al Santander por las retenciones no practicadas -que se exigieron entonces por la v¨ªa administrativa- y de responsabilidades penales respecto de aquellos clientes que regularizaron su situaci¨®n fiscal. Dej¨® abiertas "las actuaciones respecto de los posibles delitos tributarios que se hayan podido cometer con ocasi¨®n de la nuda propiedad de los cr¨¦ditos". En esencia, si el Santander incurri¨® en el delito de cooperaci¨®n necesaria en la comisi¨®n de posible delito fiscal en relaci¨®n al principal de los capitales invertidos en las cesiones.
Dicho m¨¢s sencillamente, si la entidad que preside Emilio Bot¨ªn comercializ¨® este producto para captar dinero negro y si facilit¨® o no el uso de identidades falsas. Buena parte del dinero proven¨ªa de pagar¨¦s del Tesoro -al portador, sin retenci¨®n fiscal- y el banco argument¨® que no pod¨ªa conocer el origen ¨²ltimo de esos fondos.
Lo contrario entiende la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios -encargada del ca-so-, que el pasado 1 de octubre decidi¨® proseguir la investigaci¨®n, con la oposici¨®n del fiscal jefe, Eduardo Fungairi?o, y del abogado del Estado.
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