Un informe de Bienestar Social critica los "efectos perversos" del "bonocheque" de Mir¨®

Un estudio realizado por la Unidad de Inspecci¨®n de Servicios Sociales critica, en tono constructivo pero sin tapujos, las m¨²ltiples deficiencias del programa de bono residencia, el plan impulsado por la Consejer¨ªa de Bienestar Social, cuya titular es Marcela Mir¨®, para facilitar el alojamiento de personas sin recursos en residencias privadas de la tercera edad. El informe, entre otros "efectos perversos o indeseables", destaca la carencia de plazas, los abusos de algunas residencias y la discriminaci¨®n que sufren los usuarios con menos recursos econ¨®micos.

El trabajo del propio servicio de inspecci¨®n de la Consejer¨ªa de Bienestar Social analiza todos los pormenores relacionados con el programa del bono residencia, desde que el ciudadano presenta la solicitud para acogerse al programa hasta que la residencia cobra las cantidades con las que la Administraci¨®n auton¨®mica costea el alojamiento, cuidado y manutenci¨®n de los beneficiarios. Y si el an¨¢lisis del programa es prolijo, sus conclusiones tambi¨¦n lo son. ?stas son s¨®lo algunas de las mencionadas: Las plazas ofertadas son insuficientes para la demanda generada, especialmente en Alicante, no existe uniformidad en cuanto a los servicios e instalaciones de las residencia privadas incluidas en el programa y, en t¨¦rminos generales, ser¨ªa necesario establecer "un mayor control del uso de fondos p¨²blicos" que llegan a las residencias privadas. Adem¨¢s, los inspectores subrayan las "irregularidades" generadas por la tardanza en resolver las nuevas peticiones de ayudas. As¨ª, el 17 % de las peticiones de subvenciones cursadas en 1998 -aquellas que no ratificaban o prorrogaban ayudas ya concedidas en 1997- no se empezaron a conceder o denegar hasta el mes de julio, ya en el segundo semestre del a?o. Por ello, "las consecuencias inmediatas de los retrasos y los tiempos muertos son sufridos tanto por la residencia como por el cliente", ya que los "procedimientos de pago y de liquidaci¨®n aplazada" entre usuario y empresa provocan "efectos indeseables" al posibilitar "pr¨¢cticas an¨®malas". Por parte de las residencias "se dan cobros por encima de m¨®dulos sin motivo alguno". Por parte de la Administraci¨®n, se incurre "en tardanzas insostenibles (hasta de un a?o) en la liquidaci¨®n al cliente (en algunos casos varios meses despu¨¦s de la muerte del usuario)". El programa de bono residencia, criticado por la oposici¨®n por no garantizar una calidad m¨ªnima del servicio y evitar que la Administraci¨®n consolide las prestaciones en este campo, pretende, sobre el papel, incrementar la oferta de plazas en el sector de la tercera edad e incrementar la capacidad de elecci¨®n del usuario. Para ello, la Administraci¨®n concede al beneficiario -"personas mayores de 60 a?os con necesidad de ser atendidos" y sin suficientes "recursos econ¨®micos"- un vale que puede utilizar en todas las instalaciones adheridas al programa. No obstante, el plan, tal como destaca la inspecci¨®n, presenta m¨²ltiples deficiencias. Por ejemplo, destacan los "aspectos preocupantes" derivados de la relaci¨®n entre oferta y demanda de plazas residenciales, ya que las solicitudes de ayudas formuladas hasta la realizaci¨®n del estudio (2.344) rebasan la oferta de plazas disponibles (2.046). Adem¨¢s, en julio la resoluci¨®n de peticiones "qued¨® paralizada por falta de presupuesto". Estos dos factores refuerzan las consecuencias negativas de los "efectos perversos o indeseables" achacables al programa. Uno de ellos viene provocado por la retroactividad. Los autores del informe destacan que una f¨®rmula pensada para favorecer al usuario -financiar el bono una vez ya utilizado el servicio para paliar, entre otros factores, los retrasos inherentes a la farragosa burocracia administrativa- no hace sino "penalizar" a "los usuarios sin recursos econ¨®micos", principalmente por la actitud de las residencias. Las empresas privadas exigen a sus clientes el cobro de la estancia en base a sus precios, no seg¨²n las cantidades contenidas en los bonos de la Generalitat, que concede la ayuda con posterioridad a que el ciudadano haga uso del servicio. "Dicha pr¨¢ctica", a?ade el estudio, "conlleva inexorablemente que la retroactividad no pueda ser utilizada por personas sin recursos econ¨®micos". Las limitaciones del presupuesto inciden a¨²n m¨¢s en la precaria situaci¨®n del colectivo de usuarios m¨¢s desfavorecido: las personas sin dinero no pueden arriesgarse a utilizar un servicio sin la garant¨ªa de que la Generalitat costear¨¢ su estancia en la residencia. "Consecuentemente es posible que personas con una gran necesidad social queden rezagadas en la cobertura de sus necesidades", afirman los inspectores. Necesidad de mejoras El colof¨®n del estudio apunta la necesidad de mejorar el funcionamiento del programa mediante la introducci¨®n de mejoras en varias ¨¢reas: desde el dise?o de la oferta hasta la organizaci¨®n interna de los servicios de la consejer¨ªa; desde el manejo de las aplicaciones inform¨¢ticas (tema en el que se hace especial hincapi¨¦) hasta el trato a los "clientes", concepto de tintes mercantilistas con el que se menciona a los usuarios. En este ¨²ltimo apartado los responsables del informe recomiendan incrementar la oferta de plazas, suministrar m¨¢s y mejor informaci¨®n al ciudadano y atender con "eficacia" las posibles reclamaciones. En el apartado de las residencias se demanda un incremento de los "m¨ªnimos de calidad actuales", "una supervisi¨®n peri¨®dica y sistem¨¢tica de los estandares de calidad" ofrecidos y una homologaci¨®n de "las prestaciones en relaci¨®n precio-plaza". Esta ¨²ltima medida persigue acabar con los "agravios comparativos" establecidos entre usuarios que, pese a gozar de ayudas de igual cuant¨ªa, reciben un servicio de calidad muy diferente en funci¨®n de la residencia por la que han optado.