La historia no perdona a quienes la olvidan
La iniciativa de la Audiencia Nacional Espa?ola de juzgar al ex dictador Pinochet ha puesto de manifiesto dos cuestiones internacionales: primero, la defensa de un derecho internacional, el proyecto, defendido por Amnist¨ªa Internacional y otros grupos e individuos dedicados a la defensa de los derechos humanos, de crear un tribunal internacional de delitos contra la humanidad; por otra parte, la necesidad de proteger los derechos de la sociedad civil a escala planetaria frente a las amenazas que la han acosado en los ¨²ltimos a?os, y siguen acos¨¢ndola, bajo reg¨ªmenes totalitarios y estrategias terroristas, estatales y no estatales.Pero la demanda internacional de un juicio contra Pinochet ha encontrado una seria resistencia pol¨ªtica tanto en Chile y Am¨¦rica Latina como en EE UU y la Comunidad Europea. Los portavoces oficiales del Gobierno chileno alegan que el juicio a Pinochet violar¨ªa la soberan¨ªa nacional y pondr¨ªa en peligro el equilibrio democr¨¢tico del pa¨ªs. El Gobierno de EE UU alega intereses nacionales de Estado para retener la informaci¨®n secreta sobre los cr¨ªmenes pol¨ªticos y las estrategias de terror contra la sociedad civil desplegados en nombre de la guerra fr¨ªa.
Sobre Pinochet, lo mismo que sobre Karadzic, Pol Pot, Am¨ªn, Mobutu, Sadam Husein y muchos otros pesan incuestionables pruebas de atrocidades sexuales contra mujeres y ni?os, genocidios planificados, tortura contra enemigos pol¨ªticos y terror contra la sociedad. Estos cr¨ªmenes se han perpetrado siempre en nombre de la soberan¨ªa nacional. Hoy este mismo principio de soberan¨ªa es esgrimido para el ocultamiento de las responsabilidades pol¨ªticas y jur¨ªdicas de estos cr¨ªmenes bajo las redes de intereses nacionales intransparentes e inaccesibles al control e incluso a la informaci¨®n de la sociedad civil.
En t¨¦rminos de filosof¨ªa jur¨ªdica, el caso no es nuevo. Ni me parece precisamente casual que haya emanado de la Audiencia Nacional espa?ola. Fue Francisco de Vitoria, amigo personal del emperador Carlos V, quien formul¨® el primer modelo moderno de derecho internacional de gentes, inspirado en el derecho romano y m¨¢s tarde reformulado por la filosof¨ªa jur¨ªdica de la Revoluci¨®n francesa. En aquel contexto se formul¨® el derecho de juzgar soberanos de cualquier naci¨®n o imperio por cr¨ªmenes contra la libertad de sus s¨²bditos bajo tribunales dotados de una autoridad internacional leg¨ªtima. Este principio de derecho internacional se ha mantenido vigente hasta la exigencia contempor¨¢nea de un tribunal internacional.
Ciertamente, la situaci¨®n es nueva con respecto a las formulaciones de derecho internacional en el periodo colonial europeo de los siglos XVI o XVIII, y lo es en parte con respecto a los propios juicios de N¨¹remberg. La cuesti¨®n vigente hoy es la defensa de la sociedad civil, y es el reconocimiento del derecho inalienable que la sociedad civil tiene de juzgar los cr¨ªmenes cometidos contra su integridad moral, social y f¨ªsica.
La crisis pol¨ªtica generada por la investigaci¨®n de los jueces independientes espa?oles (Garz¨®n y Garc¨ªa-Castell¨®n) no constituye hoy un hecho aislado. M¨¢s bien se enmarca en una serie de revisiones hist¨®ricas de reg¨ªmenes totalitario o dictatoriales y del reconocimiento p¨²blico de violaciones de derechos humanos, las llamadas guerras sucias y genocidios realizados en las ¨²ltimas d¨¦cadas, desde los campos de exterminio nazis hasta las estrategias de limpieza ¨¦tnica desplegadas por el actual r¨¦gimen serbio en Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Las dictaduras militares latinoamericanas o los genocidios cometidos en ?frica, Oriente Pr¨®ximo o Yugoslavia y el sureste asi¨¢tico son parte de la cuesti¨®n.
