LA COMUNIDAD ES LA SEXTA POR LA COLA EN TODO EL ESTADO La red p¨²blica s¨®lo cuenta con 0,7 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 a?os. Los "perversos" bonocheques

Alojarse en una residencia p¨²blica se ha convertido en un problema para los jubilados de la Comunidad debido a un gran obst¨¢culo: la escasez de plazas. La oferta de ayuntamientos, diputaciones y la Consejer¨ªa de Bienestar Social para la tercera edad se encuentra entre las m¨¢s pobres del Estado. Las 590.919 personas mayores de 65 a?os que residen en las tres provincias valencianas tan s¨®lo cuentan con 4.317 plazas de titularidad p¨²blica, es decir una proporci¨®n de 0,73 por cada 100 mayores. Esta relaci¨®n sit¨²a a la Comunidad en el sexto lugar por la cola, s¨®lo por delante de Galicia, Cantabria, Catalu?a, Andaluc¨ªa y Murcia, seg¨²n datos de 1998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La red valenciana de residencias p¨²blicas para la tercera edad tan s¨®lo es capaz de ofrecer un alojamiento por cada 137 personas mayores de 65 a?os, tal y como recoge la p¨¢gina web del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Trabajo. El Gobierno, en un trabajo que describe la oferta total de plazas residenciales del a?o 1998, contabiliza un total de 13.585 en la Comunidad sumando p¨²blicas y privadas, es decir, 2,3 por cada 100 personas mayores de 65 a?os. Las tres provincias valencianas no superan la media espa?ola ni en n¨²mero total de plazas ni en la oferta parcial, sean s¨®lo p¨²blicas o privadas. Frente a una oferta de 2,81 alojamientos por cada centenar de mayores de 65 a?os en toda Espa?a, en la Comunidad la cifra es de 2,3. En cuanto a plazas p¨²blicas, en el Estado hay 0,86 por cada 100 jubilados, una cifra superior a las 0,73 para los mayores que residen en la Comunidad. Por debajo de la media Pese al aliento dado a las residencias privadas mediante el sistema de los bonos residencia -unas subvenciones que reciben los beneficiarios en forma de talonario de cheque que s¨®lo pueden ser usados en las residencias privadas adheridas al programa- las tres provincias valencianas tampoco superan la media nacional de oferta de este servicio privado. En todo el pa¨ªs la relaci¨®n roza las 2 plazas por cada 100 mayores (1,95), medio punto m¨¢s que las 1,5 de la Comunidad. Las Islas Baleares son la comunidad que ofrece una asistencia p¨²blica m¨¢s amplia a sus ancianos. A diferencia de la situaci¨®n que se da en Valencia, las plazas de titularidad p¨²blica son m¨¢s numerosas en las baleares que las privadas. La red institucional balear ofrece 1,86 plazas p¨²blicas por cada centenar de personas mayores -casi el triple que la Comunidad- y las empresas privadas 1,15. Por detr¨¢s de Baleares, en oferta p¨²blica, se encuentra Castilla y Le¨®n (1,4), La Rioja (1,26) y Arag¨®n (1,22). La escasez de plazas p¨²blicas parece no preocupar en exceso a la consejer¨ªa que dirige Marcela Mir¨®. Las inversiones realizadas por Bienestar Social destinadas a construir nuevas residencias han sufrido un acusado descenso desde el a?o 1995. Entonces -bajo la denominaci¨®n de consejer¨ªa de Trabajo y Asuntos Sociales- se alcanzaron los 1.828 millones de pesetas, una cantidad que no se ha vuelto a alcanzar y que cay¨® progresivamente durante los a?os 1996, 1997 y 1998 a 917, 734 y 266 millones de pesetas respectivamente, seg¨²n fuentes socialistas. A pesar del repunte de inversi¨®n previsto para 1999 (465 millones de pesetas) la voluntad de la Administraci¨®n auton¨®mica de primar la ayuda a las residencias privadas frente a las p¨²blicas es evidente. La partida reservada para sufragar el programa de bonos de 1998 fue de 855 millones frente a los 266 destinados a la inversi¨®n en residencias p¨²blicas. La Comunidad tampoco sale bien parada en una comparaci¨®n con Castilla y Le¨®n, la autonom¨ªa que guarda mayor similitud con la valenciana en cuanto a poblaci¨®n jubilada. Las 510.971 personas mayores de 65 a?os de la comunidad castellana sit¨²an a este colectivo cerca de los 590.919 valencianos. Pese a contar con una poblaci¨®n jubilada semejante -incluso algo inferior-, la autonom¨ªa castellana desbanca a la valenciana tanto en centros y como en n¨²mero de plazas. Castilla y Le¨®n, regi¨®n gobernada por el Partido Popular al igual que la Comunidad Valenciana, cuenta con un total de 420 centros y 23.637 plazas frente a los 243 y las 13.585 plazas que suman las tres provincias valencianas, es decir casi el doble de dotaciones residenciales para la tercera edad. La comunidad castellana tambi¨¦n duplica a la valenciana en la relaci¨®n de plazas p¨²blicas y privadas por cada 100 mayores.Los "efectos perversos o indeseables" del programa de los bonocheques no pasaron inadvertidos para la Unidad de Inspecci¨®n de Servicios Sociales de la propia Consejer¨ªa de Bienestar Social. En un detallado estudio denunciaron los numerosos inconvenientes que ten¨ªa la opci¨®n tomada por el gobierno del Partido Popular del bono residencia, una subvenci¨®n mensual que percibe el beneficiario en forma de talonario de cheques que s¨®lo puede ser empleado en las residencias privadas acogidas al programa y que desv¨ªa fondos p¨²blicos a los servicios privados de atenci¨®n a la tercera edad. El informe destacaba, entre sus principales conclusiones, que este sistema penalizaba a los usuarios con menores recursos econ¨®micos debido al procedimiento de pago aplazado. Criticaba, adem¨¢s, la carencia de plazas, las "irregularidades" generadas por la tardanza en resolver las nuevas peticiones de ayudas y los abusos de algunas de las 67 residencias privadas adheridas al programa.