El Estado prev¨¦ indemnizar con 21 millones por cada muerto en atentado terrorista

El Gobierno propone indemnizar con 21 millones de pesetas a cada una de las familias que han sufrido una v¨ªctima mortal por terrorismo, seg¨²n anunci¨® ayer el vicepresidente primero, Francisco ?lvarez Cascos, tras la sesi¨®n del Consejo de Ministros que dio luz verde a la proposici¨®n de ley de Solidaridad con las V¨ªctimas del Terrorismo. El texto, que cuenta "con un consenso amplio" e incluye todos los casos de terrorismo, seg¨²n Cascos, a¨²n no es definitivo y depende de la tramitaci¨®n parlamentaria. El vicepresidente calcula en 42.000 millones la cantidad que tendr¨¢ que abonar el Estado.

Cascos, que ha coordinado la proposici¨®n, cuyo primer borrador articulado se conoci¨® ayer tras dos meses de conversaciones con los partidos, destac¨® su "amplio alcance". El Gobierno ha elegido la figura de la proposici¨®n de ley (normalmente iniciativa de los grupos parlamentarios) en vez del proyecto legislativo (como se denominan usualmente los promovidos por el Ejecutivo) para que puedan suscribirla desde su origen, y no s¨®lo votarla, todos los partidos que lo deseen y no ¨²nicamente el Gabinete.El texto de la proposici¨®n -con 10 art¨ªculos, y seis disposiciones- establece que ser¨¢n beneficiarias las v¨ªctimas "por da?os f¨ªsicos o psicof¨ªsicos" o sus familiares por todo tipo de terrorismo -ETA, Batall¨®n Vasco Espa?ol (BVE), GAL, GRAPO, etc¨¦tera- desde enero de 1968, a?o en que se produjo el primer atentado mortal etarra.

El vicepresidente reconoci¨® que ha sido precisamente el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la ley su aspecto "m¨¢s debatido" con los partidos y, a su juicio, el resultado es que "comprende el m¨¢ximo de casos posibles", aunque se excluyen los da?os materiales. El texto supera el concepto penal de banda armada, al establecer como objeto "las v¨ªctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados, o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana (...)". Cascos asegur¨®, por ejemplo, que la proposici¨®n abarca tambi¨¦n a las v¨ªctimas de la extrema derecha, o, incluso, si la sentencia judicial es favorable, a los familiares el dirigente de HB, Santiago Brouard, asesinado por el GAL en noviembre de 1984.

El caso de Yoyes

Otras fuentes gubernamentales se?alaron que tambi¨¦n se aplicar¨¢ a los herederos de la ex dirigente de ETA Dolores Gonz¨¢lez Catarain, Yoyes, asesinada por la banda, o a los de los etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala, si la sentencia judicial confirma que murieron tras ser secuestrados. En este ¨²ltimo caso, lo previsible es que el Estado sea responsable civil subsidiario.La proposici¨®n no abarca, sin embargo, a quienes hubieran sido v¨ªctimas de la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad del Estado durante una actuaci¨®n de orden p¨²blico o investigaci¨®n oficial.

La amplitud de la ley ha sido una de las cuestiones m¨¢s debatidas entre el Gobierno y el PSOE que, a juicio de ?lvarez Cascos, se zanja con un "m¨¢ximo com¨²n denominador". El PNV no ha conseguido su reclamaci¨®n de que el ¨¢mbito temporal de la ley se traslade de enero de 1968 a la transici¨®n democr¨¢tica. El vicepresidente primero cree que "un aspecto tan menor" no ser¨¢ obst¨¢culo para que los nacionalistas vascos la apoyen.

Otro aspecto muy debatido ha sido el criterio de pago de las indemnizaciones. El texto establece que la cuant¨ªa de ¨¦stas ser¨¢ la fijada por una sentencia en concepto de responsabilidad civil.

En el caso de que el acto no haya sido objeto de resoluci¨®n judicial, el Gobierno establece un baremo para determinar la cantidad. En caso de fallecimiento se pagar¨¢n 21 millones de pesetas. Para el resto de las categor¨ªas a¨²n no se ha establecido un baremo, cuya "complejidad", reconoci¨® Cascos.

El documento, adem¨¢s del fallecimiento, cita la gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial y lesiones permanentes no invalidantes. Las indemnizaciones fijadas por los jueces se actualizar¨¢n con arreglo a la inflaci¨®n.

En el caso de que las cuant¨ªas establecidas en sentencia sean menores de las acordadas por la ley, se aplicar¨¢ el baremo establecido en ella. Y si fueran superiores a dicha cifra, el Estado pagar¨¢ tambi¨¦n el importe del baremo, conservando las v¨ªctimas el derecho de continuar acciones en los tribunales contra los condenados y cobrar el resto.

Aunque Cascos se resisti¨® a dar una cifra sobre el costo que supondr¨¢ esta ley para el Estado, adelant¨®, en una primera aproximaci¨®n, la cifra de 42.000 millones de pesetas, de los que 21.000 millones corresponder¨ªan a las cerca de 1.000 v¨ªctimas mortales.

El texto establece que los beneficiarios de las compensaciones ser¨¢n las v¨ªctimas de actos de terrorismo y, en caso de fallecimiento, quienes hubieran sido designados destinatarios de ese derecho en sentencia firme o sus herederos. Si no hubiese fallo judicial, el c¨®nyuge no separado legalmente o los herederos en l¨ªnea directa descendente o ascendente hasta el segundo grado de parentesco.

La tramitaci¨®n y resoluci¨®n de los procedimientos y el pago de indemnizaciones corresponder¨¢n al Ministerio del Interior y se fija un plazo de seis meses para solicitarlas a partir de la entrada en vigor del reglamento de la ley.