Arenas amenaza a Chaves con llevar al Gobierno andaluz a los tribunales

El ministro de Trabajo, Javier Arenas, ha dado un ultim¨¢tum al presidente andaluz, Manuel Chaves: o paga la deuda que la Junta tiene con la Seguridad Social o lleva al Gobierno andaluz a los tribunales. ?sta es la ¨²ltima batalla de la larga guerra que libran desde hace dos a?os y medio el Ejecutivo central y el andaluz y que en las ¨²ltimas semanas se ha recrudecido por la decisi¨®n del Ministerio de Econom¨ªa de bloquear a la Junta la emisi¨®n de deuda p¨²blica prevista en los presupuestos andaluces de 1999.

Como r¨¦plica a la advertencia de Javier Arenas, presidente tambi¨¦n del PP andaluz, Manuel Chaves ha apuntado la posibilidad de que se reedite un 28 de febrero como el de 1980, cuando Andaluc¨ªa vot¨® en refer¨¦ndum ser comunidad de v¨ªa r¨¢pida junto a Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco.La pugna Junta-Gobierno, personalizada en el duelo Chaves-Arenas, ha hecho de Andaluc¨ªa un campo de batalla desde que el PP gan¨® las elecciones generales de 1996. Los dos ¨²ltimos episodios de este enfrentamiento son un claro ejemplo de las dificultades para que ambas administraciones lleguen a acuerdos.

El Ministerio de Econom¨ªa se niega a autorizar la emisi¨®n de deuda p¨²blica de la Junta para 1999: 118.382 millones de pesetas que el Ejecutivo andaluz ya ha incluido en su presupuesto. El argumento es que ¨¦ste no cumple los criterios del Pacto de Estabilidad, que obliga al Gobierno central y a los auton¨®micos a apretarse el cintur¨®n en la elaboraci¨®n de los presupuestos y a controlar el d¨¦ficit.

Esta circunstancia ha irritado especialmente a la Junta, que aduce que es la comunidad de v¨ªa r¨¢pida que menos endeudamiento per c¨¢pita tiene (136.853 pesetas por habitante), por debajo de Catalu?a (242.528) o el Pa¨ªs Vasco (179.216).

"Es un claro intento de desprestigiar a Andaluc¨ªa", afirma el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarr¨ªas, que a?ade que en julio pasado la Junta y el Gobierno llegaron a un acuerdo sobre el endeudamiento que ha roto el segundo.

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Juan Ojeda, defiende que la "no autorizaci¨®n todav¨ªa" de la emisi¨®n responde a criterios "t¨¦cnicos". "Si la Junta demuestra que cumple con el d¨¦ficit, se le autorizar¨¢ la deuda", dice. El segundo factor que ha enturbiado en las ¨²ltimas semanas las relaciones entre ambas administraciones es la deuda que el Gobierno andaluz tiene con la Seguridad Social. T¨¦cnicos de la Junta y del Ministerio de Trabajo llegaron a la conclusi¨®n de que la parte b¨¢sica de la deuda, lo que se denomina el principal, asciende a poco m¨¢s de 3.000 millones de pesetas. No obstante, Arenas reclama a Chaves hasta 21.447 millones m¨¢s por obligaciones de apremio y 228 millones m¨¢s por intereses.

El Gobierno andaluz defiende que la ley auton¨®mica de Hacienda le exime de pagar los apremios y que, por tanto, se limitar¨¢ a saldar el principal. "Arenas reclama a Andaluc¨ªa lo que no se atreve a exigir a otras comunidades", afirma Zarr¨ªas, que advierte de que el Gobierno central "est¨¢ entrando en un camino muy peligroso" en las relaciones institucionales.

El secretario general del PP andaluz, por contra, afirma que la "Junta no puede esquivar" el pago ¨ªntegro de la deuda, que Trabajo eleva a m¨¢s de 25.000 millones.

Estos dos elementos sirven para explicar las complicadas relaciones institucionales que mantienen la Junta y el Ejecutivo central desde 1996, las cuales han llegado a estar al borde de la quiebra. En este tiempo, la Junta y el PSOE se han esforzado en explicar que Madrid "margina" a Andaluc¨ªa, la comunidad m¨¢s importante que gobiernan los socialistas. Paralelamente, el PP ha concentrado su discurso en decir que Chaves utiliza la Junta como punta de lanza del PSOE contra el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Los dos elementos que fundamentalmente han enturbiado las conversaciones entre ambas administraciones son el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, que la Junta ve injusto y contrario a los intereses de Andaluc¨ªa, y el no reconocimiento de la poblaci¨®n real de la comunidad a efectos financieros, lo que se ha venido a llamar la batalla del censo.

El Gobierno central, cuando hace las cuentas de la principal partida que env¨ªa cada a?o a la Junta, se basa en el padr¨®n de 1988 en vez de hacerlo en el de 1996, lo que significa que no computa a 383.179 habitantes.