El Estado facilitador

El Estado del bienestar, paradigma de paz social y de prosperidad genuinamente europeo, se tambalea por los enormes gastos que significa la redistribuci¨®n de la renta v¨ªa los Presupuestos Generales del Estado. El pap¨¢ Estado se ha visto obligado a hacerse cargo de todo lo que estuviera en crisis y a satisfacer una gran cantidad de servicios p¨²blicos como contrapartida al pacto entre los agentes sociales. Pero esta filosof¨ªa tiene un freno, que es el de la carga impositiva que est¨¢ dispuesta a asumir una sociedad para garantizar el mantenimiento de un gasto p¨²blico por encima de sus posibilidades mediante el recurso al endeudamiento. La disciplina presupuestaria a la que obliga la UE y la globalizaci¨®n de la econom¨ªa han conseguido dos cosas en esta etapa de bonanza econ¨®mica: primera, la virtualidad de contener el gasto p¨²blico sin superar un tope que podr¨ªa perjudicar las otras econom¨ªas europeas interconectadas, y segunda, la necesidad de producir a costes lo m¨¢s bajos posibles, dada la competencia de pa¨ªses terceros que no se ajustan a la l¨®gica de los par¨¢metros occidentales.

En este contexto, la trama industrial del Estado, ll¨¢mese INI o ll¨¢mese SEPI, empieza a tener un valor anacr¨®nico, ya que lo que ha de hacer el Estado es garantizar que las empresas privadas puedan actuar en un marco abierto, estable y facilitarse la labor de crear riqueza y puestos de trabajo. Este Estado facilitador es el que inicia en toda Europa el proceso de las privatizaciones de los grandes monopolios y empresas p¨²blicas, con dos objetivos b¨¢sicos: primero, reducir la n¨®mina de los funcionarios p¨²blicos a su cargo, y segundo, y no por ello menos importante, rebajar la carga de deuda p¨²blica mediante la venta de activos que ten¨ªan un atractivo inversor para los particulares.

La apuesta de los l¨ªderes pol¨ªticos tanto de signo conservador como progresista ha tenido una doble virtualidad. En primer lugar -como ya he apuntado-, desprenderse de las empresas p¨²blicas. Y en segundo lugar, buscar nuevas f¨®rmulas de gesti¨®n de los servicios p¨²blicos. Con mayor o menor intensidad, el fantasma de las privatizaciones sit¨²a el papel del Estado en el lugar que le corresponde; es decir, el del Estado m¨ªnimo entendido como la representaci¨®n social que facilita la labor a sus ciudadanos, en vez de distorsionarla o de frenarla. A menudo, el hecho de que el Estado se haga cargo de muchas actividades ha sido un factor desmotivador de la iniciativa privada.

En lo que se refiere a la introducci¨®n de medidas empresariales en la gesti¨®n de los servicios p¨²blicos, se est¨¢n acelerando considerablemente los procesos, aunque nos encontremos al inicio del camino. Cabe recordar, por ejemplo, el concierto del Estado con los colegios privados para garantizar el derecho a la educaci¨®n, sin necesidad de construir nuevas aulas y de contratar nuevos educadores, o la creaci¨®n de fundaciones p¨²blicas sanitarias para introducir mejoras en la gesti¨®n de los centros hospitalarios.

La coexistencia de lo p¨²blico y de lo privado en la satisfacci¨®n de necesidades sociales (sanidad, educaci¨®n, red viaria) es una realidad tan arraigada que lo que nos hemos de preguntar es cu¨¢l de los dos modelos es mejor, m¨¢s barato y socialmente m¨¢s ¨²til. En otras palabras, la filosof¨ªa de la empresa privada es producir para obtener beneficios, y, cada vez m¨¢s, producir con calidad para tener satisfecho al cliente. Todo esto, en el marco de unas limitaciones de recursos y asumiendo riesgos. Aplicar esta filosof¨ªa al sector p¨²blico no significa que se est¨¦ privatizando el servicio que se ofrece. Al contrario, se est¨¢n introduciendo medidas de racionalidad desburocratizadora, se est¨¢ incentivando la eficacia en la prestaci¨®n de los servicios y se est¨¢ potenciando la eficiencia en la adecuaci¨®n de las prestaciones sociales.

En esta perspectiva, lo m¨¢s importante es definir los par¨¢metros en los que se ha de prestar el servicio p¨²blico, que ¨¦ste sea el m¨¢s favorable para los ciudadanos y que tenga el coste m¨¢s ajustado posible. Los criterios han de ser consensuados y se han de controlar para garantizar la estricta prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos. Es decir, por una parte, el Estado ha de ser facilitador, y por otra, fiscalizador. Si el Estado ha de continuar siendo empresario, lo l¨®gico es que se dote de los instrumentos m¨¢s id¨®neos y menos gravosos para realizar esta actividad, acabando de una vez con la dicotom¨ªa de lo p¨²blico como ineficaz y de lo privado como mero negocio.

En el futuro creo que se est¨¢ dibujando un panorama en el que se ampliar¨¢ considerablemente la tendencia hacia la gesti¨®n privada de lo p¨²blico en toda su extensi¨®n. Los ¨²nicos l¨ªmites a esta tendencia est¨¢n en la garant¨ªa p¨²blica de que estos servicios se ajusten a los criterios de justicia y solidaridad necesarios para mantener la cohesi¨®n social.