En defensa del urbanismo

Al hilo de la pol¨¦mica desatada a ra¨ªz del convenio de Tablada y desde la distancia y el desapasionamiento del que no conoce en detalle sus entresijos, me atrevo a exponer las siguientes reflexiones. En mi labor docente me esfuerzo por transmitir el sentido de justicia que debe contener toda ordenaci¨®n jur¨ªdica. Ese empe?o significa una b¨²squeda de las bondades de nuestro sistema urban¨ªstico, que las tiene, y sobre todo un intento por demostrar que con una adecuada interpretaci¨®n, y en consecuencia aplicaci¨®n, de las reglas de juego que en esta materia nos hemos otorgado como sociedad democr¨¢tica se obtienen resultados razonablemente justos para una problem¨¢tica compleja como es ¨¦sta. La realidad profesional, con sus resultados, d¨ªa a d¨ªa me ayuda poco en esa labor. La realidad ridiculiza y hace vano este esfuerzo. Resulta que casi siempre cabe pervertir la norma en su aplicaci¨®n. Parece cierto que se acent¨²a en materia urban¨ªstica el dicho de que una cosa es la teor¨ªa y otra la pr¨¢ctica: un campo abonado para saltarse la norma, para negociar su aplicaci¨®n... Nuestro sistema urban¨ªstico no menciona expl¨ªcitamente la figura del convenio para nada. Sin embargo, el ciudadano probablemente conozca mejor este t¨¦rmino que cualquier otro de los utilizados para denominar alguna de sus instituciones fundamentales: aprovechamiento tipo, ¨¢rea de reparto... El convenio urban¨ªstico con tremenda facilidad pervierte los mecanismos de participaci¨®n ciudadana en la elaboraci¨®n del planeamiento. Pero ?qu¨¦ dice usted? ?Es que acaso existe participaci¨®n directa ciudadana en la toma de decisiones urban¨ªsticas? No es nada sano que sigamos desprestigiando la actuaci¨®n urban¨ªstica. Nuestras ciudades a¨²n se planifican, la creaci¨®n o transformaci¨®n de la ciudad no es una facultad intr¨ªnseca al derecho de los propietarios de inmuebles, el problema urban¨ªstico tiene implicaciones para toda la sociedad. Ello significa que los agentes que intervienen en los procesos urban¨ªsticos no son exclusivamente los propietarios de inmuebles, los que tengan vocaci¨®n de promotores o las administraciones p¨²blicas. Todav¨ªa cabe defender que la ciudad y en definitiva el c¨®mo usemos el territorio sea un problema prioritariamente del ciudadano, de todos, y por ello se incardine su soluci¨®n en la Administraci¨®n m¨¢s pr¨®xima a ¨¦l, la municipal. En consecuencia, y a¨²n sin poner en duda las virtudes del convenio en cuanto pueda suponer un beneficio para la colectividad, pues no queda otro remedio que presumir la actuaci¨®n de la Administraci¨®n en defensa de esos intereses, la v¨ªa no es v¨¢lida. Una vez m¨¢s se negocia a dos bandas la soluci¨®n a un problema cuando tiene m¨¢s agentes implicados, se ha olvidado al de siempre, al ciudadano. Qu¨¦ clase de comedia ser¨¢ la elaboraci¨®n en su d¨ªa del plan, con su complejo procedimiento garantista, su obligada participaci¨®n ciudadana en la toma de decisiones, si las decisiones ya se han tomado, ya se han negociado, a qu¨¦ tanta burocracia. Si esa es la v¨ªa para agilizar la actuaci¨®n p¨²blica, que as¨ª se reconozca, pero no mantengamos m¨¢s farsas, que adem¨¢s son costosas. No es razonable que el modelo colectivo de uso del territorio sea un compendio de pactos singulares con propietarios, adem¨¢s, noveles; ni aun bajo la excusa de dotar a la actuaci¨®n de viabilidad. El desprestigio del urbanismo viene de ah¨ª, de la extendida convicci¨®n, por real, de que es un negocio ping¨¹e y r¨¢pido al alcance de pocos y avezados. Su complejidad es defendida y fomentada, la ca¨®tica situaci¨®n legislativa que se mantiene la favorece, gustosamente para muchos. Hoy todo es previamente negociable. La acumulaci¨®n de acuerdos puntuales no es un plan urban¨ªstico, es una suma de desprop¨®sitos que puede impedir en el futuro formalizar un tejido coherente de infraestructuras y espacios p¨²blicos generado desde la l¨®gica hist¨®rica del conjunto urbano. Pero no olvidemos que todav¨ªa nuestras administraciones est¨¢n para defender los intereses de la colectividad. Todav¨ªa no son un empresario m¨¢s que negocia con otro. En esa defensa de los intereses p¨²blicos no s¨®lo deben ser honradas, sino adem¨¢s parecerlo. La utilizaci¨®n de estos mecanismos negociadores, propios de los agentes privados en la defensa de sus intereses particulares, hace que se desvirt¨²e la presunci¨®n de que se est¨¢n defendiendo intereses colectivos. La forma, el tan denostado procedimiento administrativo, que no burocracia, tiene como finalidad garantizar en lo posible que en esas decisiones urban¨ªsticas se impliquen todos los agentes llamados a ella. Que la ordenaci¨®n que resulte, para bien o para mal, sea una ordenaci¨®n asumida, aceptada y participada no s¨®lo por nuestros representantes municipales democr¨¢ticamente elegidos, sino directamente por los ciudadanos que usar¨¢n de la ciudad que estemos creando. Si estas consideraciones no suenan m¨¢s que a ut¨®picas ideas sin aplicaci¨®n pr¨¢ctica, tengamos la valent¨ªa de cambiar las reglas de juego, pero no continuemos m¨¢s con la farsa.

Daniel Ant¨²nez Torres es profesor de la ETS de Arquitectura de Sevilla, arquitecto y licenciado en Derecho.