Un plan conformista

LOS PLANES de estabilidad de los Gobiernos europeos est¨¢n dise?ados como documentos que aspiran a lograr la aprobaci¨®n de las autoridades comunitarias. No son, en ese sentido, textos que tengan implicaciones pol¨ªticas internas. En el caso del espa?ol, se da la circunstancia a?adida de que el periodo que abarca es superior al plazo de mandato que le queda al Gobierno, por lo cual hay que descontar ciertas dosis de voluntarismo. Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta al valorar el Plan de Estabilidad 1999-2002 espa?ol, que prev¨¦ una tasa de crecimiento medio de la econom¨ªa para el periodo del 3,3% y la creaci¨®n de 1,3 millones de empleos, hasta reducir la tasa de paro del 18,5% actual al 12,8%. El plan incluye, como ejercicio de convergencia real, una aproximaci¨®n de la renta espa?ola a la media europea desde al 79% actual hasta el 82%.La columna vertebral de este plan consiste precisamente en sostener el crecimiento econ¨®mico por encima del de los pa¨ªses de la UE para homologar la renta espa?ola con la europea y mantener un aumento sustancial del empleo durante los pr¨®ximos cuatro a?os. Todo ello en un marco de una estabilidad relativa de los precios -inferiores al 2%- y con un horizonte de equilibrio presupuestario en el a?o 2001 y super¨¢vit en el siguiente. Ahora bien, el entramado de fuerzas econ¨®micas que debe soportar estos objetivos es, como sucede en los presupuestos, de dif¨ªcil instrumentaci¨®n. Se supone que la inversi¨®n p¨²blica, con un crecimiento medio anual del 10%, ser¨¢ el principal dinamizador del crecimiento. Pero estas tasas deben alcanzarse en una din¨¢mica presupuestaria de descenso de la presi¨®n fiscal en 1999 y de congelaci¨®n durante el resto del periodo. Cabe preguntarse si ser¨¢ factible lograr un aumento medio del 10% anual de la inversi¨®n en estas condiciones. En cuanto al consumo privado, que debe ser el segundo motor del crecimiento, es un factor de est¨ªmulo que ha de manejarse con cuidado, puesto que puede hipotecar los objetivos de inflaci¨®n y de equilibrio exterior.

Es oportuna adem¨¢s una reflexi¨®n pol¨ªtica sobre el d¨¦ficit. Ser¨¢ complicado explicar a la sociedad espa?ola que se ha registrado un super¨¢vit del 0,1% del PIB -en el ejercicio 2002- cuando han disminuido de forma tan notable las prestaciones por desempleo, las pensiones suben lentamente, las infraestructuras ni aumentan ni mejoran y la calidad de los servicios p¨²blicos empeora a pasos agigantados. A favor de los objetivos del Gobierno operan factores tales como las ventajas inmediatas que obtendr¨¢ la econom¨ªa espa?ola en la uni¨®n monetaria, y la mejora financiera de las familias y empresas espa?olas debido al prolongado descenso de los tipos de inter¨¦s y a la rebaja de los impuestos el a?o pr¨®ximo. A cambio, no est¨¢ claro que la crisis econ¨®mica del sureste asi¨¢tico y Rusia haya cicatrizado definitivamente; y tampoco lo est¨¢ que Francia y Alemania, los pa¨ªses con los que Espa?a realiza los intercambios comerciales m¨¢s importantes, vayan a entrar en una expansi¨®n que ampl¨ªe su comercio exterior. Alemania, que est¨¢ considerada la locomotora europea, puede crecer menos del 2% el a?o que viene.

La llave del futuro de la econom¨ªa espa?ola sigue siendo la competitividad. Es p¨²blico y notorio que la diferencia de inflaci¨®n con las zonas centrales del ¨¢rea monetaria donde vamos a integrarnos, y algunas diferencias sustanciales en la flexibilidad laboral, va a deteriorar la competitividad de los productos espa?oles el a?o pr¨®ximo. Es sorprendente, en ese contexto, que el Gobierno, por medio de su secretario de Estado de Econom¨ªa, Crist¨®bal Montoro, corrija sus posiciones habituales y sostenga que el objetivo de inflaci¨®n del plan es compatible con subidas salariales por encima del IPC; porque una pol¨ªtica econ¨®mica correcta exige reducir la tasa de inflaci¨®n al menos hasta el nivel de la de nuestros interlocutores comerciales. No est¨¢ mal que, por una vez, se abandone la ominosa relaci¨®n causa-efecto entre salarios y precios; pero ello exige que, a cambio, el Gobierno aborde con firmeza planes ambiciosos de liberalizaci¨®n que rompan los privilegios sectoriales, responsables de que los precios de los servicios -transportes, suelo, telecomunicaciones, servicios profesionales- est¨¦n en niveles disparatados. Una vez que la econom¨ªa espa?ola opere en el espacio monetario com¨²n, lo m¨¢s relevante ser¨¢n las relaciones de intercambio de precios; precisamente las que hoy nos son desfavorables.