Garz¨®n pide a Suiza y Luxemburgo que bloqueen las cuentas del general
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n acord¨® ayer remitir, en base a las investigaciones que obran en su poder, remitir sendas comisiones rogatorias a Suiza y a Luxemburgo en las que pregunta si el ex dictador chileno Augusto Pinochet tiene cuentas abiertas a su nombre. Si as¨ª fuera, el juez requiere a las autoridades judiciales de ambos pa¨ªses que bloqueen los fondos, a fin de reclamarlos posteriormente para hacer frente con ellos a las indemnizaciones que pudieran declararse en el proceso contra Pinochet.
Garz¨®n ha dado curso tambi¨¦n a otra comisi¨®n rogatoria acordada con anterioridad a la detenci¨®n de Pinochet y por la que pide a Estados Unidos que le aporte la documentaci¨®n que obre en poder de la CIA y el FBI sobre la represi¨®n en Argentina y el Operativo C¨®ndor. Garz¨®n reclamaba tambi¨¦n la posibilidad de que testigos que han declarado en los procesos seguidos en Estados Unidos por casos concretos de asesinatos de chilenos, como Orlando Letelier, puedan declarar ahora en Espa?a sobre lo que sepan acerca de lo que se investiga en la causa espa?ola (en el momento de la petici¨®n, el genocidio en Argentina). Aunque la comisi¨®n rogatoria fue acordada la semana pasada no ha podido remitirse todav¨ªa debido a problemas de traducci¨®n de los acuerdos y de la documentaci¨®n que debe acompa?ar a la solicitud del magistrado.
El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ya hab¨ªa solicitado datos a Estados Unidos, en una comisi¨®n rogatoria que fue cumplimentada parcialmente. Ahora, Garz¨®n deber¨¢ ampliar la petici¨®n de Garc¨ªa-Castell¨®n y la suya propia para reclamar tambi¨¦n los datos de que los norteamericanos dispongan sobre la represi¨®n en Chile.
Por otro lado, la Sala de lo Penal en pleno se reunir¨¢ el pr¨®ximo jueves a las cuatro de la tarde a puerta abierta para estudiar si la justicia espa?ola tiene jurisdicci¨®n para investigar delitos de genocidio, terrorismo y torturas en Argentina entre 1976 y 1983. A continuaci¨®n est¨¢ previsto que se re¨²nan para estudiar el caso de Chile.
No obstante, y a la vista de que los dos procesos han sido acumulados en un ¨²nico sumario que tramita el juez Baltasar Garz¨®n, es muy probable que los magistrados decidan sobre la marcha estudiar conjuntamente ambos casos.
En la reuni¨®n entrar¨¢n todos los magistrados titulares de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, esto es, 11 magistrados presididos por Siro Garc¨ªa. En un primer momento se especul¨® con la posibilidad de que tres magistrados no formasen parte de la Sala para no contaminarse, debido a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que los jueces que instruyen una causa no pueden formar parte del tribunal que la juzga.
Sin embargo, la Sala ha estimado que el decidir sobre el conflicto de jurisdicci¨®n no supone un acto de instrucci¨®n propiamente dicho, ya que no se entra en el fondo de la cuesti¨®n y, por tanto, los magistrados no quedan contaminados.
El ¨²nico de los magistrados que no participar¨¢ en el pleno ser¨¢ el presidente de la secci¨®n segunda de la Audiencia, Fernando Garc¨ªa Nicol¨¢s, que se encuentra de baja por enfermedad.
Los que s¨ª participar¨¢n son: Siro Garc¨ªa, presidente; Manuela Fern¨¢ndez de Prado, Antonio D¨ªaz Delgado, Jorge Campos, Jos¨¦ Ricardo de Prada, Francisco Castro Meije, ?ngela Murillo, Luis Antonio Mart¨ªnez de Salinas, Carlos Cez¨®n, Carlos Ollero y Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega.
Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que las quinielas sobre el resultado de la votaci¨®n basadas en una supuesta adscripci¨®n ideol¨®gica de los magistrados son completamente inoperantes.
Las mismas fuentes han advertido que no es probable que el mismo jueves se conozca la decisi¨®n de la Sala de lo Penal, aunque aventuraron que podr¨ªa ser antes del pr¨®ximo fin de semana.
[Garz¨®n pronunci¨® ayer una conferencia sobre la Audiencia Nacional en Alicante, en la que manifest¨® su deseo de que Pinochet sea juzgado en Espa?a, informa J. J. M. Galiana. Tambi¨¦n defendi¨® que en las extradiciones, cuando es Espa?a quien las solicita a otros pa¨ªses, cualquier tribunal es competente.]
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