Juzgar a Pinochet es hoy un paso necesario, un precedente insoslayable, en una serie concatenada de juicios criminales que no tienen por objetivo una revancha contra poderes expl¨ªcitamente opresores, ni tampoco una condena a determinadas ideolog¨ªas pol¨ªticas, a las estrategias de la guerra fr¨ªa o a las implicaciones gubernamentales de terceros en actos criminales contra la sociedad civil. Se trata ante todo del esclarecimiento de lo que verdaderamente sucedi¨® en Chile tras los telones de la dictadura de Pinochet, como estos d¨ªas han repetido hasta la saciedad sus v¨ªctimas en Londres, Madrid o Nueva York.
La impunidad de estos cr¨ªmenes no s¨®lo significar¨ªa una derrota moral de la sociedad civil en Chile y en el mundo entero; supondr¨ªa al mismo tiempo otorgar una garant¨ªa expl¨ªcita e internacional de impunidad para futuros cr¨ªmenes cometidos por estas razones. Por este motivo es preciso despolitizar absolutamente este juicio de delitos contra derechos humanos abierto por los jueces espa?oles, como ha subrayado Amnist¨ªa International. El argumento oficial chileno seg¨²n el cual un juicio internacional a Pinochet pone en tela de juicio la democracia chilena es absurdo, porque la falsedad y el crimen impune no pueden sostener la entereza de democracia alguna. Y todo el mundo sabe que responsables por cr¨ªmenes contra derechos humanos se sientan en el Senado chileno, y que la chilena Comisi¨®n de Verdad y Conciliaci¨®n (Comisi¨®n Retting) se ha limitado a la importante pero insuficiente labor de reconocer la existencia efectiva de los cr¨ªmenes de genocidio y tortura bajo la dictadura chilena.
Tambi¨¦n es innecesario y contraproducente involucrar en este juicio cuestiones relativas a intervenciones pol¨ªticas, financieras y t¨¦cnicas de otros Estados en las guerras sucias desarrolladas en escenarios latinoamericanos a lo largo de las dictaduras militares recientes. El apoyo log¨ªstico de Nixon y Kissinger al r¨¦gimen de Pinochet es un secreto a voces, y nadie ignora que su significado geopol¨ªtico se defin¨ªa a partir de las categor¨ªas de la guerra fr¨ªa. Pero la discusi¨®n y el juicio hist¨®rico sobre las estrategias globales de este periodo no deber¨ªan mezclarse en absoluto con las demandas judiciales que ha elevado la Audiencia Nacional espa?ola. No se discuten las crisis econ¨®micas globales a la hora de juzgar a un sospechoso por robo a mano armada, por mucho que sus efectos tengan que ver en ¨²ltima instancia con su crimen. El juicio internacional a Pinochet por cr¨ªmenes contra derechos humanos poseen hoy una ulterior y m¨¢s radical importancia. Es un precedente jur¨ªdico y, como tal, una medida de efectos preventivos. Hoy asistimos en el planeta a una intensificaci¨®n de conflictos territoriales, en parte causados por el deterioro masivo de las condiciones econ¨®micas y ecol¨®gicas de sobrevivencia, y movimientos migratorios de escalas, asimismo, masivas. Estos conflictos est¨¢n adquiriendo en los ¨²ltimos a?os y de manera ostensible la forma de guerras ¨¦tnicas y religiosas de efectos devastadores. Es frente a este horizonte, sobrecogedor pero realista, que la iniciativa espa?ola de hoy posee la mayor importancia global para ma?ana.
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