El TSJ desautoriza a Educaci¨®n al anular la pr¨®rroga del mandato de los directores de centro
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desautorizado a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n por su decisi¨®n, tomada en junio de 1996, a¨²n bajo la direcci¨®n de Marcela Mir¨®, de prorrogar el mandato de los directores de centros docentes no universitarios "contraviniendo un mandato legal e infringiendo" varias normas. La consejer¨ªa pretend¨ªa ganar tiempo, pese la oposici¨®n de la mayor¨ªa de sindicatos, para que los nuevos responsables de los colegios e institutos valencianos fueran elegidos por los consejos escolares dominados por los padres.
La secci¨®n segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ no ha escatimado adjetivos a la hora de desautorizar a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, que estuvo "desafortunada" al infringir de "forma expl¨ªcita una disposici¨®n legal" y cometer "un indudable exceso reglamentario". Los tres miembros del tribunal subrayan en su fallo la puerilidad con la que el departamento actualmente presidido por Francisco Camps viol¨® la legalidad vigente. La ley que regula "la posible pr¨®rroga por la Administraci¨®n de los mandatos de los ¨®rganos de gobierno por un periodo m¨¢ximo de nueve meses" invalida "la disposici¨®n reglamentaria que posteriormente" establece la extensi¨®n de la pr¨®rroga a un plazo mayor (un a?o)", comenta el fallo. En consecuencia, el TSJ decreta la nulidad de pleno derecho de la orden de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n. Seg¨²n Luis Garc¨ªa Trapiello, representante de CC OO, el sindicato que impugn¨® la decisi¨®n de este departamento, esta es la primera decisi¨®n judicial que desautoriza una normativa en la historia de la Consejer¨ªa. En opini¨®n de Garc¨ªa Trapiello, el fallo del TSJ pone de manifiesto que la consejer¨ªa se "extralimit¨® en sus funciones", subraya la "arbitrariedad" con la que trabaja la administraci¨®n auton¨®mica y, lo que es m¨¢s importante, "pone en entredicho la validez de las decisiones de los docentes que vieron sus mandatos prolongados merced a esa orden". Nuevo recurso legal Es m¨¢s, aunque el fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo no conlleva ning¨²n efecto pr¨¢ctico, no invalida la gesti¨®n de los directores que continuaron ejerciendo su funci¨®n contra la ley, esta situaci¨®n podr¨ªa cambiar. "Los servicios jur¨ªdicos de CC OO est¨¢n estudiando la viabilidad de impugnar las decisiones tomadas por estos docentes", dice Garc¨ªa Trapiello. Su argumento, en principio, es contundente. "Si, merced a la caprichosa medida de la consejer¨ªa, ejercieron su cargo contra la ley, las medidas que tomaron en ejercicio de sumandato deben ser ilegales". El todav¨ªa secretario de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, Carlos Alcalde, impuls¨® la aprobaci¨®n de la orden con la anuencia de la entonces consejera, Marcela Mir¨® -actual titular de la cartera de Asuntos Sociales- y el posterior respaldo del actual consejero. Su objetivo era el de conseguir que fueran los nuevos consejos escolares -cuya renovada composici¨®n se estaba negociando en esa ¨¦poca- los encargados de elegir, por un periodo de cuatro a?os, a los primeros directores de colegios e institutos nominados bajo mandato del PP. La tardanza en sacar adelante la reglamentaci¨®n que finalmente reforz¨® la representatividad de los padres en los consejos motiv¨® la decisi¨®n de Alcalde. El secretario general de la Consejer¨ªa prefiri¨®, pese a las advertencias de los sindicatos, aprobar una orden ilegal a dejar en manos de los antiguos consejos -con mayor peso del resto de agentes sociales, profesores, alumnos y personal no docente- la elecci¨®n de los responsables de los centros docentes no universitarios. Para Garc¨ªa Trapiello, "la incapacidad de la Administraci¨®n para redactar un nuevo Reglamento Org¨¢nico de Centros (ROC)" tuvo consecuencias funestas. A saber: "contra toda ley, la consejer¨ªa prefiri¨® cometer una ilegalidad antes que permitir que los directores fuesen elegidos por los viejos consejos escolares por un per¨ªodo de tres a?os". Alcalde tiene una visi¨®n diferente del tema. La decisi¨®n del TSJ "no tiene ning¨²n efecto pr¨¢ctico", anula una orden "discutible, pero que tan s¨®lo pretend¨ªa evitar que, durante tres a?os, los directores de muchos centros estuvieran elegidos por consejos escolares poco representativos" y, en ¨²ltima instancia, las cr¨ªticas que despert¨® y sigue motivando son "graves y est¨¢n fuera de lugar". Adem¨¢s, el secretario general de la consejer¨ªa niega que fuera la "negligencia o incapacidad de su departamento" la que demor¨® la normativa sobre los nuevos consejos. "Muy al contrario, invertimos 16 meses en ese proceso para que fueran todas las partes implicadas las que llegaran a un acuerdo. Simplemente, quer¨ªamos conseguir una reglamentaci¨®n consensuada".
Una orden viciada de origen
La decisi¨®n del TSJ, adem¨¢s de suponer el primer fallo judicial que anula una normativa desde que el PP gestiona la consejer¨ªa, vino precedida de las advertencias de casi todas las fuerzas sindicales. Vicent Esteve, miembro del secretariado nacional del Sindicat de Treballadors de l" Ensenyament del Pa¨ªs Valenci¨¤ (STE-PV), recuerda c¨®mo ya en junio de 1996, fecha de la aprobaci¨®n de la orden, su sindicato se pronunci¨® contra la misma. "Todas las fuerzas sindicales, pr¨¢cticamente todos los sectores implicadas en la educaci¨®n valenciana, proclamaron la ilegalidad de la orden. La ley org¨¢nica establec¨ªa, de manera expl¨ªcita, la imposibilidad de prorrogar durante m¨¢s de nueve meses el mandato de los directores", asegura Esteve. El representante del STE-PV atribuye a la ineficacia de la consejer¨ªa, "a la pura y simple negligencia", la orden de Educaci¨®n. "La consejer¨ªa no pod¨ªa renovar los consejos escolares (y por tanto, desbloquear la elecci¨®n de los nuevos directores) porque hab¨ªa sido incapaz de aprobar el nuevo reglamento que deb¨ªa regir su funcionamiento". La consecuencia, muy clara, asegura Esteve. "La acumulaci¨®n de este tipo de decisiones contribuyen a deteriorar la imagen de la educaci¨®n p¨²blica". No obstante, tanto CC OO, la fuerza obrera que denunci¨® la orden ante el TSJ, como el STE-PV, coinciden en atribuir a una decisi¨®n m¨¢s profunda la iniciativa de la Consejer¨ªa. ?sta, en opini¨®n de Garc¨ªa Trapiello, fue producto de la "respuesta pol¨ªtica" de Educaci¨®n a un grupo de los padres de alumnos, a los que prometi¨® que los nuevos consejos escolares, los que finalmente eligieron a los primeros directores nominados con el gobierno del PP, tendr¨ªan mayor representatividad de su sector. De la misma opini¨®n es Esteve, que recalca el esfuerzo de la administraci¨®n popular en favorecer cambios "que lejos de reforzar la autonom¨ªa de los centros, incrementaron el poder los padres en los consejos".
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