250.000 peruanas esterilizadas en tres a?os

"A. M. B., de 30 a?os, vive en el caser¨ªo de Raquia, departamento de Ancash. Fue sometida a un bloqueo tub¨¢rico por insistencia de los agentes de salud que realizaron visitas domiciliarias. Le dijeron que, si no se ligaba las trompas, una terrible enfermedad le pod¨ªa causar la muerte. M. B. es viuda con ocho hijos. Los agentes de salud le dijeron que si se ligaba, nunca m¨¢s tendr¨ªa problemas econ¨®micos. Le ofrecieron v¨ªveres, le mostraron un billete de 100 soles (4.600 pesetas) y le prometieron que con ese dinero pod¨ªa cubrir todos sus gastos. Ante la insistencia, M. B. accedi¨®. Fue esterilizada en mayo de 1997. Nunca recibi¨® lo ofrecido". ?ste es el relato de una de las 250.000 peruanas que ha sido esterilizada a lo largo de los tres ¨²ltimos a?os y que forma parte de un informe elaborado por el Comit¨¦ de Am¨¦rica Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM), que abarca hasta noviembre de este a?o. Sus conclusiones se basan en casos totalmente identificados. El trabajo de esta investigaci¨®n ser¨¢ presentado el pr¨®ximo mes de febrero en Lima (Per¨²).El azar determin¨® que en noviembre de 1996 Giulia Tamayo coincidiera con una Campa?a de Anticoncepci¨®n Quir¨²rgica en Huancabamba, capital de Piura. Fueron los primeros indicios y evidencias sobre los abusos de la implantaci¨®n del Programa de Salud Reproductiva y Planificaci¨®n Familiar (1996-2000). Tamayo estaba con una dirigente local de una ONG en el despacho del director de un centro de salud. En una vitrina vieron varios documentos entre los cuales destacaba uno que conten¨ªa las metas num¨¦ricas de anticoncepci¨®n quir¨²rgica programadas y ejecutadas en la provincia hasta septiembre de ese mismo a?o. Terminada la entrevista, al salir del edificio, coincidieron con un veh¨ªculo que trasportaba a las que ser¨ªan esterilizadas ese d¨ªa. No pudieron conocer sus nombres ni su procedencia. Eran pobres y estaban silenciosas.

Metas num¨¦ricas

?ste fue el primer hilo de un ovillo que se ha convertido en el informe Nada personal. Coordinado por Giulia Tamayo, abogada e investigadora en derechos humanos, este documento sobre Anticoncepci¨®n quir¨²rgica en el Per¨², revela que el Gobierno de Alberto Fujimori "estableci¨® metas num¨¦ricas de usuarias a nivel nacional exclusivamente para el m¨¦todo de anticoncepci¨®n quir¨²rgica" y que estas intervenciones se hicieron "con presi¨®n y est¨ªmulos a los establecimientos de salud y al personal m¨¦dico para el cumplimiento de dichas cuotas, lo que propici¨® violaciones de los derechos humanos". Dichas metas, seg¨²n revelaron funcionarios de alto nivel, eran conseguir 100.000 esterilizaciones el a?o 1996, 130.000 el 97 y 165.827 este a?o. El Instituto Nacional de Estad¨ªstica totaliz¨® 81.761 ligaduras de trompas en el 96. Seg¨²n expertos en salud, la meta se alcanz¨® en 1997 y este a?o descender¨¢ a 43.000 operaciones debido a las denuncias que se empezaron a producir a primeros de a?o sobre esta pr¨¢ctica de anticoncepci¨®n irreversible.Los primeros casos llegaron al Defensor del Pueblo de Per¨² en 1997. A partir de entonces se ir¨ªan acumulando evidencias sobre sistem¨¢ticas violaciones de los derechos humanos, debido a la pol¨ªtica agresiva que impon¨ªa la esterilizaci¨®n a mujeres pobres o de extrema pobreza. Seg¨²n datos de 1996, Per¨² tiene 23.947.000 habitantes, de los cuales el 50,3% son mujeres y de ¨¦stas, 6.259.000 en edad f¨¦rtil. El 48% de la poblaci¨®n se ubica en el estrato pobre y el 18%, en el de extrema pobreza.

La positiva actitud del Defensor alert¨® en 1997 a los medios de comunicaci¨®n. La prensa empieza a informar de casos que terminaron en muerte o en complicaciones graves posoperatorias. La reacci¨®n del Gobierno es negarlo todo. Seg¨²n el Gobierno de Fujimori, no hab¨ªa metas en anticoncepci¨®n quir¨²rgica y, por tanto, no hab¨ªa imposici¨®n de cuotas de captaci¨®n de usuarias. El Gobierno acusa a grupos conservadores de impulsar la campa?a period¨ªstica para generar desconfianza en la poblaci¨®n sobre este m¨¦todo anticonceptivo.

