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EL INFORME de la Comisi¨®n Nacional del Sistema El¨¦ctrico en el que denuncia de forma p¨²blica el favoritismo oficial hacia las empresas el¨¦ctricas -que implica titulizar una parte de los costes de transici¨®n a la competencia (CTC) equivalente a 1,03 billones de pesetas- ha provocado una pol¨¦mica con el Ministerio de Industria que debe interesar necesariamente al consumidor. ?ste ser¨¢ quien pagar¨¢ finalmente en el recibo de la luz los pactos a los que han llegado el Gobierno y las empresas el¨¦ctricas con un recargo del 4,5% sobre la tarifa el¨¦ctrica. Sostiene la Comisi¨®n que los CTC (que son las compensaciones financieras que el Gobierno ha acordado pagar a las compa?¨ªas debido a que cuando se produzca la liberalizaci¨®n del sector el¨¦ctrico gran parte de las plantas de producci¨®n ser¨¢n incapaces de generar energ¨ªa el¨¦ctrica competitiva), s¨®lo pueden ser calculados efectivamente cuando haya concluido el periodo transitorio; que, mientras tanto, todas las cantidades son provisionales y no derechos adquiridos; que la cantidad total pactada por el Gobierno y las el¨¦ctricas, pagadera en el plazo de 10 a?os, es excesiva, y que la titulizaci¨®n de 1,03 billones equivale a conceder, sin posibilidad de vuelta atr¨¢s, un impuesto a favor de los bancos por un importe probablemente muy superior a lo que realmente sumen los costes de la competencia.La titulizaci¨®n es un sofisticado procedimiento financiero que permitir¨ªa a las el¨¦ctricas percibir hoy de los bancos la deuda que el Gobierno le ha reconocido provisionalmente en el plazo de 10 a?os; a cambio, vender¨ªan el derecho hist¨®rico de esa deuda a los bancos que constituyeran el fondo de titulizaci¨®n, quienes, a su vez, emitir¨ªan t¨ªtulos o bonos para pagar inmediatamente los 1,03 billones. Por el procedimiento de m¨¢s vale p¨¢jaro en mano, una cifra provisional se convierte en un derecho adquirido y percibido con antelaci¨®n, y si el coste final fuese, como dice la Comisi¨®n, inferior a los 1,03 billones cuya titulizaci¨®n se pretende aprobar en una enmienda a la Ley El¨¦ctrica, ya se pueden apreciar las dificultades con que tropezar¨ªa un Gobierno futuro para reclamar el exceso pagado por los consumidores.

La respuesta del ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, a las acusaciones de la Comisi¨®n ha sido manifiestamente pobre. Piqu¨¦ ha acusado a la Comisi¨®n de seguir "una estrategia pol¨ªtica" y de no ayudar "en el proceso de liberalizaci¨®n del sector el¨¦ctrico", lo cual resulta bastante sorprendente teniendo en cuenta que el presidente de la Comisi¨®n es Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, uno de los m¨¢s coherentes liberalizadores de la econom¨ªa espa?ola. Piqu¨¦ ha rehuido entrar en el fondo de la cuesti¨®n y no ha respondido a los interrogantes que plantea la operaci¨®n: por qu¨¦ los ciudadanos tienen que pagar un 4,5% de sus recibos de la luz como compensaci¨®n o subvenci¨®n a unas empresas cuya obligaci¨®n es producir kilovatios en un mercado competitivo, cuando, por otra parte, tales empresas mantienen elevados beneficios y reparten dividendos entre sus accionistas.

Admitiendo que las compa?¨ªas el¨¦ctricas tienen derecho a percibir compensaciones, quedar¨ªa en pie el comportamiento pol¨ªtico del Ministerio de Industria. Porque mientras las empresas valoran en casi dos billones la cantidad total que deben percibir como costes de transici¨®n, la Comisi¨®n El¨¦ctrica ha insistido en varias ocasiones en que, seg¨²n sus c¨¢lculos, la cantidad m¨¢s probable a la que tendr¨ªan derecho est¨¢ en torno a los 500.000 millones, y ha recomendado que, de admitirse la titulizaci¨®n de los CTC, no se hiciera por una cantidad superior. ?Por qu¨¦ el Gobierno acepta, en contra de los intereses de los consumidores, los c¨¢lculos de las empresas y rechaza los que ha realizado la Comisi¨®n, que es un organismo p¨²blico y cuyas conclusiones son m¨¢s favorables para los consumidores? ?No se estar¨¢ financiando, con la admisi¨®n de costes tan elevados, no s¨®lo la reconversi¨®n de los activos ineficientes de las el¨¦ctricas, sino tambi¨¦n sus beneficios?

El asunto no es balad¨ª, porque entre la cifra que apunta la Comisi¨®n El¨¦ctrica y la que ha pactado el Gobierno con las empresas hay una diferencia de ?casi un bill¨®n de pesetas!, que tendr¨¢n que pagar los consumidores durante 10 a?os a cambio de una liberalizaci¨®n difusa, donde no se aprecia el horizonte en el que los particulares podr¨¢n elegir suministrador. Ni siquiera las parcas rebajas en las tarifas de los ¨²ltimos dos a?os, fruto m¨¢s de la baja de los tipos de inter¨¦s que de la competencia, parecen suficiente compensaci¨®n para cargar con una deuda tan onerosa. En parte porque la propia Comisi¨®n ha calculado que tales rebajas podr¨ªan ser muy superiores a las que se han producido. Son ¨¦stas las respuestas y las explicaciones que el Gobierno tiene que dar a los consumidores en lugar de perderse en acusaciones pol¨ªticas. No es redundante pedir luz y taqu¨ªgrafos precisamente en el sector el¨¦ctrico.