El PP y la izquierda enfrentan sus modelos de justicia en el debate de la ley procesal civil

El debate de totalidad del proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil enfrent¨® ayer en el pleno del Congreso de los Diputados dos modelos diferentes de jueces y justicia: el del PP, que da prioridad a la protecci¨®n del cr¨¦dito, admite la privatizaci¨®n de las pruebas periciales y asigna al juez un papel pasivo, de mero redactor de la sentencia, y el de la izquierda, que propone una intervenci¨®n mayor del juez y del secretario en un proceso civil oral y defiende la igualdad de las partes. Prosper¨® el primero de ellos, ya que los votos nacionalistas permitieron la derrota de las cinco enmiendas a la totalidad.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, en la presentaci¨®n del proyecto de ley, se apresur¨® a asegurar que el texto a debate no es para los profesionales de la justicia, sino "para los litigantes de los procesos civiles" y puso como ejemplo que m¨¢s del 50% de los cr¨¦ditos se dan por perdidos en las peque?as empresas. El proyecto de ley permitir¨¢ "un mayor apremio a los deudores morosos, al establecer medidas efectivas para que las resoluciones que condenen al pago de una deuda se cumplan".Mariscal de Gante critic¨® a quienes critican el proyecto de ley y asegur¨® que el Gobierno cuenta con el apoyo tanto parlamentario como profesional de "casi todos para una ley que es para todos y no contra nadie". Destac¨® la ayuda de "cualificados colaboradores directos" y asegur¨® contar con el acuerdo de sectores importantes de usuarios, abogados, procuradores, magistrados y secretarios. Resalt¨® que en el procedimiento monitorio no se exige abogado, lo cual abarata el coste del proceso, y se mostr¨® abierta a mejorar el proyecto durante su tramitaci¨®n parlamentaria.

Perjuicio a los d¨¦biles

Los portavoces del Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida, Eusko Akartasuna, Nueva Izquierda y PSOE defendieron sus respectivas enmiendas a la totalidad que finalmente fueron rechazadas con 133 votos favorables y 168 en contra (los del PP, CiU, PNV y Coalici¨®n Canaria). En general, estimaron que la ley perjudica a los m¨¢s d¨¦biles, no soluciona la lentitud de la justicia y carece de apoyo social, aparte del prestado por los catedr¨¢ticos de Derecho Procesal, a los que, como dijo Cristina Almeida (de NI), "no veo en los juzgados". Pablo Castellano, por IU, se?al¨® que el juez de esta ley "no es acorde con el art¨ªculo 9 de la Constituci¨®n, que exige a los poderes p¨²blicos, y el juez lo es, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva".

La intervenci¨®n m¨¢s descollante fue la del portavoz socialista y ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, para quien el proyecto de ley es "poco innovador, ambiguo, confuso, neoliberal y hasta confesional".

Belloch asegur¨® que propone "un modelo de juez del siglo XIX, no del XXI", deja en m¨¢s de 50 los procedimientos civiles, a alguno de los cuales le calcul¨® una duraci¨®n de 554 d¨ªas, a pesar del acortamiento de los plazos, que no estim¨® soluci¨®n aceptable para acabar con las dilaciones.

El ex ministro socialista explic¨® que, a pesar de lo que diga la exposici¨®n de motivos, el articulado vulnera los principios de oralidad e inmediaci¨®n. Resalt¨® la "privatizaci¨®n de la prueba pericial" y la desigualdad de armas, ya que, al permitir en determinados procesos pleitear sin abogado ni procurador, "el que no tenga dinero no utilizar¨¢ a estos profesionales", mientras que s¨ª lo har¨¢ el pudiente econ¨®micamente, con la consiguiente diferencia.

Tinte confesional

Belloch se refiri¨® tambi¨¦n a lo que denomin¨® "tinte confesional" del proyecto de ley cuando se?al¨® que "se ha olvidado de las parejas de hecho y de los hijos extramatrimoniales".

En cuanto al denominado "tinte neoliberal" destac¨® el precepto que permite que cada cual se pague el peritaje y que "el juez contemple impert¨¦rrito el combate procesal sin poder intervenir, para al final dictar una sentencia sobre el material escrito que se ha ido colocando en su juzgado". Respecto a la presencia del juez en las declaraciones, admiti¨® que la ley prev¨¦ que su ausencia puede llevar a la anulabilidad de las actuaciones, siempre que el abogado lo alegue. Belloch calific¨® de "hero¨ªsmo civil que un abogado le se?ale a un juez que no ha cumplido su obligaci¨®n". Belloch concluy¨®: "La ley nacer¨¢ vieja y tendremos que derogarla cuando volvamos al Gobierno".

Por el PP, Andr¨¦s Ollero contest¨® a todos los enmendantes, y reproch¨® especialmente a los socialistas que durante 14 a?os de Gobierno no hubieran encontrado tiempo para hacer la ley. Calific¨® de corporativas las cr¨ªticas al proyecto de ley y acus¨® a Castellano de haber utilizado para la enmienda de IU un texto de Jueces para la Democracia que ya est¨¢ anticuado. Neg¨® que el modelo de juez deba ser el de la progres¨ªa del 68, dedicado a "igualar a los ciudadanos desiguales".