El Tribunal de Cuentas revela numerosas anomal¨ªas en la gesti¨®n de la Comunidad
El Tribunal de Cuentas, ¨®rgano fiscalizador de la gesti¨®n del dinero p¨²blico por parte de los distintos gobiernos, aprob¨® el 16 de noviembre pasado el primer informe sobre un presupuesto gestionado, en parte, por el ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallard¨®n, del Partido Popular.En dicho informe, cuyas conclusiones reflejan numerosas recomendaciones para mejorar la gesti¨®n, los auditores p¨²blicos apuntan diversas irregularidades en los procesos de contrataci¨®n de obras y servicios y de concesi¨®n de subvenciones analizados. Adem¨¢s, el Tribunal asegura que al finalizar el ejercicio de 1995, cuya gesti¨®n compartieron los gobiernos del PSOE (hasta el 28 de junio) y del PP (desde entonces), las p¨¦rdidas en las 25 empresas p¨²blicas dependientes de la Comunidad de Madrid alcanzaron "los 19.031 millones (un 342% superiores en relaci¨®n con el ejercicio anterior)" pese a que estas sociedades recibieron unas subvenciones de 45.087 millones de pesetas.
Las cuentas rendidas por el Gobierno regional, seg¨²n el juicio de los auditores p¨²blicos, carec¨ªan de la "memoria demostrativa" del cumplimiento de los distintos programas; 14 empresas y organismos p¨²blicos presentaron sus n¨²meros con retraso y en s¨®lo dos casos, el Canal de Isabel II y el Canal de Comunicaciones, las cuentas fueron conformadas, como es preceptivo, por el Consejo de Gobierno.
El Tribunal de Cuentas tambi¨¦n apunta varios defectos en la presentaci¨®n de las cuentas, que "no reflejan los compromisos derivados por la carga financiera del endeudamiento", y establecen unos supuestos ingresos por el recargo auton¨®mico del Impuesto de Actividades Econ¨®micas basados en simples estimaciones, "por lo que no puede afirmarse que corresponda al importe efectivamente adeudado por los gestores del recargo". Para concluir, el informe se?ala que la Comunidad fij¨® "indebidamente" como derechos pendientes de cobro hasta 165.535 millones.
PASA A LA P?GINA 3
Sin justificaci¨®n
Las p¨¦rdidas de Telemadrid en 1995 situaron al canal ante su posible disoluci¨®n obligatoria
Los fiscalizadores de las cuentas p¨²blicas destacan en su dictamen que, durante el mandato popular, se concedi¨® una puntuaci¨®n extra a cuatro empresas por el hecho de acercar sus ofertas a la "media resultante de todas las empresas presentadas". Seg¨²n el Tribunal, este criterio "no es coherente" porque "carece de justificaci¨®n no primar las mayores bajas una vez valoradas las ofertas".Con este m¨¦todo irregular, seg¨²n el informe, se adjudicaron las obras de protecci¨®n anti-incendios de un centro de la Consejer¨ªa de Sanidad en Las Rozas (123 millones) y la construcci¨®n de las escuelas infantiles de Barajas, Arganzuela y Vic¨¢lvaro (325 millones). En estas ¨²ltimas obras adem¨¢s se aplicaron baremos "no previstos" en los pliegos del concurso y se establecieron "baremos con posterioridad a la apertura de los sobres". Adem¨¢s, la empresa que construy¨® la escuela de Vic¨¢lvaro no pudo acreditar "el cumplimiento de su obligaciones tributarias y de la Seguridad Social", seg¨²n el dictamen.
El Tribunal recuerda tambi¨¦n que durante el Gobierno de Joaqu¨ªn Leguina se hizo lo mismo con la adjudicaci¨®n de la campa?a institucional relativa a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 1995 (159 millones) y en la cobertura asistencial a los drogodependientes de las zonas norte y de M¨®stoles (275 millones de pesetas).
En las obras del Ayuntamiento de Talamanca del Jarama (137 millones), los fiscalizadores simplemente no entienden qu¨¦ criterios se siguieron para adjudicar el trabajo.
El Tribunal destapa que el ejecutivo popular no valor¨® tampoco todas las ofertas que se presentaron al concurso de asistencia t¨¦cnica de control de la calidad de las obras de la l¨ªnea 10 del metro (51,7 millones). Y adem¨¢s, seg¨²n los auditores, se "produjeron dilaciones no justificadas en la tramitaci¨®n" del contrato de la asistencia t¨¦cnica que debe inspeccionar y vigilar los trabajos (81 millones de pesetas). Se super¨® en dos a?os el tiempo m¨¢ximo que marca la ley.
El equipo socialista concedi¨®, seg¨²n los fiscalizadores, la construcci¨®n de la estaci¨®n de autobuses de Moncloa (294 millones) a un licitador "que hab¨ªa ofertado un precio y un plazo m¨¢s elevado [18 millones] que otro", a pesar de que entre ellos no hab¨ªa ninguna diferencia t¨¦cnica ni de experiencia. La Comunidad s¨®lo arguy¨® que la oferta que se compromet¨ªa a realizar las obras en menos tiempo y de forma m¨¢s barata era "temeraria".
El Gobierno socialista adjudic¨® tambi¨¦n "por una cuant¨ªa indeterminada" el servicio de vigilancia de las viviendas del Ivima. De hecho, "el precio que figura en el acuerdo de adjudicaci¨®n y en el documento de formalizaci¨®n es por cuant¨ªa indeterminada". Finalmente, la indeterminaci¨®n termin¨® costando 260 millones.
Por ¨²ltimo, en la gesti¨®n del Ivima, los auditores han encontrado motivos para recomendar que este organismo repare los da?os causados al erario p¨²blico por las significativas deficiencias detectadas en las viviendas construidas, hace casi veinte a?os, en la Cornisa de Orcasitas.
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