El Defensor del Pueblo plantea a Justicia la posibilidad de despenalizar la "okupaci¨®n"

"La okupaci¨®n esconde una denuncia frente a un grave problema social: la dificultad de acceder a una vivienda por parte de los j¨®venes y de las familias sin recursos". La frase no es de un manifiesto okupa, sino del escrito enviado por el Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, en el que le pregunta si prev¨¦ modificar el art¨ªculo 245.2 del C¨®digo Penal, que castiga la usurpaci¨®n de casas con multas sustituibles por arresto. El Defensor destaca las "repercusiones sociales y jur¨ªdicas" derivadas de este art¨ªculo.

Jos¨¦ Mario Fern¨¢ndez, responsable de los asuntos de Interior en la oficina del Defensor del Pueblo, explica que a esta instituci¨®n han llegado numerosas quejas de ciudadanos por el castigo penal a la okupaci¨®n de inmuebles vac¨ªos. "Por eso lo primero que hemos hecho ha sido preguntar a Justicia si va a tomar alguna medida", a?ade. "Una vez que tengamos su respuesta decidiremos nuestra postura sobre este asunto", concluye. En su escrito, el Defensor se hace eco de una de las cr¨ªticas m¨¢s argumentadas que le han llegado, la de la Comisi¨®n de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona. Estos letrados son partidarios de despenalizar la okupaci¨®n y creen que el art¨ªculo 245.2 del C¨®digo Penal vulnera varios preceptos constitucionales.

En ¨¦l se castiga por usurpaci¨®n "al que ocupe, sin autorizaci¨®n debida, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituyan morada" con multas de tres a seis meses (por cuant¨ªas entre las 200 y las 50.000 pesetas diarias, seg¨²n la solvencia del procesado) reemplazables en caso de impago por arrestos de fin de semana de seis a doce meses.

El Colegio de Abogados de Barcelona cree que el art¨ªculo rompe el principio seg¨²n el cual el derecho penal no debe aplicarse para proteger todos los bienes jur¨ªdicos lesionados, sino s¨®lo los m¨¢s importantes. Insisten en que un bien como la propiedad de un edificio est¨¢ suficientemente defendido por el C¨®digo Civil.

V¨ªa civil

Antes de la entrada en vigor, en 1996, del actual C¨®digo Penal, estos casos sol¨ªan solventarse por la v¨ªa civil con el desalojo de los okupas. A veces, los due?os de los edificios recurr¨ªan a la v¨ªa penal, por su mayor rapidez, acusando a los okupas de un delito de "coacciones", pero no todos los jueces lo aceptaban.Seg¨²n los letrados catalanes, "es excesivo proteger penalmente el derecho a la propiedad cuando se ejercita dejando abandonado el inmueble". A?aden que tras el abandono de edificios "subyacen en la conducta del due?o, en muchas ocasiones, meras intenciones especulativas". En su an¨¢lisis estiman que el legislador "ha ido demasiado lejos en la protecci¨®n de la propiedad".

Los abogados de Catalu?a destacan que el movimiento okupa "no suscita entre la ciudadan¨ªa un especial y significativo reproche, hasta el punto de que esa ausencia de reproche social ha sido tambi¨¦n tenida en cuenta por algunos grupos parlamentarios, como el mixto o el de IU".

Ambos grupos presentaron una proposici¨®n de ley para modificar el C¨®digo Penal en este punto, que fue votada y desestimada por el Congreso el 29 de septiembre de 1998. El Defensor resalta que en el debate se se?al¨® la necesidad de delimitar m¨¢s y mejor este supuesto, distinguiendo el tipo de vivienda abandonada para que no siempre se aplique una soluci¨®n penal.

Los abogados catalanes proponen algunas alternativas, como reformas en los procedimientos civiles para agilizarlos; pol¨ªticas de precios tasados en los alquileres y un aumento en la promoci¨®n de vivienda p¨²blica a precios asequibles. Tambi¨¦n Jueces para la Democracia es partidaria de despenalizar la okupaci¨®n.

Los mismos okupas han desarrollado su propia artiller¨ªa legal para hacer frente a las consecuencias penales de sus actividades. En Madrid se han promovido dos campa?as de autoinculpaci¨®n. La ¨²ltima, que ha reunido a 300 autoinculpados, pretende evitar la condena del medio centenar de j¨®venes que el 6 de enero tomaron un edificio en el barrio madrile?o de Lavapi¨¦s que llevaba dos decenios inutilizado. El juzgado ha citado ya a declarar a medio centenar de personas.

?lvarez de Miranda destaca que no todos los tribunales aplican el art¨ªculo que penaliza la okupaci¨®n. Menciona, por ejemplo, a la Audiencia de Girona, que est¨¢ estudiando la absoluci¨®n de los imputados. La citada audiencia ratific¨® el pasado verano dos sentencias de juzgados de lo penal que dicen que cuando sea manifiesto que las casas okupadas "no cumplen una funci¨®n social" por llevar mucho tiempo deshabitadas, no puede procederse contra los ocupantes por la v¨ªa penal.