El PSOE pide defensa gratuita a presos espa?oles en el extranjero

El derecho a la defensa gratuita que establece la Constituci¨®n para todos los espa?oles no funciona cuando se cruzan las fronteras. Esta situaci¨®n, que afecta a unos 1.300 espa?oles presos en todo el mundo, es una de las razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista presentar¨¢ en el Congreso dos proposiciones de ley, a¨²n en fase de borrador, y otras iniciativas parlamentarias "tendentes a mejorar la situaci¨®n de los ciudadanos espa?oles en prisi¨®n fuera de Espa?a".Uno de los dramas que sufren las familias de los presos en el extranjero es la urgencia de buscar un abogado, a menudo en pa¨ªses en los que desconocen la lengua y en los que no tienen ning¨²n contacto. "Cuando uno tiene un familiar preso en otro pa¨ªs, la primera idea que pasa por la cabeza es la de tra¨¦rselo cuanto antes. No importa el precio a pagar", explica el senador socialista Ignacio D¨ªez, uno de los impulsores de la iniciativa del PSOE.

"Lo que se pretende es garantizar a todos los presos la m¨ªnima asistencia t¨¦cnica jur¨ªdica", explica el diputado socialista Jordi Pedret, "haci¨¦ndolo vigente en los pa¨ªses donde no haya un sistema propio de asistencia gratuita".

La propuesta del PSOE es que sean los consulados los encargados de contratar abogados para aquellos presos que no tengan dinero para pagarse uno. "Eso s¨ª, para que el consulado se haga cargo, el ciudadano debe poder demostrar que no tiene dinero para hacer frente a su defensa", matiza Pedret.

Otro de los puntos en los que se centra la propuesta socialista es en la necesidad de unificar las pol¨ªticas en materia de traslado de los presos. "La idea es ofrecer un borrador al Gobierno para negociar m¨¢s o menos lo mismo en todos los convenios con otros pa¨ªses", apunta Claudia Jim¨¦nez, catedr¨¢tica de Derecho Internacional de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, y miembro del equipo que ha elaborado la propuesta.

Actualmente, est¨¢n en vigor unos 20 convenios con otros pa¨ªses, pero son muy diferentes, lo que impide que haya una misma actitud entre las oficinas diplom¨¢ticas ante el traslado de presos y la petici¨®n de medidas de gracia.