Ni una, ni unas: la cultura FRANCESC DE CARRERAS

En estas mismas p¨¢ginas, mi amigo y compa?ero Enric Fossas publicaba ayer un art¨ªculo sobre este mismo tema que intentaba quitar hierro al tedioso debate sobre si en Espa?a debe existir o no un Ministerio de Cultura. En efecto, de nuevo estamos d¨¢ndole vueltas a este viejo tema. Los partidos firmantes de la Declaraci¨®n de Barcelona lo han vuelto a plantear expresando, por supuesto, la necesidad de la desaparici¨®n de tal ministerio. Maragall, por su parte, ha dicho que se puede prescindir de ¨¦l y Borrell ha considerado que debe seguir existiendo. Finalmente, ambos se han puesto de acuerdo en mantenerlo pero con una denominaci¨®n distinta: Ministerio de las Culturas. Fossas pon¨ªa ayer de manifiesto la irrelevancia y relatividad de este debate en los t¨¦rminos puramente organizativos en los que se estaba planteando, posici¨®n con la cual coincido plenamente. Pero el problema que hoy quiero plantear es otro distinto, m¨¢s sustancial y de fondo, en el cual todas estas posiciones aparentemente alejadas parecen estar de acuerdo. Se trata de lo siguiente: seg¨²n se desprende de todas estas manifestaciones, los poderes p¨²blicos tienen competencia en materia de cultura porque su finalidad principal es defender y desarrollar una identidad cultural colectiva. Si esta identidad colectiva que se pretende abarca todo el territorio espa?ol, entonces la titularidad de la competencia debe ser estatal; si se ci?e simplemente a una determinada nacionalidad o regi¨®n, entonces debe ser auton¨®mica. Bajo estos presupuestos, los nacionalistas quieren, l¨®gicamente, que la competencia recaiga ¨²nicamente en las comunidades aut¨®nomas y el t¨¢ndem Maragall / Borrell mantiene que tambi¨¦n el Estado es competente, ya que existe una identidad cultural espa?ola, sin perjuicio de las competencias auton¨®micas necesarias para la defensa de su identidad cultural propia. A mi modo de ver, el problema, en estos t¨¦rminos, est¨¢ mal planteado. La intervenci¨®n de los poderes p¨²blicos en materias culturales no se justifica ¨²nicamente, ni siquiera principalmente, por raz¨®n de la defensa de una problem¨¢tica identidad cultural colectiva, sino en defensa de algo mucho m¨¢s concreto: la garant¨ªa de los derechos culturales de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, que es la perspectiva de la libertad, el problema permite ser contemplado de manera muy distinta. En efecto, aquello que los poderes p¨²blicos -sean Estado, comunidades aut¨®nomas o entes locales- deben ejercer son dos competencias muy diferenciadas. En primer lugar, deben garantizar y fomentar la libre creaci¨®n y el libre consumo cultural en los campos de las artes pl¨¢sticas, la m¨²sica, la danza, la literatura, el teatro, el cine, etc¨¦tera. En segundo lugar, deben defender el patrimonio cultural existente, ¨²nico campo en el cual es leg¨ªtimo entender la cultura como expresi¨®n de una identidad cultural colectiva. Ambas cosas son necesarias, pero la confusi¨®n entre una y otra implica consecuencias tan funestas como son el dirigismo cultural y el conservadurismo ideol¨®gico y est¨¦tico. Pongamos ejemplos. Nadie pone en duda que puede ser tarea de los poderes p¨²blicos subvencionar una gira de la Filarm¨®nica de Viena, una exposici¨®n de Magritte, unas representaciones de la Royal Shakespeare Company o unas traducciones de poes¨ªa china. ?Se defiende as¨ª la identidad cultural colectiva? En absoluto: permite abrir el mundo cultural propio a otros distintos que, a su vez, potenciar¨¢n la creaci¨®n local o permitir¨¢n el consumo cultural del ciudadano medio. Adem¨¢s, por supuesto, es leg¨ªtimo -y obligado- que los poderes p¨²blicos protejan -en el sentido conservador de la palabra- el patrimonio propio, en los campos ling¨¹¨ªstico, art¨ªstico, arqueol¨®gico, musical, etc¨¦tera, siempre para estimular y garantizar la libertad de los ciudadanos, nunca para imponerles una determinada cultura que, en ese caso, ya no ser¨ªa tal sino que operar¨ªa como una simple ideolog¨ªa. El problema fundamental, por tanto, no radica en si la pol¨ªtica cultural de los poderes p¨²blicos se ejerce desde el Estado o desde las comunidades aut¨®nomas, sino si se ejerce en favor de la libertad de los ciudadanos -la cultura entendida como derecho individual- o como un instrumento m¨¢s de dominio sobre ellos, imponiendo una determinada identidad cultural. No se trata, por tanto, de defender una cultura o unas culturas, sino de defender la cultura, la libertad.

Francesc de Carreras es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la UAB.