Nueva etapa del TC

LA ELECCI?N de Pedro Cruz Villal¨®n como presidente del Tribunal Constitucional -el quinto desde 1980- pone fin a una situaci¨®n an¨®mala y nada grata para sus miembros, adem¨¢s de profundamente perjudicial para la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El Senado ha tardado 10 meses en resolver la elecci¨®n de los cuatro magistrados que le corresponden, con lo que ha prolongado durante este tiempo el mandato improrrogable (nueve a?os) de los cesantes. Entre ellos, el presidente y el vicepresidente del Tribunal.Ya se ha dicho casi todo acerca de la desidia e irresponsabilidad de los partidos en el cumplimiento de los plazos previstos para la renovaci¨®n de los altos ¨®rganos del Estado (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas) que exigen mayor¨ªas parlamentarias cualificadas. En primer lugar hay que se?alar al partido del Gobierno por su condici¨®n de garante del funcionamiento de las instituciones. El PSOE tuvo que cargar merecidamente con esta cr¨ªtica en su etapa de Gobierno. Ahora es el PP quien sigue sus pasos. Est¨¢ visto que es m¨¢s fuerte la querencia de los dos partidos mayoritarios a satisfacer sus particulares intereses que a cumplir la ley.

No es extra?o, pues, que los plazos legales salten y se alarguen a conveniencia. Incluso cuando se eligen candidatos de un perfil profesional y humano intachable, como es el caso de los reci¨¦n designados, el ciudadano tiene la sensaci¨®n de que las fuerzas pol¨ªticas no han actuado correctamente. Lo que debi¨® hacerse en su momento, dentro del holgado plazo de cuatro meses se?alado por la ley, y con el sosiego y el estudio requeridos, se ha hecho a toda prisa con 10 meses de retraso, transmitiendo una imagen inquietante de improvisaci¨®n. Estos comportamientos siguen facilitando munici¨®n -que no dejan de aprovechar- a cuantos insisten en implantar un injerto de democracia corporativa en el actual sistema parlamentario, con su pretensi¨®n de romper toda vinculaci¨®n de las instituciones del Estado con la soberan¨ªa popular expresada en el Parlamento.

Pero esta cuesti¨®n es de entera responsabilidad de los partidos pol¨ªticos, aunque sus m¨¢s directas v¨ªctimas sean las instituciones, como ha ocurrido en este caso con el Tribunal Constitucional. A sus magistrados les toca hacer lo posible para que su normal funcionamiento no se resienta incluso en esas circunstancias adversas. El TC as¨ª lo ha hecho, de modo que su ritmo de trabajo ha sido el de siempre. Su anterior presidente, ?lvaro Rodr¨ªguez Bereijo, ha conseguido, pese a todo, desvincular el trabajo del tribunal de esos comportamientos criticables de los partidos, de forma que no pudiera hablarse en ning¨²n caso de interinidad. Cabe afirmar que en los cuatro a?os que lo ha presidido Bereijo -incluidos los meses en que lo ha hecho en funciones-, el Constitucional ha trabajado a pleno rendimiento, dictando importantes sentencias, como la que fij¨® los l¨ªmites constitucionales de la prisi¨®n preventiva frente a los abusos a que se hab¨ªa llegado por parte de alg¨²n juez de instrucci¨®n. A ello hay que a?adir un orientador protagonismo p¨²blico que Bereijo no ha dudado en ejercer durante su mandato en todo lo relacionado con la protecci¨®n de los derechos fundamentales.

Su sucesor, Pedro Cruz Villal¨®n, magistrado del TC desde junio de 1992, elegido por el Congreso con el respaldo del PSOE, IU y CiU, va a presidir un tribunal cuyo principal problema es el de todos los tribunales de este pa¨ªs: el riesgo de colapso por la acumulaci¨®n de asuntos sin resolver. Su conocimiento y su experiencia, con la ayuda de una reforma legal ya en curso que evite que el TC siga siendo el rompeolas jurisdiccional de los asuntos de la justicia ordinaria y regule m¨¢s estrictamente la admisi¨®n de los recursos de amparo, pueden facilitar mucho que este problema se resuelva o al menos mejore sustancialmente durante su etapa de presidente. Su elecci¨®n ha sido acogida muy favorablemente por agrupaciones judiciales tan dispares como Jueces para la Democracia y la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. Y su trayectoria profesional hace suponer razonablemente que la presidencia del TC se beneficiar¨¢ de un aporte t¨¦cnico-constitucional muy cualificado, lo que contribuir¨¢, sin duda, a garantizar el funcionamiento de una instituci¨®n clave en nuestro sistema democr¨¢tico.