El Gobierno piensa recurrir la semana laboral de 35 horas que hoy aprueba Andaluc¨ªa

El delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Torres, anunci¨® ayer que piensa recurrir el decreto de reducci¨®n de la jornada laboral a 35 horas que es de aplicaci¨®n voluntaria para las empresas, ya que a su juicio supone "un error" y puede impedir nuevas inversiones en Andaluc¨ªa. Ser¨ªa la segunda comunidad aut¨®noma que lo har¨ªa. El Gobierno, a trav¨¦s de su Delegaci¨®n en Catalu?a, ha decidido recurrir las decisiones de la Diputaci¨®n de Barcelona y el Ayuntamiento de Tarragona que establecieron horarios de 35 horas semanales para sus funcionarios.

En Andaluc¨ªa, la Junta tiene previsto aprobar en su reuni¨®n de hoy el decreto de reducci¨®n de la jornada a 35 horas, que es de aplicaci¨®n voluntaria en las empresas. Jos¨¦ Torres, ha anunciado que podr¨ªa presentar recurso si el decreto afecta a la funci¨®n p¨²blica, aunque no contra los incentivos para las empresas que apliquen la rebaja de jornada, mientras el sindicato UGT ha amenazado con elevar la conflictividad laboral si al final no sale adelante el recorte de la semana a las 35 horas laborales.. Torres Hurtado asegur¨® que el decreto por el que la Junta conceder¨¢ incentivos a las empresas que apliquen las 35 horas de jornada laboral semanal supone "un error" que puede "restar inversiones en Andaluc¨ªa, adem¨¢s de afectar a la paz social" al constituir una imposici¨®n para las empresas que no que no existen en otras zonas del Estado. Torres Hurtado a?adi¨® que en caso de que afecte a la funci¨®n p¨²blica el Ministerio de Administraciones P¨²blicas estudiar¨¢ la interposici¨®n de un recurso por la quiebra del principio de igualdad laboral entre los funcionarios del Estado.Ante esa posibilidad, la UGT de Andaluc¨ªa ha augurado conflictividad si las empresas o el Gobierno impiden que se aplique la reducci¨®n de la jornada a 35 horas semanales. El secretario general de UGT, de Andaluc¨ªa, Manuel Pastrana, advirti¨® que el Gobierno central "se prepare" para el aumento de la conflictividad coincidiendo con la negociaci¨®n colectiva de 1999, "si le echa una mano" a los empresarios con medidas contrarias al decreto de las 35 horas semanales.

Pastrana a?adi¨® que "si hay mejores instrumentos para crear empleo que los pongan encima de la mesa" porque UGT estar¨ªa dispuesta a apoyarlos pero insisti¨® en que este sindicato no permitir¨¢ "una nueva versi¨®n de pseudo-exclavitud laboral" en alusi¨®n a la precariedad laboral de los j¨®venes que soportan una tasa de paro en Andaluc¨ªa del 45%".

El 63% de los andaluces creen que el decreto de la jornada laboral semanal de 35 horas favorecer¨¢ la creaci¨®n de empleo, seg¨²n los estudios realizados por la Junta y cuyos datos difundi¨® ayer el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarr¨ªas. El consejero a?adi¨® que estos estudios revelan que el 80% de los andaluces tienen una opini¨®n sobre el decreto que regular¨¢ las 35 horas. Preguntado Zarr¨ªas sobre el origen de estos datos el consejero se?al¨® que no se trata de una encuesta concreta sobre la semana laboral sino que forma parte de de una serie de estudios que hace de forma peri¨®dica la Junta.

Recurso en Catalu?a

En Catalu?a, el Gobierno a trav¨¦s de su delegaci¨®n ha decidido recurrir las decisiones de la Diputaci¨®n de Barcelona y el Ayuntamiento de Tarragona que establecieron horarios de 35 horas semanales. El recurso se interpone al considerar que la Ley de bases de R¨¦gimen Local establece que los funcionarios deben tener la misma jornada que los del Estado , es decir 37,5 horas semanales.A pesar de que las decisiones contaban, como en el caso del Ayuntamiento de Tarragona, con el acuerdo un¨¢nime de todas las fuerzas pol¨ªticas (incluido el PP), el Gobierno ha decidido recurrir por la v¨ªa contencioso-administrativa el acuerdo de dos corporaciones locales catalanas favorable a la jornada de 35 horas entre sus funcionarios.

Fuentes de la Delegaci¨®n del Gobierno en Catalu?a se?alaron que no se trata de una cuesti¨®n pol¨ªtica, sino que los dict¨¢menes de la abogac¨ªa del Estado resolvieron que las decisiones de la Diputaci¨®n de Barcelona, presidida por el socialista Manuel Royes, y del Ayuntamiento de Tarragona, dirigido por el convergente Joan Miquel Nadal, vulneran la Ley de Bases de R¨¦gimen Local.

El art¨ªculo 94 de esta ley mantiene que las jornadas laborales de los funcionarios de la Administraci¨®n local deben ser iguales a las fijadas para la Administraci¨®n del Estado; es decir, 37,5 horas semanales.