Fiscales al rescate

El auto de prisi¨®n provisional incondicional dictado el 16 de octubre por el juez Garz¨®n contra Augusto Pinochet, acusado de presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Chile entre 1973 y 1979, fue atendido al d¨ªa siguiente por las autoridades judiciales brit¨¢nicas, abriendo el camino -largo y complicado- para la eventual extradici¨®n a Espa?a del antiguo dictador y actual senador vitalicio chileno. La positiva respuesta dada por el Reino Unido a ese requerimiento pone de relieve la confianza de la m¨¢s vieja democracia europea en la imparcialidad e independencia del Poder Judicial de nuestro Estado de Derecho: una buena lecci¨®n para los pol¨ªticos y publicistas que deslegitiman irresponsablemente a los tribunales espa?oles cuando sus sentencias les desagradan. Este simb¨®lico reconocimiento internacional no compensar¨¢, sin embargo, a la Audiencia Nacional de los irreparables da?os a su prestigio derivados de las campa?as de linchamiento pol¨ªtico y medi¨¢tico lanzadas contra sus instrucciones y sentencias por los condenados en casos de terrorismo, narcotr¨¢fico, guerra sucia y delitos de cuello blanco. La extradici¨®n de Pinochet plantea, sin duda, serios problemas pol¨ªticos y jur¨ªdicos. Tiene raz¨®n el presidente chileno Frei al recordar a los espa?oles que todas las transiciones a la democracia se vieron obligadas a pagar un elevado precio para que las instituciones del Estado fueran desalojadas pac¨ªficamente por quienes las hab¨ªan conquistado y conservado mediante la fuerza. Sin embargo, el hecho -desgraciadamente indiscutible- de que los genocidas y torturadores se libraran en la Espa?a post-dictatorial del banquillo no deber¨ªa ser esgrimido como argumento para impedir que Pinochet (disc¨ªpulo convicto y confeso de Franco) sea juzgado hoy de acuerdo con los procedimientos de jurisdicci¨®n universal que la comunidad internacional establece para castigar cr¨ªmenes contra la humanidad siempre que el pa¨ªs de origen (Chile en este caso) renuncie en los hechos a su propia jurisdicci¨®n.

A los problemas pol¨ªticos se suman las dificultades jur¨ªdicas. El art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), que reconoce la jurisdicci¨®n de Espa?a para conocer delitos de genocidio y terrorismo cometidos por extranjeros fuera del territorio nacional, se presta a diversas interpretaciones. Ser¨¢ preciso determinar, ante todo, si los hechos imputados a Pinochet encajan o no dentro de los tipos de genocidio y terrorismo construidos por las leyes espa?olas; resultar¨¢ necesario aclarar, despu¨¦s, si la amnist¨ªa concedida por el dictador en beneficio propio y de sus secuaces cubre o no esos cr¨ªmenes. La comparecencia de Pinochet ante la Audiencia Nacional tendr¨ªa que salvar a¨²n tres obst¨¢culos: la tramitaci¨®n por el Gobierno espa?ol de la petici¨®n de extradici¨®n activa, su aceptaci¨®n por la justicia inglesa y la extradici¨®n pasiva concedida por el Gobierno brit¨¢nico.

Entre tanto, el auto del juez Garz¨®n ha sido recurrido por la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, convertida objetivamente en la m¨¢s celosa defensora de la impunidad de Pinochet. Ning¨²n buen conocedor de los sumarios instruidos en Espa?a sobre los cr¨ªmenes de las dictaduras del Cono Sur podr¨¢ extra?arse de que el fiscal Eduardo Fungairi?o haya acudido presuroso al rescate de Pinochet: hace un a?o "el bueno de Eduardo" (como cari?osamente le denomina el magistrado Navarro Estevan) defendi¨® con ardor guerrero que el golpe militar de Chile pretend¨ªa exclusivamente "la sustituci¨®n temporal del orden constitucional establecido" a fin de "subsanar las deficiencias de que ese orden constitucional adolec¨ªa para mantener la paz p¨²blica". Por su parte, el fiscal general del Estado decidi¨® encajar la sublevaci¨®n de Pinochet dentro de la Constituci¨®n Espa?ola de 1978 y de sus previsiones sobre los estados de alarma, excepci¨®n y sitio. Con independencia de que el Gobierno tramite o no en el futuro la extradici¨®n de Pinochet, ?c¨®mo es posible que el presidente Aznar mantenga en la Fiscal¨ªa General del Estado y la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional a dos personas como Jes¨²s Cardenal y Eduardo Fungairi?o, tan opuestas a los valores del sistema democr¨¢tico y a los principios del Estado de derecho y tan cercanas a la ideolog¨ªa autoritaria del franquismo y el pinochetismo?