La comisi¨®n gestora de Sol y Arena denunciar¨¢ a la Caja Rural
La comisi¨®n gestora de la comunidad de regantes Sol y Arena,del poniente almeriense, presidida por Juan Romero, presentar¨¢ una denuncia contra la Caja Rural de Almer¨ªa por no reconocer el "poder ejecutivo" de esta comisi¨®n creada el pasado 15 de diciembre. Juan Romero, que se encuentra en libertad provisional acusado de presunta estafa y apropiaci¨®n indebida tras la denuncia interpuesta por Pedro Mena, presidente de la junta directiva, manifest¨® que la comisi¨®n gestora "va a seguir con el mandato encomendado por la mayor¨ªa de los regantes salvo que haya una orden judicial que lo impida". Fue el pasado 15 de diciembre cuando, por orden judicial y bajo acta notarial, la comisi¨®n gestora encabezada por Romero sustituy¨® el poder ejecutivo de la junta directiva presidida por Mena con el voto de los regantes. Desde entonces, la comisi¨®n gestora estableci¨® unas oficinas de venta de horas de riego entre los comuneros, a pesar de que un 20% de los regantes continuara comprando el agua en la Caja Rural. Romero, acusado de cobro indebido de estos recibos, cuyo dinero se presum¨ªa en su poder, ha aclarado que la recaudaci¨®n de la venta de agua se encuentra en una cuenta en la caja La General de Granada. "Los regantes no s¨®lo han decidido poner al frente de la comunidad a la comisi¨®n gestora, sino que adem¨¢s deciden d¨®nde comprar el agua: en la Caja Rural o en nuestras oficinas de La Gangosa (V¨ªcar)". La denuncia contra la Rural se efectuar¨¢, seg¨²n Romero, porque esta entidad bancaria ha permitido "a sabiendas" que personas cesadas en los cargos directivos de Sol y Arena mantengan el control del dinero de los regantes adem¨¢s de dar un servicio de venta de agua no autorizado bajo la firma de Mena. Por su parte, el secretario provincial del sindicato agrario COAG, Eduardo L¨®pez, anunci¨® para el pr¨®ximo martes una concentraci¨®n de en el puerto de Almer¨ªa. L¨®pez afirm¨® que el registro de las oficinas de la comisi¨®n gestora ordenado por el juez y la posterior detenci¨®n de Juan Romero y dos empleados supone una actuaci¨®n "desmedida y desproporcionada".
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