En picado

EL MINISTRO de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqu¨¦, no est¨¢ dando las respuestas pol¨ªticas acertadas a las acusaciones de corrupci¨®n lanzadas contra ¨¦l desde el partido socialista. Piqu¨¦ ha remitido una carta al presidente del Congreso, Federico Trillo, en la que, adem¨¢s de lanzar vehementes protestas de inocencia, pide al destinatario que se pronuncie sobre si es legal la investigaci¨®n de las actividades privadas del ministro cuando era presidente de Ercros. Durante este periodo, Piqu¨¦ cre¨® la sociedad Loreto Consulting, con el fin de facturar como actividades de consultor¨ªa parte de sus retribuciones como presidente. Adem¨¢s, el ministro present¨® ayer una demanda de conciliaci¨®n en los tribunales, previa a una demanda civil, contra el candidato socialista, Jos¨¦ Borrell, quien puso en duda el comportamiento fiscal del hoy ministro de Industria durante su etapa de m¨¢ximo responsable de Ercros. Esta iniciativa cuenta con el apoyo entusiasta del Partido Popular (PP), cuyo coordinador de organizaci¨®n, P¨ªo Garc¨ªa Escudero, anunci¨® ayer que el partido llevar¨¢ a los tribunales al menos seis casos de acusaciones contra representantes y cargos del partido para "limpiar su imagen".La carta de Piqu¨¦ al presidente del Congreso es un movimiento a la desesperada. Revela la ausencia de recursos pol¨ªticos del Gobierno ante la t¨¢ctica de la oposici¨®n socialista, aplicada con m¨¢s voluntad que acierto, de dar al PP una dosis de la misma medicina que los populares recetaron a los ¨²ltimos gobiernos de Felipe Gonz¨¢lez. El emplazamiento al presidente del Congreso para que distinga entre ¨¦tica privada y p¨²blica es un subterfugio. La conducta de Piqu¨¦ como presidente de Ercros importa a los ciudadanos una vez que existen dudas fundadas sobre ella. Ercros se sane¨® en parte con dinero p¨²blico. Cabe recordar al hoy peticionario de amparo que existen precedentes de altos cargos que presentaron su dimisi¨®n para no comprometer con sus errores privados la estabilidad o el buen nombre de un Gobierno. Fue el caso del ministro de Agricultura Vicente Albero o el del antecesor de Aznar en la Junta de Castilla y Le¨®n, Demetrio Madrid. Piqu¨¦ debe explicar, adem¨¢s, por qu¨¦ en su declaraci¨®n de actividades al ser nombrado ministro no figuraba la presidencia de Loreto Consulting.

Pero no es necesario recurrir a su gesti¨®n privada. Baste recordar que se ha cerrado en banda a la hora de someter a una comisi¨®n de investigaci¨®n su extravagante e incluso sospechosa pol¨ªtica de subvenciones. El victimismo que exhibe en su carta al presidente del Congreso est¨¢ en contradicci¨®n con esa negativa. La creaci¨®n de una subcomisi¨®n parlamentaria de estudio como suced¨¢neo de la Comisi¨®n de Investigaci¨®n es un enredo in¨²til, porque no disipar¨¢ las acusaciones que pesan sobre su actuaci¨®n.

La demanda civil contra el candidato socialista, jaleada alegremente por el PP, es un dislate. El recurso masivo a los tribunales como m¨¦todo para blanquear la honorabilidad de unos servidores p¨²blicos cuestionados en tanto que tales ser¨ªa un retroceso pol¨ªtico, una vuelta a la judicializaci¨®n de la vida pol¨ªtica, cuyos efectos nefastos tardaron en desaparecer. Las acusaciones contra el ministro de Industria forman parte del juego democr¨¢tico, y, como tales, exigen respuestas pol¨ªticas en el Parlamento.

Las maniobras pol¨ªticas de evasi¨®n del portavoz son coherentes con la concepci¨®n que sobre la transparencia pol¨ªtica exhibe frecuentemente Aznar, quien, al parecer, no se considera responsable ante los ciudadanos de la opacidad de su Gobierno. Al ser preguntado el mi¨¦rcoles en el Congreso por el rosario de denuncias de corrupci¨®n que puntean la actuaci¨®n del PP en comunidades aut¨®nomas, diputaciones y ayuntamientos, Aznar respondi¨® en los siguientes t¨¦rminos: "Por muchos errores que se cometiesen ahora o en el futuro, jam¨¢s se podr¨ªa igualar o superar lo que ustedes hicieron en la vida pol¨ªtica espa?ola; ni siquiera acercarse". Es posible que esto satisfaga a su hinchada. Pero la instalaci¨®n permanente en los casos de corrupci¨®n socialista como coartada para no responder de los propios es un agravio a todos los ciudadanos, que exigen cuentas de la gesti¨®n p¨²blica de hoy. Si lo que Aznar pretende es defender la gesti¨®n de los miembros de su Gabinete por comparaci¨®n con sus antecesores, est¨¢ en un error, porque esa comparaci¨®n corresponde a los ciudadanos; y si lo que quiere es anular a la oposici¨®n con el pretexto de corrupciones pasadas, est¨¢ degradando los mecanismos democr¨¢ticos, y de ello habr¨¢ que pedirle cuentas. Su afirmaci¨®n de que "si hay algo que corregir, lo corregiremos, pero, en estos asuntos, lecciones de ustedes ni una", no es una amenaza al PSOE, sino a nueve millones de votantes.