La Audiencia de Guadalajara absuelve de contratar a un argelino "como esclavo"

Ocurri¨® en Guadalajara (Espa?a, Europa), en este siglo. Un argelino en situaci¨®n ilegal y que necesitaba obtener la residencia y el permiso de trabajo, fue contratado "como esclavo" por los administradores de una empresa constructora. La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos denunci¨® los hechos a la fiscal jefe de Guadalajara, quien acus¨® a los administradores. La Audiencia Provincial les absolvi¨® del delito contra los derechos de los trabajadores por estimar, entre otras razones, que el joven inmigrante firm¨® por agradecimiento, lo que la fiscal cree un sarcasmo, por lo que ha recurrido al Supremo.

El ins¨®lito caso se inici¨® en marzo de 1995, cuando el ciudadano argelino K. M., de 24 a?os, pidi¨® asilo en Espa?a, que le fue denegado siete meses despu¨¦s. Durante ese periodo estuvo acogido por la Comisi¨®n Cat¨®lica de Migraci¨®n y prest¨® servicios en la construcci¨®n, a trav¨¦s del empresario Rafael Llorente, recibiendo el correspondiente salario.Denegado el asilo, le aconsejaron que consiguiera un precontrato para acceder al permiso de trabajo y de residencia. El joven se dirigi¨® a Llorente en demanda de ayuda y acordaron que K. M. prestara servicios dom¨¦sticos como interno en el domicilio del empresario, en Sig¨¹enza, donde tambi¨¦n viv¨ªa Jos¨¦ Mar¨ªa De Miguel Osorio, quien se hac¨ªa pasar por abogado y experto en psicoan¨¢lisis, a pesar de carecer de titulaci¨®n para ello.

El 24 de diciembre de 1995, De Miguel mostr¨® un documento a K. M. para que lo firmara. En el escrito se acordaba la aceptaci¨®n del joven "como esclavo" para la empresa Construcciones y Reparaciones Llorente, SL, en nombre y representaci¨®n de la cual firm¨® De Miguel Osorio.

Derecho Romano

El documento aparec¨ªa redactado como un contrato normal. Y aseguraba que ambos aceptaban la condici¨®n de esclavo de K. M., "de acuerdo con lo dispuesto en el Derecho Romano, pudiendo [la empresa] disponer de ¨¦l como tuviese a bien, para la flagelaci¨®n o los trabajos forzados, la sodom¨ªa o para hacer la comida, teniendo bajo su jurisdicci¨®n la vida o la muerte del esclavo".A partir de la firma del contrato, adem¨¢s de trabajar sin recibir salario -excepto algunos regalos o propinas espor¨¢dicas-, el joven argelino era sistem¨¢ticamente llamado "esclavo". En el colmo del escarnio, se hizo llegar a K. M. una supuesta comunicaci¨®n dirigida a la empresa por parte del "Registro General de Esclavos de Madrid" en la que se trataba a la v¨ªctima de estos hechos como "semoviente [sin¨®nimo de animal] argelino", rebautizado con el nombre de Willy Famelius, del que podr¨ªa disponer "como tenga a bien, seg¨²n el Derecho Romano por el que se rige el contrato y tendr¨¢ que abonar por la adquisici¨®n del semoviente el impuesto de transmisi¨®n patrimonial correspondiente".

El temor de K. M. a que sus contratantes denunciaran a la Polic¨ªa su ilegalidad, con la consiguiente expulsi¨®n, y su esperanza de que se legalizara su permanencia en Espa?a, le forzaron a soportar la situaci¨®n descrita. As¨ª ocurri¨® hasta que, en marzo de 1996, descubri¨® que el permiso de trabajo le hab¨ªa sido denegado por insolvencia de la empresa. El joven decidi¨® entonces no regresar junto a sus empleadores.

Conocidos estos hechos por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE), alert¨® a la fiscal¨ªa de Guadalajara, ante la que el 8 de julio de 1996 interpuso una denuncia. La gravedad de los hechos indujo a la fiscal jefe de Guadalajara, ?ngeles Garc¨ªa, a promover una investigaci¨®n criminal.

La investigaci¨®n confirm¨® la denuncia de la APDHE y, adem¨¢s, descubri¨® que De Miguel aparentaba ser abogado, sin serlo, y como tal hab¨ªa ejercido en una serie de procesos. Y que tambi¨¦n se hac¨ªa pasar por experto en psicoan¨¢lisis, a pesar de no poseer el t¨ªtulo de psic¨®logo ni el de psiquiatra.

Socio de un denominado Grupo de Investigaci¨®n de Fen¨®menos Extra?os, De Miguel logr¨® pacientes, en concreto un menor, que por su supuesta terapia cobr¨® a los padres 400.000 pesetas. Fracasado el tratamiento, los padres del menor firmaron un contrato de aprendizaje con Construcciones y Reparaciones, SL, con todos los gastos a cargo de ellos. El menor resid¨ªa en Sig¨¹enza, en donde su supuesto educador le golpeaba cuando le apetec¨ªa. Tambi¨¦n le produjo lesiones Llorente, el otro empresario.

Obligado a ir desnudo

El juzgado de Sig¨¹enza instruy¨® el caso y el juicio se celebr¨® en la Audiencia de Guadalajara. La fiscal, adem¨¢s de por los delitos de intrusismo imputados a De Miguel y los de lesiones imputados a los dos empresarios, acus¨® a ambos de un delito contra los derechos de los trabajadores por el ins¨®lito contrato y la conducta mantenida con el argelino a raiz del mismo. K. M. declar¨® en el juicio que le obligaban a "andar desnudo" por la casa.Sin embargo, la Audiencia de Guadalajara, en una sentencia de 15 de julio ¨²ltimo, conden¨® por intrusismo a De Miguel y por lesiones a ¨¦ste y a Llorente, pero les absolvi¨® del delito contra los derechos de los trabajadores, que castiga al que, "usando de maquinaciones o procedimientos maliciosos imponga a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen los derechos que tengan reconocidos".

La sentencia, de la que fue ponente la magistrada Isabel Serrano Fr¨ªas, de 34 a?os, afirma que "la relaci¨®n entre los acusados y el inmigrante parece reunir las notas caracter¨ªsticas de una situaci¨®n de agradecimiento". A?ade que el contrato no alter¨® "sustancialmente la relaci¨®n preexistente entre los acusados y el s¨²bdito argelino", aunque reconoce que a partir de la firma del contrato los empresarios le llamaban sistem¨¢ticamente "esclavo".