Un alto cargo de la Junta y un alcalde granadino, acusados de prevaricaci¨®n

La Fiscal¨ªa de Granada ha pedido 9 a?os de c¨¢rcel y 10 de inhabilitaci¨®n para el primer teniente de alcalde de Jun, Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez Salas y para el aparejador municipal, Alfonso G¨®mez Mart¨ªnez, por los delitos de falsedad, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias. El fiscal considera que ambos, m¨¢s otras 14 personas, entre ellas el alcalde, Antonio Rodr¨ªguez, participaron en una compleja operaci¨®n urban¨ªstica plagada de irregularidades gracias a la cual, la familia del alcalde recalific¨® unos terrenos, adquiridos previamente. Entre los acusados figura el delegado de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, Pedro Juli¨¢n Lara, incurso en al menos otro procedimiento judicial, para quien se piden ocho a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n.

Las conclusiones de la Fiscal¨ªa aparecen en un voluminoso escrito de acusaci¨®n que analiza minuciosamente el complicado plan tramado por el Ayuntamiento de esta localidad fronteriza con la capital y cuya empresa municipal del suelo (Projunsa) es una de las m¨¢s activas del ¨¢rea metropolitana de Granada. Seg¨²n el relato del fiscal, el Ayuntamiento de Jun adquiri¨® a la sociedad Comofesa una parcela de 8.000 metros cuadrados -calificados como urbanizables residenciales- para construir unas instalaciones deportivas. Los t¨¦cnicos municipales avalaron la idoneidad de la parcela para tal uso ya que de otro modo "el sistema legal de adquisici¨®n hubiera sido el de concurso p¨²blico". Dicha parcela colindaba con otras cuatro fincas propiedad de la esposa del alcalde, de su hijo Alberto Rodr¨ªguez y de la esposa de ¨¦ste. En total, 1.089 metros cuadrados de los cuales s¨®lo 179 eran urbanos. La finca para uso deportivo fue adquirida por el Ayuntamiento a la sociedad Comofesa por 45 millones de pesetas a pesar de que una empresa oficial de tasaci¨®n, Tinsa, no s¨®lo la valor¨® en 3,2 millones sino que tambi¨¦n rectific¨® la superficie y la redujo a 6.000 metros. Compra ilegal El fiscal se?ala la contradicci¨®n que supone que un Ayuntamiento con 41 millones de presupuesto adquiera una finca que cuesta 45. La interventora municipal advirti¨® a la corporaci¨®n de la ilegalidad en que incurrir¨ªan si aprobaban la compra. Para dar verosimilitud a la operaci¨®n el municipio sum¨® a su presupuesto 90 millones de "enajenaciones de inversiones reales" y otros 40 por "transferencias de capital". El escrito de acusaci¨®n, sin embargo, apunta que "de la documentaci¨®n obrante no pueden concretarse de d¨®nde proceden esas cifras" que sirvieron para que el Ayuntamiento adquiriera la propiedad por un precio superior al presupuesto anual. La adquisici¨®n fue aprobada por el pleno el 23 de marzo de 1992. Poco despu¨¦s, en lugar de construirse la instalaci¨®n deportiva, la finca fue aportada por el Ayuntamiento a Projunsa, la empresa municipal del suelo, para que promoviera una urbanizaci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial. Curiosamente la transmisi¨®n se formaliz¨® en marzo de 1992 aunque Projunsa no se constituy¨® hasta agosto de 1993. Para promover la urbanizaci¨®n el Ayuntamiento tuvo que tramitar un proyecto de modificaci¨®n puntual del suelo. Seg¨²n el fiscal, el "Ayuntamiento de Jun present¨® documentaci¨®n y planimetr¨ªa a la Comisi¨®n Provincial de Urbanismo ocultando que se incluyen terrenos particulares ajenos a los de titularidad p¨²blica". Dichos terrenos, beneficiados por la modificaci¨®n urban¨ªstica, eran los de la familia del alcalde. El escrito de acusaci¨®n recuerda que en la Memoria de la Modificaci¨®n Puntual el arquitecto municipal asegur¨® que los 8.000 metros eran para promoci¨®n de viviendas protegidas pero en cambio "no dice nunca que haya parcelas privadas". El aparejador municipal, Alfonso G¨®mez Mart¨ªnez, fue el autor de la vivienda construida por Alberto Rodr¨ªguez, el hijo del alcalde, y a la vez el perito del Ayuntamiento que inform¨® favorablemente la obra. El fiscal considera que el delegado de Obras P¨²blicas incurri¨® en prevaricaci¨®n al aprobar, junto con otros t¨¦cnicos de la delegaci¨®n que tambi¨¦n ha sido acusados, una modificaci¨®n puntual sin comprobar la legalidad del enmara?ado proceso administrativo.