Urbanismo pretende legalizar varios edificios de Oropesa cuyo derribo parcial exigieron los jueces

El edificio Par¨ªs, construido en el paseo mar¨ªtimo de Oropesa bajo el control del arquitecto Norberto Gimeno, hermano del alcalde de Castell¨®n, Jos¨¦ Luis Gimeno, se proyect¨® con un exceso de edificabilidad. As¨ª lo dictamin¨® el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y as¨ª lo ratific¨® el Supremo, que orden¨® el derribo parcial del mismo. Sin embargo, la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, Urbanismo y Transportes (COPUT) pretende permitir al Ayuntamiento de Oropesa modificar su Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) para legalizar ¨¦ste y otros dos edificios amenazados por la piqueta, cuestionando y desobedeciendo los criterios jur¨ªdicos y la orden de los jueces.

En un reciente informe de la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo de Castell¨®n, firmado por su secretario, Fernando Renau, este organismo dependiente de la COPUT da el visto bueno a la modificaci¨®n del sector noroeste del PGOU, aprobada por el Consistorio en agosto pasado. En concreto, la comisi¨®n emite un informe favorable a la modificaci¨®n del plan general y eleva la propuesta de aprobaci¨®n definitiva al consejero, Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n. Por tanto, si el preceptivo dictamen del Consejo Jur¨ªdico Consultivo tambi¨¦n resulta favorable, s¨®lo faltar¨¢ la firma del consejero para que el Consell salve de la demolici¨®n las construcciones, ya terminadas y habitadas. Entre otros objetivos, la modificaci¨®n del plan persegu¨ªa la "legalizaci¨®n de actuaciones urban¨ªsticas irregulares". En concreto tres. Sobre la primera de estas, el edificio Par¨ªs, terminado a principios de esta d¨¦cada, pesa una sentencia del TSJ de 1995 y la ratificaci¨®n del Tribunal Supremo en 1997, que ordena su derribo parcial. A la vera del Par¨ªs se levanta otro edificio, el Sol d"Or, cuyo arquitecto fue en este caso el alcalde castellonense, Jos¨¦ Luis Gimeno. El propio Ayuntamiento de Oropesa orden¨® su demolici¨®n por haber sido construido demasiado pr¨®ximo al paseo mar¨ªtimo, en concreto, 5,5 metros m¨¢s cerca de lo permitido por el PGOU. El tercer edificio irregular, pr¨®ximo pero no en primera l¨ªnea de playa, es el Bernal, cuya licencia de construcci¨®n fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia. A juicio de los magistrados, el edificio implic¨® la alteraci¨®n puntual del PGOU por el que se cambiaba el emplazamiento de una zona verde sin el preceptivo informe del Consejo de Estado (se permut¨® la zona verde en primera l¨ªnea de playa por el edificio). Para "legalizar" los edificios, la Comisi¨®n Territorial acepta los cambios de ordenanzas propuestos por el Consistorio. As¨ª, para corregir el Par¨ªs, se pemite la "acumulaci¨®n de vol¨²menes" de forma que no s¨®lo se tome como referencia (para el c¨¢lculo del volumen total del edificio) la superficie del solar "sino tambi¨¦n la de las zonas verdes y dotaciones". De esta forma, la Comisi¨®n Territorial no se siente supeditada a las decisiones judiciales. En el informe favorable, en referencia al Par¨ªs se puntualiza que "la ilegalidad decretada por el Tribunal no puede tenerse como manifiesta, ya que no es patente, notoria o evidente" y se afirma que "son razonablemente posibles interpretaciones alternativas, no siendo arbitraria ni caprichosa, ni carente de argumentos a favor, las sostenida por el Ayuntamiento". Este criterio es rebatido por el abogado Jos¨¦ Luis Ramos, del Instituto de Defensa y Estudio Ambiental, que ha elevado un escrito a la consejer¨ªa en el que defiende que, "ante distintas opiniones, la Administraci¨®n podr¨¢ elegir, pero ante los tribunales tiene que quedarse muda". Y a¨²n es m¨¢s concluyente: "La competencia de los tribunales es exclusiva y excluyente". Y categ¨®rico: "Pretender corregir la interpretaci¨®n que un tribunal hace a un supuesto dado, respecto a derecho aplicable, es propio de rep¨²blicas bananeras, de ignorantes del derecho o de quienes en el ejercicio de sus funciones p¨²blicas se creen que est¨¢n por encima de la ley". Otro de los argumentos discutidos es que el informe de la consejer¨ªa puntualiza que "si la modificaci¨®n no se aplicara a este inmueble [el Par¨ªs], las consecuencias ser¨ªan la demolici¨®n parcial de un bloque de apartamentos que, en la actualidad, pertenecen a terceros adquirientes de buena fe". Ramos asegura que a los "afectados se les otorg¨® el t¨ªtulo de propiedad, con manifestaci¨®n expresa de la carga que soportaba el edificio, de estar pendiente de sentencia por haberse edificado con exceso de volumen".