El Constitucional mantiene en prisi¨®n a Vera y Barrionuevo y excarcela a cuatro ex polic¨ªas

El Tribunal Constitucional decidi¨® ayer mantener en prisi¨®n al ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo y al ex secretario de Estado Rafael Vera, adem¨¢s de a otros cuatro condenados del caso Marey. El alto tribunal orden¨® en cambio la puesta en libertad de cuatro ex polic¨ªas condenados en la misma causa al menos hasta que se resuelvan los recursos de amparo. El Constitucional aduce la gravedad de los hechos imputados y la duraci¨®n de las penas impuestas a los principales condenados, "que cuantifican el desvalor del comportamiento y el da?o social producido", como principal motivo para mantener en prisi¨®n a Vera y Barrionuevo. El tribunal ha indicado que resolver¨¢ los recursos en el tiempo m¨¢s breve posible.

La decisi¨®n del tribunal implica que Barrionuevo, Vera y Juli¨¢n Sancrist¨®bal, condenados a 10 a?os de c¨¢rcel; Francisco ?lvarez y Miguel Planchuelo, a nueve a?os y medio, y Ricardo Garc¨ªa Damborenea, condenado a siete a?os, seguir¨¢n cumpliendo sus respectivas condenas a la espera de un eventual indulto o de que el propio tribunal resuelva los recursos de amparo en un plazo indeterminado, pero en todo caso inferior a los dos o tres a?os que viene tardando ahora.Por el contrario, los ex polic¨ªas Francisco S¨¢iz Oceja, Julio Hierro, Luis Hens y Jos¨¦ Ram¨®n Corujo -todos los cuales confesaron su participaci¨®n en el secuestro de Segundo Marey en 1983-, abandonaron anoche la prisi¨®n. Hierro y Corujo salieron de Alcal¨¢-Meco (Madrid), y Oceja y Hens de Logro?o y C¨®rdoba, respectivamente. El Tribunal ha admitido la renuncia de Michel Dom¨ªnguez, condenado a dos a?os de c¨¢rcel y ya en libertad. Jos¨¦ Amedo no recurri¨®.

Las seis resoluciones dictadas y notificadas ayer fueron votadas por los magistrados de las dos Salas del Tribunal Constitucional excepto Manuel Jim¨¦nez de Parga, quien se abstuvo por ser el padre del letrado de Barrionuevo.

Los magistrados Vicente Gimeno Sendra y Fernando Garc¨ªa-Mon formularon sendos votos particulares discrepantes de la mayor¨ªa por entender que debi¨® accederse a la suspensi¨®n de la sentencia en todos los casos.

Todas las peticiones de suspensi¨®n son resueltas con iguales razonamientos jur¨ªdicos, aunque con alguna referencia particular a cada uno de los demandantes. El tribunal sigue mayoritariamente el criterio del ministerio fiscal que, aunque reconoci¨® que hasta 1985 "la regla general era la suspensi¨®n de las penas privativas de libertad durante la tramitaci¨®n del recurso de amparo", invoc¨® la l¨ªnea jurisprudencial posterior, que except¨²a de esa regla las penas de c¨¢rcel "de larga duraci¨®n". Seg¨²n los fiscales, son de larga duraci¨®n las superiores a seis a?os.

Respecto al recurso de Barrionuevo, el Tribunal coincide con el fiscal en " la objetiva gravedad de los hechos imputados, tanto por su propia naturaleza como por la responsabilidad p¨²blica que ostentaba el demandante en el momento de acaecer los mismos".

Sin embargo, el Tribunal da la raz¨®n al letrado del ex ministro, Pablo Jim¨¦nez de Parga, en cuanto a que la valoraci¨®n de las penas impuestas "no puede hacerse de manera mec¨¢nica y atendiendo s¨®lo a un l¨ªmite m¨¢ximo infranqueable".Pero los magistrados a?aden que Barrionuevo ha sido condenado a dos penas graves de 10 a?os de prisi¨®n y 12 de inhabilitaci¨®n absoluta, por lo que la duraci¨®n de las penas en este caso ha de ser apreciada "como expresi¨®n del inter¨¦s general cifrado en el cumplimiento de la sentencia condenatoria, que est¨¢ vinculado con la confianza social de la Justicia penal y con los efectos disuasorios que se derivan de la finalidad de prevenci¨®n general de los delitos".

Irrelevante

El Constitucional no considera decisivo que durante la tramitaci¨®n del proceso Barrionuevo no estuviera sometido a prisi¨®n, porque lo que les compete valorar no es el riesgo de fuga ni que la sentencia se cumpla finalmente o no, "sino la procedencia de suspender la ejecuci¨®n a la vista del inter¨¦s general".Estiman irrelevante en este momento que el fallo del Supremo fuese acordado con los votos particulares disidentes de cuatro magistrados, pues ese apartado se examinar¨¢ cuando se delibere sobre el fondo de los recursos.

Tambi¨¦n tienen en cuenta "el hecho de no haberse cumplido pr¨¢cticamente sino los primeros meses de la condena", por lo que rechaza la suspensi¨®n, "pese a la p¨¦rdida de la finalidad del amparo que inevitablemente conlleva el cumplimiento de la pena" mientras se tramita el recurso.

En el caso de Vera, la resoluci¨®n admite que, aunque se entendiese que la v¨ªctima, Segundo Marey, "no se halla desprotegida y que el riesgo de eludir la acci¨®n de la Justicia es escaso", otorgar la suspensi¨®n afectar¨ªa de forma grave y espec¨ªfica al inter¨¦s general.

El Tribunal, no obstante, ante "la gravedad" e " irreparabilidad" de los perjuicios que pueden causarse a Barrionuevo, Vera y los dem¨¢s condenados si el amparo fuera ulteriormente concedido, ha decidido resolver los recursos en el m¨¢s breve plazo posible, "incluso anteponi¨¦ndolo en el orden de se?alamientos, una vez concluida su tramitaci¨®n".

El ex gobernador civil de Vizcaya Juli¨¢n Sancrist¨®bal no ha visto atendida su petici¨®n de que se tuviera en cuenta el tiempo pasado en prisi¨®n provisional, que se traduce en 19 meses de condena. Respecto al ex secretario general de los socialistas vizca¨ªnos Ricardo Garc¨ªa Damborenea, la Sala manifiesta que "no cabe aceptar los argumentos del demandante, tendentes a negar la gravedad de los hechos [el secuestro de Marey] en atenci¨®n a una supuesta conformidad social con su realizaci¨®n".

Sobre el ex jefe superior de Polic¨ªa de Bilbao Francisco ?lvarez, el Constitucional resalta "la naturaleza de los delitos por los que fue condenado [secuestro y malversaci¨®n], en relaci¨®n con su condici¨®n de miembro de las Fuerzas de Seguridad que hasta la sentencia ostentaba".

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha fijado en trece millones de pesetas los gastos que ha causado a la Administraci¨®n el juicio del caso Marey. Los 12 condenados por el Supremo deber¨¢n pagar ocho de los 13 millones, ya que el tribunal acord¨® declarar de oficio un tercio de las costas del procedimiento.