Modelo de Estado (2)

La cuesti¨®n central a debatir en relaci¨®n con la reforma del Estado es la forma de armonizar los principios de igualdad y de diferencia. A pesar de proclamar el Estado de las Autonom¨ªas, y de que los partidos estatales han tenido las mayor¨ªa democr¨¢ticas suficientes, no se ha avanzado en su perfeccionamiento. El atasco en la reforma del Senado, o en la administraci¨®n ¨²nica, la negativa a completar los traspasos pendientes, el obstruccionismo en los leg¨ªtimos deseos de participaci¨®n en la construcci¨®n europea y la obsesi¨®n constante por el rescate competencial dan buena fe de ello. Interesadamente, algunos sectores catalanes han venido vendiendo en los ¨²ltimos a?os el "modelo canadiense" de estado como una especie de ideal, donde un solo territorio, Quebec, se diferencia del resto: pero es evidente que esta experiencia no se ajusta en absoluto a la realidad del Estado espa?ol. Porque si el resto de Canad¨¢ se caracteriza efectivamente por una homogeneidad de culturas, de intereses y tendencias sociales, la realidad espa?ola es la del pluralismo y la diversidad. Por eso, el modelo espa?ol se ajusta mejor, desde siempre, a la l¨®gica de las teor¨ªas federalistas de Proudhon o de Pi y Margall (las mismas que a su modo defendieron los padres fundadores de la Constituci¨®n americana), donde la posici¨®n de todos los territorios debe ajustarse a un principio originario de igualdad, a partir del cual cada territorio o cada comunidad puede libremente establecer sus diferencias al nivel interno. Esta posici¨®n no supone en absoluto negar el derecho a ser diferentes: todos pueden ser lo diferentes que colectivamente quieran a partir de unos recursos de partida que no pueden distribuirse en base a posiciones de privilegio. Porque detr¨¢s de la defensa de los hechos diferenciales lo que se esconde es otra cuesti¨®n mucho m¨¢s sencilla: el intento de los pueblos ricos y desarrollados del norte de soltar los lastres que les vinculan a unas exigencias de cohesi¨®n social que afectan a los pueblos del sur. Y ¨¦sta no es una cuesti¨®n que dependa exclusivamente del marco estatal definido en la Constituci¨®n: es m¨¢s bien un envite hist¨®rico que debemos enfrentar desde la perspectiva del marco europeo, donde el principio de unidad del mercado debe traer consigo inexorablemente el de la atenci¨®n a las deseconom¨ªas sociales, con sus correspondientes pol¨ªticas sociales y de bienestar que deben asegurar la cohesi¨®n. Es decir, se trata de evitar tanto los riesgos de "dumping social" (o rebaja de las condiciones sociales de producci¨®n, para ser competitivos) como los riesgos de un nuevo "imperialismo" econ¨®mico interno (o consolidaci¨®n de los intereses capitalistas de los territorios m¨¢s desarrollados). Si el principio de unidad del mercado implica autom¨¢ticamente un postulado de igualdad de todos, de igualdad de moneda, y tendencialmente de igualdad de precios, est¨¢ claro que autom¨¢ticamente las exigencias de cohesi¨®n implican asimismo la igualdad de todos para disponer de los recursos necesarios para atender a sus necesidades b¨¢sicas y exigencias de prestaci¨®n social. Andaluc¨ªa no acept¨® hace 20 a?os que se le impusieran condiciones discriminatorias en su proyecto colectivo de configuraci¨®n territorial dentro del Estado espa?ol: y del mismo modo ahora tampoco puede aceptar que determinados pueblos desarrollados del norte pretendan ego¨ªstamente vendernos sus productos y renunciar a las exigencias paralelas de cohesi¨®n social que el proyecto europeo trae consigo. No se trata solamente de una exigencia de reforma de la Constituci¨®n, o de atender a las exigencias excepcionales que la oferta de paz en el Pa¨ªs Vasco trae consigo: todos estamos afectados por el proceso de paz y todos estamos dispuestos en aportar cuanto sea necesaria para conseguirla. De lo que se trata es de saber si, en la confusi¨®n y en el mercadeo de la pol¨ªtica territorial del Estado, hay fuerzas pol¨ªticas que est¨¢n apostando por la ruptura pura y simple de las condiciones democr¨¢ticas y civilizadas en que los distintos pueblos de Europa se relacionan entre s¨ª: lo que supone evidentemente entrar en una din¨¢mica de tipo serbio, algo que debe ser rechazado radicalmente por todos y cada uno de los ciudadanos civilizados de Europa. Nuestra postura apenas ha variado con el paso del tiempo. Entre los objetivos pol¨ªticos del primer congreso del entonces PSA, celebrado en 1976, se se?alaba la necesidad de que se reconociera la articulaci¨®n de un Estado federal en el que se recog¨ªa el principio de igualdad de todas las nacionalidades y regiones. El Partido Andalucista cree en un modelo de Estado plurinacional, pluricultural y pluriling¨¹¨ªstico, y comparte la idea de que cada pueblo debe dise?ar el marco de autogobierno y poder que estime suficiente para responder a los retos del nuevo escenario pol¨ªtico. En este sentido, el PA propone un modelo que, desde el reconocimiento de la soberan¨ªa del pueblo andaluz, sea el resultado de un proceso pactado de asociaci¨®n federativa entre pueblos libres e iguales, en el que la solidaridad es compatible con el respeto a los hechos diferenciales y las peculiaridades hist¨®ricas de cada pueblo.

Pedro Pacheco es alcalde de Jerez, vicepresidente y portavoz del PA.