El Tribunal de Cuentas fiscalizar¨¢ a la Diputaci¨®n de Lugo
La corporaci¨®n, presidida por un senador del PP, elude el control contable desde 1992
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Las cuentas de la Diputaci¨®n de Lugo, que preside desde hace 15 a?os Francisco Cacharro, dirigente y senador del PP, van a ser objeto de una fiscalizaci¨®n especial por parte del Tribunal de Cuentas. El ¨®rgano fiscalizador del Estado aprobar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas esta iniciativa ante los reiterados incumplimientos de la corporaci¨®n gallega, que ostenta su particular r¨¦cord: es la ¨²nica de las 51 diputaciones de toda Espa?a que no rinde sus cuentas.
La oposici¨®n socialista sospecha que tras las cuentas de Cacharro se ocultan deudas ficticias similares a las que han llevado hasta el Tribunal Supremo a Pedro Tomey, senador popular y presidente de la Diputaci¨®n de Guadalajara, por un presunto delito de falsedad en documento p¨²blico. La Diputaci¨®n de Lugo ten¨ªa en 1996 m¨¢s de 5.000 millones de pesetas de deudas pendientes de cobro pero el PSOE no ha conseguido que se le entregue la relaci¨®n de los supuestos deudores.El Tribunal de Cuentas adoptar¨¢ esta decisi¨®n dr¨¢stica despu¨¦s de haber agotado todas las iniciativas posibles. En octubre de 1997, tras comprobar que la Diputaci¨®n de Lugo incumpl¨ªa sistem¨¢ticamente la presentaci¨®n de sus cuentas en los plazos establecidos, encomend¨® al Consejo de Cuentas de Galicia que fiscalizara las cuentas correspondientes a 1996, ¨²ltimo ejercicio.
El Consejo de Cuentas gallego, presidido por Carlos Sotero, adopt¨® y ratific¨® el acuerdo del Tribunal de Cuentas pero no ha llevado a cabo la fiscalizaci¨®n encomendada. El Parlamento gallego rechaz¨® con los votos del PP una propuesta para recomendar a ese Consejo que se fiscalizaran las cuentas de las diputaciones y en especial la de Lugo.
Este ¨®rgano de fiscalizaci¨®n auton¨®mo depende de la citada c¨¢mara, con mayor¨ªa popular, lo que explicar¨ªa su par¨¢lisis en este asunto. Su incumplimiento ha provocado sorpresa en el Tribunal de Cuentas.
Andr¨¦s Fern¨¢ndez D¨ªaz, consejero responsable del ¨¢rea de Corporaciones Locales del Tribunal de Cuentas, confirm¨® a este peri¨®dico su decisi¨®n de presentar ante el pr¨®ximo pleno una propuesta de fiscalizaci¨®n especial de la contabilidad de la Diputaci¨®n de Lugo, cuyos presupuestos anuales rondan los 10.000 millones de pesetas. En ese pleno el ¨®rgano de control aprobar¨¢ su programa para el a?o pr¨®ximo.
El pleno del Tribunal de Cuentas lo integran siete consejeros de fiscalizaci¨®n, cuatro de enjuiciamiento, el presidente y el fiscal. Todos ellos apoyar¨¢n previsiblemente esta propuesta, tal y como suele ser habitual ante esta clase de iniciativas. Despu¨¦s, el acuerdo se remitir¨¢ al Parlamento.
"Estamos cargados de raz¨®n para tomar esta iniciativa. Hay que empezar a investigar a los que no rinden cuentas y la Diputaci¨®n de Lugo es la ¨²nica que no lo hace. Hay dos razones para esta fiscalizaci¨®n especial: su importancia y el reiterado incumplimiento", explica Fern¨¢ndez, consejero y ex decano de la Facultad de Econ¨®micas de la Universidad Complutense de Madrid.
Las cuentas de la Diputaci¨®n que preside Cacharro se vienen presentando al Consejo de Cuentas de Galicia fuera del plazo. Esto ha provocado que las de 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 no hayan sido fiscalizadas ni incluidas en los informes de ese ¨®rgano de fiscalizaci¨®n auton¨®mico. En los tres primeros a?os la Intervenci¨®n detect¨® irregularidades contables por 600 millones de pesetas que despu¨¦s se convalidaron.
El presidente de la Diputaci¨®n de Lugo se explica as¨ª: "No es ninguna ilegalidad aprobar el presupuesto con unos meses de atraso. Si el Consejo de Cuentas no las audita despu¨¦s ser¨¢ por su ritmo de trabajo. Aunque tarde, nosotros ya les hemos remitido las cuentas de 1996. El retraso de estos a?os se ha debido al cambio de normativa legal y a problemas inform¨¢ticos. Nuestras cuentas son correctas".
Luis Angel Lago, portavoz de la oposici¨®n socialista, cree que la causa de estos retrasos es bien distinta. "Hemos pedido la lista nominal de los deudores y nos la han negado. Nos hemos quejado ante el Consejo de Cuentas y no nos han contestado. Dicen que hay 5.000 millones de deuda pendiente de cobro, pero no est¨¢ demostrado que sea cierta. Quieren evitar que se fiscalicen las cuentas porque se oculta algo".
Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran que su fiscalizaci¨®n se har¨¢ al margen del Consejo de Cuentas de Galicia y que no admitir¨¢n plante alguno. Ser¨¢n sus funcionarios los que hagan el trabajo de campo y examinen con lupa los libros de esta corporaci¨®n controlada por el PP. Cacharro puede perder su r¨¦cord.
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