Las dos Espa?as

AUNQUE HACE algunas semanas que llueve en el norte, el oto?o y el invierno est¨¢n siendo muy secos en el resto de Espa?a, y ya se ha comenzado a tomar medidas en algunas zonas en previsi¨®n de la sequ¨ªa probable. En la regi¨®n Centro, que tiene reservas para dos a?os, el invierno actual est¨¢ siendo el m¨¢s seco desde 1913. En Catalu?a se aprobar¨¢ en breve un decreto para que regantes y el¨¦ctricas cedan agua a la red de suministro. Esto ocurre despu¨¦s de tres a?os de alta pluviosidad que siguieron a la fuerte sequ¨ªa de la primera mitad de la d¨¦cada. El Gobierno intenta negociar con la oposici¨®n una reforma de la vigente Ley de Aguas, aprobada por los socialistas en 1985 y contra la que el PP present¨® en su d¨ªa un recurso ante el Tribunal Constitucional. La reforma aspira a evitar las guerras del agua entre comunidades y plantea la creaci¨®n de un mercado del agua que permita transacciones, con determinadas garant¨ªas, entre concesionarios excedentarios y deficitarios.La ley de 1985 dej¨® sin derogar otra de principios de siglo sobre financiaci¨®n de obras p¨²blicas e impuso la obligatoriedad de planificar la gesti¨®n del agua mediante la aprobaci¨®n de planes para cada una de las grandes cuencas fluviales y un plan hidrol¨®gico nacional con rango de ley que regule la transferencia de agua de las cuencas donde sobra a las que carecen de ella. Este mandato legal se intent¨® llevar a cabo durante el ¨²ltimo Gobierno socialista, que coincidi¨® con la peor sequ¨ªa del siglo -m¨¢s de 11 millones de personas sufrieron restricciones-, lo que provoc¨® una guerra por el agua entre distintas comunidades y en el seno de los propios partidos pol¨ªticos, as¨ª como el rechazo del plan elaborado por Jos¨¦ Borrell.

En 1996, nada m¨¢s llegar el PP al Gobierno, el secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, present¨® un texto alternativo a la Ley de Aguas. Propon¨ªa, entre otras cosas, implantar contadores de agua en las parcelas de los regantes y acercar las tarifas a los costes reales. El texto fue rechazado por la mayor parte de los agentes sociales y se aparc¨® con la excusa de que se elaborar¨ªa un Libro Blanco del agua que sirviera para fijar posiciones. Al cabo de casi tres a?os, el Gobierno ha vuelto a sacar un proyecto de reforma mucho m¨¢s pulido y ha tenido la precauci¨®n de entreg¨¢rselo a la oposici¨®n para discutirlo y consensuarlo.

Es la primera vez que tiene ese gesto en toda la legislatura. La mayor¨ªa de los socialistas que defendieron el proyecto de Borrell cambiar¨ªa parte de su contenido ahora. Se ha modificado el marco agr¨ªcola europeo, y la dur¨ªsima experiencia de la sequ¨ªa ¨²ltima ha servido de lupa para destacar las deficiencias de la gesti¨®n del agua en Espa?a. Acabar con la idea del agua como un don gratuito es imprescindible para gestionar un recurso escaso en nuestro pa¨ªs, pero de ah¨ª a sugerir que un mercado del agua o los "bancos h¨ªdricos" que se pusieron en marcha en California vayan a ser la panacea hay mucho trecho. Ni siquiera los liberales a ultranza que han inspirado esa idea creen que el mercado sea capaz de resolver el problema, tanto m¨¢s cuanto en Espa?a comparten su uso agricultores que no interiorizan los costes de las grandes concesiones de agua heredadas de sus antepasados, potentes compa?¨ªas hidroel¨¦ctricas y regad¨ªos muy productivos en los que se han invertido miles de millones para dosificar el agua por goteo.

El mejor mercado es el que menos resquicios deja a la arbitrariedad, donde todos los concurrentes conocen y respetan unas reglas de juego. El proyecto de reforma apunta detalles y recoge muchas de las inquietudes medioambientales asumidas hoy por la colectividad, pero no profundiza en reforzar los ¨®rganos de gesti¨®n -las confederaciones hidrogr¨¢ficas-, cuya estructura org¨¢nica y plantillas se mantienen intactas desde principios de siglo. Sin dotaciones para actualizar los registros de los usuarios del agua, sin una polic¨ªa o autoridad con medios suficientes para controlar el consumo y su devoluci¨®n en buen estado al circuito h¨ªdrico, cualquier reforma corre el riesgo de caer en saco roto, a menos que s¨®lo se pretenda abrir el paso a los oligopolios o a quien m¨¢s pague por ella.

La experiencia muy reciente en Chile y Argentina sobre la liberalizaci¨®n a ultranza de recursos b¨¢sicos como el agua o la electricidad se?ala el final de ese camino. Barrios enteros de sus capitales se han quedado sin suministro durante varias semanas a comienzos de este a?o porque los due?os de los embalses hab¨ªan turbinado toda el agua almacenada a conveniencia de sus cuentas de resultados, en lugar de modular la producci¨®n de energ¨ªa y las reservas de agua en funci¨®n de todos los usuarios y las fases del ciclo hidrol¨®gico.