Los jueces de lo Contencioso creen que Vizcaya comete "un acto de insumisi¨®n" a la democracia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Pa¨ªs Vasco, en la que se integran los magistrados criticados por la Diputaci¨®n vizca¨ªna, consider¨® ayer la actitud de esta instituci¨®n como un "acto de insumisi¨®n al sistema democr¨¢tico de libertades". La sala trat¨® ayer en un pleno la reapertura de la guerra contra la secci¨®n que ha juzgado decisiones de la Diputaci¨®n y anunci¨® que seguir¨¢ cumpliendo su "funci¨®n jurisdiccional con la firmeza que cada caso reclame". El PSE-EE vizca¨ªno desautoriz¨® a sus diputados que apoyaron investigar la actuaci¨®n de los jueces.

Los quince magistrados que componen la Sala de lo Contencioso (cinco por cada secci¨®n) abordaron el nuevo pronunciamiento hostil de la Diputaci¨®n de Vizcaya, el tercero en a?o y medio, contra el tribunal que ha cuestionado la legalidad de varias actuaciones en materia de personal. Anteayer, la instituci¨®n foral pidi¨® al Tribunal Superior vasco que abra una inspecci¨®n ante la supuesta "comisi¨®n de graves irregularidades" por la Secci¨®n Tercera de lo Contencioso, a la que acusa de transgredir el principio de separaci¨®n de poderes e inmiscuirse en competencias propias de la Diputaci¨®n. La Sala precis¨® en un comunicado que no es parte, sino ¨®rgano interpuesto entre los denunciantes de la pol¨ªtica de personal foral -que son trabajadores- y la Diputaci¨®n. "El tribunal emite pronunciamientos dirigidos a dirimir un conflicto sostenido entre las partes contendientes y no entre algunas de ellas y el tribunal", aclar¨®. La nota oficial, que sugiere la exigencia por parte de la Diputaci¨®n de un trato distinto para enjuiciar sus actos, recuerda que las Administraciones p¨²blicas "no ostentan ning¨²n privilegio, sino que son tratadas procesalmente en el mismo plano de igualdad jur¨ªdica que todas las personas". Y lanza a continuaci¨®n una advertencia al ente foral: "La voluntad de incumplimiento por cualquier administraci¨®n p¨²blica de las sentencias y resoluciones judiciales que le resultan adversas constituye un acto de insumisi¨®n al sistema democr¨¢tico de libertades". Precisamente, dos de los casos invocados por Vizcaya para censurar a los magistrados de la Secci¨®n Tercera tienen relaci¨®n con esta aseveraci¨®n. La oferta de empleo de 1993 fue anulada en 1996 por la Secci¨®n Tercera de lo Contencioso, que en un auto del pasado noviembre oblig¨® a cumplir la sentencia y estimaba que la Diputaci¨®n pudo cometer un delito de desobediencia. La segunda situaci¨®n es la pol¨¦mica contrataci¨®n de 1981 de 143 personas, anulada por el Tribunal Superior y el Supremo, y cuya sentencia no se ha ejecutado. Los magistrados reiteran el compromiso de cumplir su funci¨®n jurisdiccional "con la serenidad pero tambi¨¦n con la firmeza que cada caso reclame". Y, tras reconocer que la Diputaci¨®n vizca¨ªna "goza de libertad" para criticar resoluciones y presentar reclamaciones por el funcionamiento del tribunal, subraya que todos las sentencias que han motivado la cr¨ªtica foral son ya firmes, "bien por no haber sido recurridas en tiempo y forma, o bien por haber sido desestimados los recursos interpuestos contra ellas". La secci¨®n territorial de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) tambi¨¦n opin¨® sobre este asunto y expres¨® su "m¨¢s en¨¦rgica protesta" por la actitud de la Diputaci¨®n. Este colectivo hizo un llamamiento al ente foral para que reconduzca los debates por los cauces adecuados y se decida, "de una vez por todas y de forma contundente", a respetar la divisi¨®n de poderes. La APM admiti¨® que la interpretaci¨®n de la ley puede ser objeto de cr¨ªtica, pero "no es de recibo", precis¨®, "que se pretenda ver en las resoluciones judiciales animadversi¨®n o contienda con ninguna de las partes en proceso". "Deber¨ªan ser, precisamente, las instituciones p¨²blicas las que hicieran gala de una especial consideraci¨®n con las resoluciones judiciales". El PSE-EE de Vizcaya, socio de gobierno del PNV en la Diputaci¨®n, se sum¨® tambi¨¦n a las cr¨ªticas pese a que sus diputados forales apoyaron el acuerdo de censura contra los jueces adoptado en consejo de gobierno. Exigi¨® respeto a las decisiones judiciales y culp¨® de la situaci¨®n al diputado de Presidencia, Jos¨¦ Luis Bilbao (PNV), a quien exigi¨® que solucione los problemas del personal y no se dedique a "endosar mala fe o aprioris en la labor de la justicia". El PNV terci¨® en la pol¨¦mica y dijo que Bilbao se limit¨® a trasladar "un acuerdo un¨¢nime que cont¨® con el respaldo socialista".