Gimeno contrata a un bufete para intentar legalizar la marjaler¨ªa

El alcalde de Castell¨®n, Jos¨¦ Luis Gimeno, ha decidido encargar un informe jur¨ªdico a un despacho privado para obtener una base legal que le permita declarar urbanizable el suelo de la marjaler¨ªa. El presupuesto para la elaboraci¨®n de este dictamen es de cinco millones y medio de pesetas, pese a que el Ayuntamiento de Castell¨®n, como todos, dispone de sus propios servicios jur¨ªdicos. La revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), realizada el a?o pasado por el PP, evit¨® uno de los mayores problemas urban¨ªsticos de Castell¨®n: un marjal en el que existen alrededor de 4.000 viviendas ilegales. El equipo de gobierno popular opt¨® por remitir a un plan especial, para el que todav¨ªa no se ha fijado fecha de conclusi¨®n, que deber¨¢ determinar una poco electoralista soluci¨®n para las construcciones levantadas en suelo no urbanizable. Cabe se?alar que, adem¨¢s, el PP contrat¨® un equipo asesor para la redacci¨®n del nuevo PGOU al que destin¨® un presupuesto de 10 millones de pesetas. El grupo de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Castell¨®n, formado por Amelia Ferreres y Joan Julbe, remiti¨® a Gimeno, hace m¨¢s de un a?o, un dictamen jur¨ªdico en el que le advert¨ªa de la protecci¨®n que prev¨¦ la legislaci¨®n auton¨®mica para todas las zonas h¨²medas. Junto a ¨¦ste enviaron los informes t¨¦cnicos de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente que se?alan a la marjaler¨ªa de Castell¨®n como zona h¨²meda. Informe a medida Ahora, los concejales de EU consideran que la ¨²nica intenci¨®n de Gimeno es obtener "un informe hecho a medida que justifique las ilegalidades consentidas por el Ayuntamiento en esos terrenos y las ansias especuladoras a las que el PP quiere dar rienda suelta". Adem¨¢s, apuntan que "no es lo mismo pedir a un profesional que interprete una norma legal, seg¨²n su buen criterio, que exigirle un informe jur¨ªdico que justifique lo contrario a lo que dice la propia ley". En cuanto al estado en el que se encuentran las viviendas de la marjaler¨ªa, los ediles de EU indican que todas las edificaciones levantadas antes de la entrada en vigor del nuevo C¨®digo Penal, en 1995, est¨¢n legalizadas por "mandato expreso de la diposici¨®n transitoria quinta de la ley del suelo de 1992". En este sentido aseguran que las infracciones urban¨ªsticas cometidas en estas construcciones ya han prescrito, por lo que estas viviendas son legales. "Otra cuesti¨®n ser¨¢ la situaci¨®n de las viviendas construidas desde que dicho acto es delito ya que, al tratarse de suelo sujeto a especial protecci¨®n no prescribe", comentan. Por ¨²ltimo, Ferreres y Julbe mantienen que "mienten quienes dicen que van a legalizar las viviendas construidas, porque ¨¦stas ya lo est¨¢n por ley, y mienten los que dicen que se declarar¨¢ urbanizable el resto de la marjaler¨ªa porque lo proh¨ªbe la ley y ser¨ªa necesario cambiarla para que fuera posible".