Los juristas censuran con dureza a Mayor Oreja por ofrecer la lista de los estudiantes radicales

Los juristas se sumaron ayer a las cr¨ªticas contra el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y censuraron con dureza que el lunes, durante su comparecencia en el Congreso, ofreciese a los diputados los nombres y la ficha policial de 10 estudiantes que, seg¨²n la polic¨ªa, participaron en los incidentes del pasado d¨ªa 14 en la Universidad Aut¨®noma de Barcelona con motivo de la visita del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. "No me parece de recibo esa actuaci¨®n", asegur¨® Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior.

En opini¨®n de Margarita Robles, actualmente destinada en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, "corresponde a los jueces y no a la polic¨ªa ni al Ministerio del Interior delimitar si existi¨® una participaci¨®n de unos ciudadanos en unos hechos supuestamente delictivos, como fue la alteraci¨®n del orden p¨²blico que se produjo ese d¨ªa". Por eso, censur¨® que Mayor Oreja, "sin m¨¢s, presuponga esa participaci¨®n y diera por probados los hechos" durante su comparecencia en el Congreso. La ex secretaria de Estado de Interior coincidi¨® con el rector de la UAB, Carles Sol¨¤, en que se deb¨ªa haber mantenido la confidencialidad sobre los datos personales de los participantes en la protesta y record¨® que la actuaci¨®n de Mayor Oreja reviste m¨¢s gravedad "porque, que se sepa, no se ha abierto ning¨²n procedimiento judicial contra ninguna de esas personas". Por su parte, Montserrat Comas, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona y portavoz de Jueces para la Democracia, asegur¨® que "no se puede ventilar por la v¨ªa de la opini¨®n p¨²blica, ni siquiera a trav¨¦s del Congreso, la difusi¨®n de nombres de personas contra las que no se han emprendido acciones administrativas ni judiciales". Seg¨²n Comas, si se demostrase que estos nombres han sido divulgados, "los afectados estar¨ªan en su derecho de emprender una demanda de acci¨®n civil contra el ministro por atentar contra el derecho a la propia imagen". El ofrecimiento de los nombres y las fichas policiales de los estudiantes tuvo un nulo eco entre los diputados de la Comisi¨®n de Interior, pues ninguno de ellos se interes¨® por esas identidades. "El simple ofrecimiento de esos nombres ya merece una censura pol¨ªtica porque las fichas policiales forman parte del secreto estad¨ªstico policial", asegur¨® Comas. En t¨¦rminos parecidos se expres¨® el abogado Mateu Segu¨ª. "El ministro autoriza la actitud policial en nombre de un principio de autoridad que ya est¨¢ caducado y al dar los nombres de estas personas falta al respeto al ser humano, que es lo m¨¢s importante, aunque vengamos del mundo animal", asegur¨®. Del mismo modo, el vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona, Joan Maria Xiol, afirm¨®: "Es como si regres¨¢ramos a un estado policial en el que todas las actividades de las personas est¨¢n registradas en unas fichas que tanto nos recuerdan al franquismo". Seg¨²n Xiol, "¨¦sta no es la respuesta que debe dar el Estado a la misi¨®n de control y vigilancia ciudadana que tiene encomendada". Acciones de los estudiantes Las asociaciones estudiantiles de la UAB estudian iniciar acciones legales ante la difusi¨®n de esos datos por el ministro del Interior, ya que consideran que vulnera el derecho a la intimidad de las personas. "Primero no dejan que nos manifestemos pac¨ªficamente para mostrar nuestro rechazo a la pol¨ªtica universitaria de Aznar y luego nos fichan", explicaba ayer indignado Jordi Panyella, del Moviment d"Estudiants Progressistes. Los universitarios est¨¢n preocupados porque alg¨²n medio de comunicaci¨®n ha publicado las iniciales de tres de los 10 estudiantes fichados por la polic¨ªa por "radicales" y por tener conexi¨®n con Jarrai y el movimiento okupa. "Yo conozco compa?eros cuyos nombres corresponden a las iniciales que se han difundido", afirma Alexandra Vallujena, del Bloc d"Estudiants Independentistes, quien asegura: "No podemos estar tranquilos ante las investigaciones policiales". Vallujena coincide con los juristas en que "esto parece un Estado policial".