La Delegaci¨®n del Gobierno impugna los acuerdos plenarios para reducir la jornada laboral a 35 horas

El delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Torres Hurtado, ha dado instrucciones a los abogados del Estado en cada provincia para que impugnen ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) los acuerdos plenarios, aprobados por un buen n¨²mero de ayuntamientos, para la reducci¨®n de la jornada laboral a 35 horas semanales. La decisi¨®n del Gobierno central provocar¨¢ un nuevo conflicto con la Junta, que tambi¨¦n ha anunciado que implantar¨¢ esta medida.

Desde febrero de 1998, y a instancias de Torres Hurtado, los abogados del Estado est¨¢n impugnando estos acuerdos plenarios ante el TSJA al entender que no se ajusta a derecho. En el recurso, el letrado afirma que las bases del r¨¦gimen estatutario de los funcionarios p¨²blicos es una competencia exclusiva del Estado, al objeto de "garantizar a todos un tratamiento com¨²n". Por lo tanto, entiende que, en el caso de los empleados de la administraci¨®n local, "su jornada de trabajo debe ser la misma que tienen los funcionarios de la administraci¨®n en general". "Solicitamos la suspensi¨®n del acuerdo", se afirma en el recurso, "por cuanto su inmediata ejecuci¨®n causa perjuicios de muy dif¨ªcil, si no imposible, reparaci¨®n no ya s¨®lo para el Estado, sino tambi¨¦n para el inter¨¦s general que el mismo representa". El abogado, en su escrito, indica que la reducci¨®n de la jornada, como medida destinada a crear empleo a partir del excedente de horas, es una actuaci¨®n de "gran trascendencia econ¨®mica y social y por lo tanto no parece que el pleno de una corporaci¨®n local sea el foro m¨¢s adecuado para un debate de este calibre, m¨¢xime cuando es el Estado, mediante ley, el que debe planificar la actividad econ¨®mica general para atender las necesidades colectivas". Esta iniciativa de reducci¨®n de la jornada laboral fue presentada por Izquierda Unida en muchos ayuntamientos andaluces dentro de una campa?a. La medida ha sido aprobada por un buen n¨²mero de consistorios, en la mayor¨ªa de los casos con el apoyo del PSOE. Rafael Rodr¨ªguez, coordinador provincial de IU en M¨¢laga, dud¨® ayer de que la Delegaci¨®n del Gobierno central "tenga capacidad para impugnar acuerdos plenarios que tienen una clara intencionalidad pol¨ªtica" y acus¨® al Gobierno del PP de impulsar estos recursos "para impedir las pol¨ªticas activas de creaci¨®n de empleo".