Barranco acusa al PP de favorecer el negocio de "un amigo del alcalde"

VIENE DE LA P?GINA 1 Para la gesti¨®n de los nuevos barrios (m¨¢s de 20.000 pisos, m¨¢s de 60.000 vecinos), el PP opt¨® por dejar esa empresa en manos privadas (terratenientes, promotores, constructoras...). Este sistema ha permitido al gobierno municipal evitar el complejo proceso de las expropiaciones de suelo y el delicado tr¨¢mite de los concursos y las subastas p¨²blicas para la adjudicaci¨®n de los terrenos.

El ¨²nico requisito que puso el Ayuntamiento para autorizar el negocio inmobiliario de las 20.000 viviendas fue que los due?os de al menos el 60% de los terrenos de cada nuevo barrio se pusieran de acuerdo y creasen una junta de compensaci¨®n (asociaci¨®n de propietarios). Posteriormente, dicha junta firmar¨ªa con el gobierno municipal un convenio urban¨ªstico donde se establecer¨ªan sus obligaciones (obras y equipamientos que deber¨ªan financiar) y sus derechos (terrenos recalificados para levantar viviendas, oficinas...). Lo legal en estos convenios es que los due?os del terreno se comprometan a pagar la urbanizaci¨®n (construcci¨®n de calles, ajardinamiento y arbolado, instalaci¨®n de los servicios de luz, agua, tel¨¦fono, gas...) y los accesos que permitan conectar el nuevo barrio con las ¨¢reas urbanas de Madrid, seg¨²n explic¨® en su informe de hace m¨¢s de un a?o el interventor general.

Pero, en el caso de Montecarmelo y Las Tablas, el convenio aclar¨® que, si las obras de urbanizaci¨®n superaban una cantidad determinada (1.325 millones de pesetas en el caso de Las Tablas, 828 millones en el de Montecarmelo), el Ayuntamiento asumir¨ªa la diferencia, adem¨¢s de garantizar la construcci¨®n de accesos exteriores y el pago de los realojos necesarios.

Para Vicente Arnau, interventor municipal, ese compromiso de financiaci¨®n adicional significa que el Ayuntamiento "podr¨ªa estar asumiendo obligaciones que legalmente no le corresponden". Arnau tambi¨¦n se?ala que la Concejal¨ªa de Urbanismo no incluy¨® en la operaci¨®n el necesario an¨¢lisis econ¨®mico y financiero para conocer c¨®mo afectar¨¢ a sus presupuestos. Arnau explica que hacer ese an¨¢lisis es muy dif¨ªcil, ya que los gestores municipales no han precisado el coste de los compromisos adquiridos con los propietarios de los terrenos de Las Tablas y Montecarmelo.

A los dos d¨ªas de poner en duda la legalidad del convenio, Arnau tuvo que firmar un informe adicional donde, sin rectificar ni una sola de sus apreciaciones, aclaraba que hasta que no se ejecutaran las operaciones previstas en el documento no se podr¨ªan entender como "asumidas por el Ayuntamiento".

"Esto es", ironiza el socialista Juan Barranco, "que, despu¨¦s de haber pegado un tiro en la cabeza a una persona, no te pueden meter en la c¨¢rcel si no has conseguido matarla en el acto y ha quedado herida".

El grupo socialista espera a que se empiece a ejecutar el convenio para llevarlo a los tribunales de justicia. "Me parece extremadamente grave lo que el PP est¨¢ haciendo con el urbanismo de Madrid. El se?or Aznar tiene banqueros de cabecera para dilucidar las cuestiones financieras y el alcalde tiene a sus constructores de cabecera para las cuestiones urban¨ªsticas. La pol¨ªtica del gobierno municipal del PP est¨¢ al servicio de determinados empresarios de esta ciudad", explica.

El portavoz socialista asegura que la irrupci¨®n de OCP y FCC en los nuevos barrios de Las Tablas y Montecarmelo como urbanizadores fue an¨®mala. "No ten¨ªan terrenos en la zona. Pero, de pronto, aparecieron sin concurso previo como empresas urbanizadoras, con lo que, de golpe, se convirtieron en propietarios y principales gestores de todo el proyecto", se?ala.

Hace tan s¨®lo dos meses, el Ayuntamiento vendi¨® a Telef¨®nica los terrenos que le correspond¨ªan en Las Tablas como consecuencia de las cesiones a que est¨¢n obligados por ley los propietarios. Esos terrenos, seg¨²n Barranco, costaban 12.000 millones. Urbanismo los vendi¨® por 6.000 millones. El PSOE busca el informe del interventor sobre dicha venta.