Un informe de expertos propone descentralizar la justicia en Catalu?a para hacerla m¨¢s eficaz

La justicia es actualmente un servicio centralizado y opaco en sus decisiones, pero tiene arreglo si se descentraliza en todos sus ¨¢mbitos, si se acerca m¨¢s al ciudadano y si se aumentan las actuales y escasas competencias de la Generalitat. ?sa es la opini¨®n que expone un grupo de expertos en el primer informe sobre el poder judicial que se realiza en Catalu?a. La obra no se limita a constatar la realidad actual, como ocurri¨® en su d¨ªa con el llamado Libro Blanco de la Justicia, sino que propone medidas para modernizar y hacer m¨¢s eficaz y ¨¢gil este servicio p¨²blico.

El informe Pi i Sunyer sobre la justicia a Catalunya fue presentado ayer en la Fundaci¨®n Carles Pi i Sunyer de Estudios Auton¨®micos y Locales, la entidad que promovi¨® la iniciativa. Jaume Galofr¨¦, responsable de los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido el director de la obra, de 666 p¨¢ginas y en cuya redacci¨®n han participado 59 juristas. Entre los autores figuran el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), Guillem Vidal; el presidente de la fundaci¨®n, ?ngel Garc¨ªa Fontanet, y el juez decano de Barcelona, Joaquim Bayo. Al acto de ayer tambi¨¦n asisti¨® Ernest Maragall, patr¨®n de la fundaci¨®n y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. El libro constata que la justicia no ha experimentado la misma modernizaci¨®n que cualquier Administraci¨®n p¨²blica y propone varios frentes de actuaci¨®n. Uno de ellos es que la Generalitat aumente las escasas competencias que tiene en materia de justicia. La obra explica que las sentencias dictadas en los ¨²ltimos a?os por el Tribunal Constitucional han vaciado de contenido las previsiones del Estatut. De esta forma, la Administraci¨®n auton¨®mica ni siquiera puede delimitar el ¨¢mbito territorial de los juzgados, ni convocar concursos para cubrir las vacantes de funcionarios, decisiones que corresponden al Ministerio de Justicia o al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ?ltima instancia En este mismo sentido, el informe coincide con una aspiraci¨®n expresada hace un mes por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol: que el TSJC se convierta en la ¨²ltima instancia judicial en Catalu?a en recursos de casaci¨®n, tal y como prev¨¦ el art¨ªculo 19 del Estatut. De esta manera, el Tribunal Supremo se encargar¨ªa de unificar jurisprudencia e interpretar las normas estatales. Sin embargo, el ¨¢mbito penal quedar¨ªa fuera de este ¨¢mbito, como ya est¨¢ previsto tambi¨¦n en el Estatut. La obra reclama que, en cumplimiento del Estatut, todos los funcionarios judiciales y los secretarios dependan de la Generalitat. Seg¨²n los autores, dada la inmediatez y proximidad en la gesti¨®n, no tiene sentido que el personal forme parte de cuerpos nacionales, pues esa situaci¨®n fomenta el corporativismo. El libro asegura que una de las causas de la lentitud de la justicia es el gran n¨²mero de pleitos. Para acabar con esta situaci¨®n se propone aplicar procedimientos de mediaci¨®n, para evitar la intervenci¨®n de los jueces, o nuevas f¨®rmulas, como la justicia municipal prevista en la Carta Municipal. Los cambios, explica el libro, deber¨ªan afectar tambi¨¦n al CGPJ. En este sentido, el Informe Pi i Sunyer reclama que los partidos pol¨ªticos sean m¨¢s exigentes a la hora de pactar o proponer los vocales del llamado gobierno de los jueces. Por eso proponen que, dado que han de ser escogidos por el Parlamento, los aspirantes deber¨ªan comparecer primero en la comisi¨®n de Justicia, para mostrar su idoneidad. Puesto que el CGPJ es un ¨®rgano pol¨ªtico, la obra propone que, una vez escogidos sus miembros, ¨¦stos elaboren y expliquen un programa de gobierno para que los ciudadanos puedan conocer sus intenciones. Las reformas deber¨ªan afectar tambi¨¦n al ministerio fiscal, para convertirlo en el instructor de los procesos penales. De esta manera, se reservar¨ªa al juez la funci¨®n de garantizar los derechos de las personas afectadas y adoptar las medidas cautelares que les afecten. El informe explica que, en este caso, el fiscal general del Estado ser¨ªa nombrado por el Parlamento, dl que depender¨ªa, y no por el Gobierno, como sucede en la actualidad. En este caso, explica la obra, se deber¨ªa plantear si el fiscal ha de establecer prioridades en su actuaci¨®n, para evitar arbitrariedades o decisiones coyunturales, y no como sucede actualmente, que act¨²a bajo el principio de legalidad y persigue por igual todos los delitos.