M¨¢s que un tr¨¢mite

El Gobierno de Espa?a ha cursado al Reino Unido la solicitud de extradici¨®n del ex dictador Augusto Pinochet. La decisi¨®n del Consejo de Ministros ha sido, por fin, respetuosa con la justicia, limit¨¢ndose a cumplir la petici¨®n del juez Baltasar Garz¨®n, una vez despejada cualquier duda jur¨ªdica tras el auto de la Sala de la Audiencia y tras haber sido derrotadas en toda l¨ªnea las tesis obstruccionistas de la Fiscal¨ªa, que, no nos olvidemos, dependen en ¨²ltimo t¨¦rmino del Ejecutivo.La decisi¨®n, sin duda, ten¨ªa sus riesgos pol¨ªticos. Y la reacci¨®n del Gobierno chileno as¨ª lo ha demostrado. Pero no deja de ser curiosa la llamada a Santiago del embajador en Madrid, cuando hace bien pocos a?os, en en 1993, el Gobierno y los militares chilenos reaccionaban con dignidad herida porque el entonces Gobierno socialista espa?ol tambi¨¦n llamara a consultas al embajador por la actuaci¨®n de los tribunales chilenos en el llamado caso Soria. La historia da muchas vueltas y hoy aquella llamada a la independencia judicial se vuelve en contra de las autoridades chilenas.

Pero sin duda debe prevalecer en este caso el aut¨¦ntico tema de fondo. Que Espa?a formalice la persecuci¨®n de un dictador responsable de diversos cr¨ªmenes realizados fuera de sus fronteras es un paso m¨¢s hacia la universalizaci¨®n de la defensa de los derechos humanos. Lo que hasta ahora era tan s¨®lo objeto de la indignaci¨®n ha entrado en el terreno de la persecuci¨®n penal.

Es cierto que con este caso y otros muchos que pueden darse estamos pisando muchas veces tierra virgen en t¨¦rminos jur¨ªdicos. Y que hay que acotarla para evitar abusos. Pero el paso dado es mucho m¨¢s que un gesto simb¨®lico de condena, sea cual sea la decisi¨®n brit¨¢nica sobre el futuro de Augusto Pinochet. Es un magn¨ªfico aviso para otros dictadores que siempre se han amparado en la impunidad. La altivez de quien se hizo elegir senador vitalicio ya nunca podr¨¢ ser la de antes.