Ecologistas en Acci¨®n pedir¨¢ al juez que precinte e impida la utilizaci¨®n del telesilla ilegal de Navacerrada
Los ecologistas madrile?os quieren que el Gobierno regional (PP) pague por su error, y pedir¨¢n al juez de Colmenar Viejo que precinte e impida la utilizaci¨®n del telesilla de Navacerrada. Esta moderna instalaci¨®n para facilitar el esqu¨ª en Madrid, que ha costado 400 millones de pesetas, se construy¨® sin la licencia municipal de Cercedilla (en cuyo t¨¦rmino est¨¢ situada parte de las instalaciones) y sin pasar el tr¨¢mite de informaci¨®n p¨²blica que, seg¨²n la ley, es preciso cuando se trata de hacer obras en suelo no urbanizable. Este error fue destapado por el grupo Ecologistas en Acci¨®n, que aport¨® como prueba una copia del Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 29 de diciembre, en el que la Consejer¨ªa de Obras sacaba a informaci¨®n p¨²blica la obra cuando ¨¦sta hab¨ªa finalizado."Si cumplen los tr¨¢mites, tendr¨¢n que esperar hasta marzo para iniciar las obras. Pero el pasado jueves las inauguraron", explic¨® ayer Santiago Mart¨ªn Barajas, portavoz de Ecologistas en Acci¨®n. Los ecologistas tambi¨¦n solicitar¨¢n al juzgado de Colmenar Viejo que depure las responsabilidades sobre unas obras "que han causado un fuerte impacto" en una zona protegida de la regi¨®n. Estas obras, que incluyen un refugio con restaurante para los monta?eros, fueron el motivo del enfrentamiento en los tribunales entre el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, y los ¨®rganos de la Comunidad.
En julio, el fiscal present¨® una denuncia criminal contra la viceconsejera de Medio Ambiente, Silvia Ense?at, por autorizar unas obras en una zona donde no est¨¢n permitidas. El juez archiv¨® el caso por entender que el refugio se estaba construyendo en un suelo situado fuera, por ocho metros, del parque regional. Ense?at opt¨® entonces por presentar una querella contra el fiscal por denuncia falsa.
Ecologistas en Acci¨®n tambi¨¦n consider¨® ayer "un aut¨¦ntico esc¨¢ndalo" la actitud del Gobierno regional de negar la informaci¨®n que ha solicitado el fiscal de Medio Ambiente. "Dicha informaci¨®n no puede denegarse por la ley de libre acceso a la informaci¨®n ambiental".
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