El Supremo decide investigar las denuncias de corrupci¨®n contra el PP por el 'caso Zamora'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado admitir a tr¨¢mite y asumir la investigaci¨®n de la querella por corrupci¨®n presentada por el Grupo Socialista de la Diputaci¨®n de Zamora contra los m¨¢ximos responsables de dicha instituci¨®n provincial entre 1983 y 1997, todos ellos del Partido Popular. En un auto difundido ayer, el tribunal estima que los hechos denunciados revisten "indiciariamente" caracteres delictivos y, pese a su tradicional criterio restrictivo, se declara competente al figurar entre los querellados el diputado Jos¨¦ Manuel Pe?alosa y el senador Dionisio Garc¨ªa Carnero.

Casi dos a?os despu¨¦s de que estallara, en febrero de 1997, el caso Zamora -el presunto pago de comisiones por la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas de la Diputaci¨®n Provincial- recal¨® ayer en el Tribunal Supremo.La Sala de lo Penal admiti¨® a tr¨¢mite la querella presentada por un grupo de diputados socialistas, se declar¨® competente para investigar el asunto y acord¨® el nombramiento de un juez instructor. Ser¨¢ el magistrado Joaqu¨ªn Delgado, ponente de la sentencia del caso Marey, a quien le corresponde por turno, seg¨²n fuentes del tribunal citadas por Europa Press.

El auto del Supremo se?ala que la querella presentada el 30 de junio pasado contra Luis Cid Font¨¢n, presidente de la Diputaci¨®n zamorana desde 1982 hasta 1991, y otros siete dirigentes del PP por delitos continuados de prevaricaci¨®n, cohecho y usurpaci¨®n de funciones ha sido avalada por la investigaci¨®n que realiz¨® el fiscal jefe de Zamora, Jos¨¦ Mar¨ªa Caballero, bajo la direcci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, y por las propias declaraciones del ex presidente de la instituci¨®n provincial Antol¨ªn Mart¨ªn.

"Bajo la presidencia de Don Luis Cid Font¨¢n", se?ala el auto reproduciendo la denuncia del fiscal, "se consolid¨® un modo de efectuar las adjudicaciones de obras y servicios que no s¨®lo no se ajustaba a la legislaci¨®n vigente, sino que de forma abierta y constante y, desde luego, con indicios de que se actuaba con pleno conocimiento de ello, se prescind¨ªa de los tr¨¢mites legalmente establecidos, limitando deliberadamente la libre concurrencia de las empresas que pudieran estar interesadas, siempre con el prop¨®sito de beneficiar a una determinada oferta".

No al suplicatorio

El instructor, seg¨²n el acuerdo de la Sala de lo Penal, podr¨¢ encomendar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n la pr¨¢ctica de las diligencias solicitadas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n (toma de declaraci¨®n como testigos o imputados a una treintena de personas, requerimientos a la Diputaci¨®n de Zamora y a las sociedades Tecopysa e Inzamac, y oficios al Ayuntamiento y a la instituci¨®n provincial), pues el principal implicado, Luis Cid, es ahora procurador regional.Pese a recordar el "criterio restrictivo con que siempre" act¨²a a la hora de asumir una investigaci¨®n, el Supremo ha acordado "declarar y aceptar su competencia para la instrucci¨®n y, en su caso, el enjuiciamiento de esta causa, al figurar entre los querellados un senador y un diputado".

Se refiere al senador Dionisio Garc¨ªa Carnero, ex responsable de obras y ex vicepresidente de la Diputaci¨®n, y a Jos¨¦ Manuel Pe?alosa Ruiz, actual portavoz del Grupo Popular en la Comisi¨®n de Control de RTVE del Congreso, que fue vicepresidente de la Diputaci¨®n zamorana de 1987 a 1991 y presidente provincial del PP de 1988 a 1995.

No obstante, el Supremo considera que, "en este momento, no concurren las circunstancias legalmente precisas para solicitar del Senado y el Congreso la necesaria autorizaci¨®n para proceder contra las personas aforadas".

En su escrito del pasado 21 de octubre, el fiscal anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, pidi¨® al Supremo que asumiese la competencia sobre el caso, pero que delegase la instrucci¨®n en el tribunal de Castilla y Le¨®n, al menos "hasta que procediere, por resultar imprescindible, que la investigaci¨®n tenga que dirigirse, directa, expresa y formalmente, contra las personas aforadas, lo que en este momento no resulta justificado". Seg¨²n la fiscal¨ªa, "concurren indicios m¨¢s precisos y numerosos" respecto a Cid que respecto a Pe?alosa, "cuya participaci¨®n consisti¨® en la intervenci¨®n en las decisiones colegiadas del Pleno de la Diputaci¨®n Provincial", o Dionisio Garc¨ªa Carnero, quien, "si bien ha tomado formalmente decisiones presuntamente irregulares lo hizo siempre como presidente accidental y, en todo caso, en menor n¨²mero" que otros.

Adem¨¢s de los tres citados, la querella se dirige contra Casto Lorenzo Ortega, ex vicepresidente de la Diputaci¨®n, Eustaquio Villar Villar, ex responsable de Obras de la misma, Aurelio Tom¨¢s Fern¨¢ndez, ex vicepresidente y actual portavoz del Grupo Popular en dicha instituci¨®n y Jos¨¦ Crespo Neches y Vicente Vaquero Merino, ex diputados provinciales del PP.

El caso Zamora lo inici¨® el 21 de 21 de febrero de 1997 el entonces presidente de la Diputaci¨®n, Antol¨ªn Mart¨ªn, expulsado luego del PP, quien denunci¨® la corrupci¨®n de sus antecesores en el cargo. La mayor¨ªa del Grupo Popular en la instituci¨®n provincial le permiti¨® controlar la comisi¨®n de investigaci¨®n creada en su seno para aclarar el esc¨¢ndalo.