En enero de 1998, Grover Joseph Rees, del Subcomit¨¦ de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos del Congreso Norteamericano, visita Per¨². Su informe posterior se?ala: "Varios doctores y otros trabajadores de salud reportaron a mis informantes que es bien conocido que todo hospital y posta m¨¦dica tiene una cuota de esterilizaciones a llevar a cabo, y que cada responsable sabe cu¨¢l es su cuota. Algunos de estos trabajadores reportaron que las cuotas se subdividen entre doctores y trabajadores de salud. Un funcionario regional de salud report¨® haber recibido llamadas peri¨®dicas de Yong Motta, ex ministro de Salud y actual asesor en pol¨ªtica de salud de Fujimori, el cual pregunt¨®: "?C¨®mo van las metas?" Dos funcionarios informaron de que trabajadores de salud pobremente pagados recibieron una bonificaci¨®n por cada mujer que persuad¨ªan para consentir con la ligadura de trompas. Un trabajador report¨® que en 1997 se le asign¨® una cuota de cuatro. La cumpli¨®, pero su jefe le pregunt¨® que a cu¨¢ntas mujeres adicionales hab¨ªa convencido. (...) El jefe sugiri¨® que les ofreciera alimentos a cambio de su consentimiento...".

Y, mientras tanto, ?cu¨¢l era la posici¨®n de los m¨¦dicos? El presidente de la Federaci¨®n M¨¦dica de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas, H¨¦ctor Ch¨¢vez, declar¨® a El Comercio que, si bien reconoc¨ªa importantes logros al Gobierno, su mayor error era poner en riesgo el futuro del pa¨ªs con las campa?as de esterilizaci¨®n. "Tengo mucho temor y mucho que perder al hacer estas declaraciones porque no soy nombrado, sino s¨®lo contratado, y tengo una familia con esposa e hijos que mantener, pero creo que como presidente de la Federaci¨®n tengo una obligaci¨®n moral", afirm¨®.

En esa misma regi¨®n ocurri¨® uno de los hechos m¨¢s estremecedores recogidos por el informe Nada personal: "A. A. A., de 38 a?os, seis hijos. De acuerdo al testimonio del viudo, su esposa fue convencida para esterilizarse. La intervenci¨®n se realiz¨® el 21 de julio de 1996. Sufri¨® perforaci¨®n de v¨ªscera hueca. En el hospital no hab¨ªa anestesi¨®logo, s¨®lo anestesista. La cosieron y la trasladaron a otro centro. Le dieron el alta el 29 de julio del 96. Falleci¨® en marzo de 1997 en otro hospital. Seg¨²n el certificado de defunci¨®n, la muerte se produjo por una "septicemia ocasionada por un transporte hidroel¨¦ctrico como consecuencia de una f¨ªstula intestinal, sum¨¢ndose al cuadro una deshidrataci¨®n aguda". El cirujano que la esteriliz¨® present¨® su renuncia irrevocable".

Si a A. A. A. le convencieron, otros casos demuestran que el Gobierno peruano ha recurrido incluso a coacciones para lograr sus prop¨®sitos. Desde los llamados festivales hasta promesas monetarias o de alimentos, muchos han sido los m¨¦todos para convencer a la mayor¨ªa de las 250.000 peruanas esterilizadas en los ¨²ltimos tres a?os. Tamayo enumera en su informe los abusos y otras pr¨¢cticas violatorias de la esterilizaci¨®n forzada: "Bajo enga?o manifiesto, violencia, coacci¨®n o grave amenaza hacia la persona objeto de intervenci¨®n, o hacia su c¨®nyuge; esterilizaci¨®n en el contexto de otra intervenci¨®n (postparto, postaborto...); por autorizaci¨®n exclusiva de sus parejas varones; enga?o sobre el car¨¢cter irreversible de la operaci¨®n...".

El comienzo del fin de estos abusos se inici¨® aquel d¨ªa de noviembre de 1996 en el despacho de un peque?o centro de salud. Un a?o antes, el Congreso peruano modific¨® la Ley Nacional de Poblaci¨®n a fin de incluir la anticoncepci¨®n quir¨²rgica voluntaria como una de las opciones y m¨¦todos para llegar al 2000 con "2,5 hijos por mujer".