Caro remedio

EL ALCALDE de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, ha decidido, en un arranque ins¨®lito de nervio, verificar todas y cada una de las multas de tr¨¢fico recurridas en Madrid desde 1995, para comprobar en cu¨¢ntas de ellas se ha producido una falsificaci¨®n de firmas de los agentes encargados de confirmarlas y cu¨¢ntas son todav¨ªa exigibles legalmente. El procedimiento es lento y fatigoso, porque supone gestionar unas 500.000 multas. La Hacienda municipal remitir¨¢ fotocopias de las recurridas, una por una, a la Polic¨ªa Municipal para que compruebe en cu¨¢les la firma del denunciante coincide con la del que confirm¨® la denuncia. Cuando no coincidan, Hacienda devolver¨¢ el dinero de aquellas que el ciudadano ya haya pagado -porque se habr¨¢n cobrado ilegalmente- o considerar¨¢ directamente prescritas las que todav¨ªa est¨¦n sin pagar. Este arduo trabajo de comprobaci¨®n implica introducir necesariamente un caos organizativo en la administraci¨®n municipal al menos durante meses y un coste extraordinario de dinero para pagar a los contratados eventuales que deber¨¢n ayudar a ejecutar la tarea; no ser¨ªa admisible que por certificar multas atrasadas se paralizara el sistema de cobros actuales. En resumen, un desbarajuste por tiempo indefinido que, sumado a los ingresos que la ciudad dejar¨¢ de percibir por multas incobrables -varios cientos de millones, como m¨ªnimo-, es el coste que los madrile?os tienen que pagar porque quienes gobiernan el municipio han permitido que sus funcionarios incumplan las normas jur¨ªdicas que exigen al resto de los ciudadanos.

El paleol¨ªtico sistema elegido para examinar las multas es probablemente el ¨²nico que pod¨ªa adoptarse para aclarar su situaci¨®n legal y administrativa. Con tan kafkiano sistema los ciudadanos tendr¨¢n que esperar durante meses para conocer cu¨¢nto les han costado las falsificaciones de las firmas convertidas alegremente en rutina por la Polic¨ªa Municipal. Quiz¨¢ deban esperar menos para conocer los resultados de la investigaci¨®n del fiscal jefe de Madrid para determinar si la suplantaci¨®n fue un delito o una simple pr¨¢ctica administrativa chapucera. Sin perjuicio de las decisiones administrativas que se tomen con los agentes autores de las falsificaciones, resulta llamativo que el equipo municipal no haya sentido la obligaci¨®n de pagar las responsabilidades pol¨ªticas que se derivan de la conducta fraudulenta de sus funcionarios. Las directas deben atribuirse al concejal de Circulaci¨®n y Seguridad, y no deber¨ªa esperar al dictamen del fiscal para presentar su dimisi¨®n.