Las manchas del leopardo

Las elecciones primarias celebradas dentro del PSOE para designar al candidato socialista a la presidencia del Gobierno dieron lugar en Ja¨¦n a un grotesco pucherazo, denunciado por su principal mu?idor la pasada semana y orientado a favorecer a Almunia frente a Borrell. Como suele ocurrir cuando la autor¨ªa de un abuso o de un delito recae sobre una organizaci¨®n y no sobre un individuo aislado, ha sido preciso el arrepentimiento de un implicado para que la fechor¨ªa salga a la luz. En este caso el empleado desleal ha sido un militante jiennense que se dirigi¨® a la Comisi¨®n Federal de Garant¨ªas del PSOE para confesar su participaci¨®n en los hechos y denunciar a sus c¨®mplices; Manuel Aguilar afirma dar ese paso por no haber obtenido el puesto de trabajo que algunos dirigentes locales le habr¨ªan prometido a cambio de colaborar en el fraude.Seg¨²n la versi¨®n del denunciante, el secretario provincial y otros dirigentes del PSOE de Ja¨¦n le encargaron la misi¨®n de usurpar la identidad de 65 militantes socialistas, fallecidos, ausentes o abstencionistas, para votar en su nombre en las primarias. La Comisi¨®n de Conflictos del PSOE, reunida el pasado jueves, reconoci¨® la existencia del pucherazo, decret¨® la expulsi¨®n de Manuel Aguilar, abri¨® un expediente a la presidenta de la Mesa por su complicidad en los hechos y exculp¨® a los restantes acusados. Sin embargo, el caso no ha quedado definitivamente cerrado: el militante castigado, que no lleg¨® a ser o¨ªdo en el comit¨¦ disciplinario por un error en la citaci¨®n, ha anunciado su prop¨®sito de recurrir la sanci¨®n en el ¨¢mbito interno del partido y tambi¨¦n por la v¨ªa judicial.

Manuel Chaves, presidente de Andaluc¨ªa, y Gabriel Zarr¨ªas, consejero de la Junta y secretario provincial en Ja¨¦n, rechazan las acusaciones lanzadas por Manuel Aguilar y atribuyen la demorada denuncia del pucherazo (producido en abril de 1998) a una maniobra pol¨ªtica y period¨ªstica para perjudicar a los socialistas. Todos los partidos -no s¨®lo el PSOE- tienden a negar la veracidad de los esc¨¢ndalos que les salpican con el incongruente argumento de que su aireamiento medi¨¢tico s¨®lo sirve para beneficiar a sus adversarios: aunque en el caso del pucherazo de Ja¨¦n la respuesta a la pregunta cui prodest? apunte obviamente hacia el PP, las rentas pol¨ªticas regaladas por Manuel Aguilar a los populares no llevan necesariamente a la conclusi¨®n de que su acusaci¨®n de fraude fuese un invento. Es posible que dirigentes del PP o publicistas de su cuerda hayan cebado la bomba de la memoria indiscreta del denunciante para hacer aflorar el pucherazo de Ja¨¦n mediante promesas o favores; si bien la suciedad de la jugada, de ser cierta, hablar¨ªa p¨¦simamente de la condici¨®n moral de esos trapaceros sobornadores, los hechos revelados -o al menos parte de ellos- continuar¨ªan siendo ciertos.

La tard¨ªa judicializaci¨®n del proceso electoral convirti¨® a la Restauraci¨®n en un para¨ªso del pucherazo; suprimido actualmente el fraude en las urnas gracias al control judicial, las elecciones internas dentro de los partidos (no s¨®lo las primarias reci¨¦n estrenadas por el PSOE) est¨¢n rodeadas de sospechas. Un informe del Servicio de Inteligencia brit¨¢nico sobre la situaci¨®n pol¨ªtica en 1917 (citado por la historiadora Mar¨ªa Jes¨²s Gonz¨¢lez en un volumen colectivo titulado La Restauraci¨®n entre el liberalismo y la democracia, Alianza, 1997) se preguntaba ret¨®ricamente si un leopardo puede cambiar sus manchas para subrayar as¨ª la improbabilidad de que los pol¨ªticos beneficiarios del mecanismo del turno inventado por C¨¢novas fuesen capaces de modificar un sistema tan provechoso para sus intereses personales. Tal vez los pol¨ªticos profesionales (socialistas, populares o nacionalistas) se encuentren hoy lo suficientemente satisfechos con el control de sus respectivos partidos, f¨¦rreamente disciplinados, financiados con dinero presupuestario y enclavados dentro del coraz¨®n mismo del Estado, como para no renunciar tampoco a su moteado pelaje ni tomarse demasiado en serio el mandato constitucional de que el funcionamiento y la estructura interna de esas organizaciones sean verdaderamente democr¨¢ticos.