Los a?os de la justicia son d¨¦cadas
Una sentencia lleva 33 a?os sin ejecutarse, y un condenado va a la c¨¢rcel a los 16 a?os del delito
El retraso de los tribunales, el mal del que los ciudadanos m¨¢s acusan a la Administraci¨®n de Justicia, seg¨²n las encuestas, ofrece ejemplos vivos, como el de una ciudadana gallega, a la cabeza de una comunidad familiar de herederos, que reclama al Ministerio de Justicia 200 millones de pesetas por la no ejecuci¨®n de una sentencia 33 a?os despu¨¦s de dictarse, o como el de un ex director de Caja Rural, que ayer ingres¨® en la c¨¢rcel de Murcia, 16 a?os despu¨¦s de cometer los delitos de falsedad y estafa por los que se le conden¨® y que ¨¦l sigue negando.Mar¨ªa de los ?ngeles Teijeiro, de 58 a?os, vecina de Quiroga (Lugo), representada por su sobrino, Julio Montenegro Teijeiro, present¨® en diciembre de 1998 una reclamaci¨®n patrimonial al Estado ante el Ministerio de Justicia, fundamentada en el funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia. Teijeiro alega que una sentencia firme dictada por un tribunal de A Coru?a el 20 de mayo de 1965 continua a estas alturas sin ejecutarse.
"Estoy destrozada de los nervios", declar¨® ayer Teijeiro a este peri¨®dico, "porque todo el mundo dice que la situaci¨®n est¨¢ clara, pero el caso es que seguimos indefensos despu¨¦s de 33 a?os; arruinaron mi vida en los juzgados, en donde vemos malas caras a pesar de que lo ¨²nico que pedimos es que nos den lo nuestro; debe ser cosa del demonio, o de alguna meiga..."
Los hechos se iniciaron en 1961, cuando la comunidad hereditaria que representa Montenegro interpuso una demanda civil ante un juzgado de Lugo contra el Estado y el Patrimonio Forestal, la Diputaci¨®n Provincial, el Ayuntamiento de Folgoso de Caurel y otros. En 1963 el juez dict¨® sentencia.
Apelada por los demandados, la entonces Audiencia Territorial de La Coru?a resolvi¨® la apelaci¨®n mediante sentencia de 20 de mayo de 1965, en la que se declar¨®, entre otros puntos, que los montes descritos por los demandantes son de su propiedad y se ordena a los demandados dejar libres y a disposici¨®n de los primeros los per¨ªmetros se?alados.
Una vez firme la sentencia, la no ejecuci¨®n de la misma, que los reclamantes atribuyen "a la pasividad del juzgado" de Lugo -en el que se han sucedido distintos jueces-, produce, seg¨²n detallan en su reclamaci¨®n, "serias irregularidades administrativas". Pero el motivo de la reclamaci¨®n, se?alan, "es la p¨¦rdida econ¨®mica que supone el hecho de no poder haber dispuesto durante m¨¢s de 30 a?os de una propiedad cuyo valor, por extensi¨®n y capacidades de explotaci¨®n, es superior a los 2.500 millones de pesetas".
Los reclamantes invocan el art¨ªculo 121 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cual los da?os causados como "consecuencia del funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia dar¨¢n derecho a una indemnizaci¨®n a cargo del Estado", as¨ª como la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que desarrolla dicho precepto, y aportan jurisprudencia constitucional en apoyo de su pretensi¨®n.
Otra dilaci¨®n llamativa se ha conocido en Murcia. Alfonso Ruiz Agudo, de 56 a?os, vecino de Ceheg¨ªn (Murcia), ingres¨® en prisi¨®n ayer para cumplir una condena de cuatro a?os y ocho meses de c¨¢rcel impuesta en 1994 por falsedad y estafa, delitos cometidos en 1983, cuando el condenado era director de oficina de la Caja Rural Provincial, despu¨¦s absorbida por Cajamurcia.
Tras la sentencia condenatoria, Ruiz Agudo pidi¨® el indulto, que le fue denegado en septiembre de 1998. Su abogado, el letrado Jos¨¦ Luis Maz¨®n, invoc¨® ante el Tribunal Constitucional que el cumplimiento tan tard¨ªo de la pena carece de eficacia resocializadora. El 10 de febrero ¨²ltimo, al rechazarle el amparo, el Constitucional reconoci¨® que "el indulto, aqu¨ª intentado sin ¨¦xito, hubiera sido un mecanismo admisible para paliar las indebidas consecuencias personales, familiares, laborales o de otra ¨ªndole que del indebido retraso puedan derivarse para el condenado".
Ruiz Agudo, que ha presentado una queja ante el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, declar¨® ayer, antes de ingresar en prisi¨®n: "Mi familia y yo hemos sufrido lo que no se puede imaginar durante estos 16 a?os, que he vivido sin mancha. Han devastado mi vida; esperaba el indulto, ya s¨®lo conf¨ªo en mi familia".
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