Televisi¨®n Espa?ola, a espaldas de la democracia

La televisi¨®n es un medio y el que controla el medio controla el fin. Nadie puede negar las inmensas posibilidades de informaci¨®n y entretenimiento que la t¨¦cnica de la televisi¨®n ha tra¨ªdo hasta nuestras propias casas, pero nadie podr¨¢ negar tampoco el impresionante grado de manipulaci¨®n de la conciencia colectiva que la televisi¨®n hace posible en nuestros d¨ªas. El poder y la t¨¦cnica de la televisi¨®n sirven tanto para formar como para deformar, para informar como para manipular, para integrar como para desintegrar, para propiciar el consenso como para fomentar el conflicto.?Y para qu¨¦ sirve Televisi¨®n Espa?ola? Cualquier observador objetivo tendr¨ªa que reconocer que su programaci¨®n es culturalmente pobre, que su imparcialidad es pr¨¢cticamente nula, que su organizaci¨®n es un disparate, que sus gastos actuales son un aut¨¦ntico despilfarro, que intelectualmente es un insulto a la inteligencia, y que pol¨ªticamente es una burla de los derechos de la ciudadan¨ªa. Con una programaci¨®n que apenas se distingue de la que gratuitamente ofrecen las televisiones privadas y disfrutando de una credibilidad cada vez m¨¢s dudosa, Televisi¨®n Espa?ola nos cuesta a los contribuyentes 500 millones de pesetas diarios. Funcionando como funciona, a Televisi¨®n Espa?ola s¨®lo la necesita el Gobierno; sirve, sobre todo, como instrumento de propaganda, como televisi¨®n gubernamental.

Nada nuevo, por otra parte. Desde 1956, a?o en que la televisi¨®n comienza a emitir en nuestro pa¨ªs en r¨¦gimen de monopolio p¨²blico, es el Gobierno el que controla Televisi¨®n Espa?ola; primero fueron los Gobiernos franquistas y luego los sucesivos Gobiernos de la democracia, pero siempre el Gobierno. En los ¨²ltimos decenios, en el mundo del audiovisual ha cambiado casi todo, menos la esencia de Televisi¨®n Espa?ola. Hemos pasado del monopolio a la liberalizaci¨®n y a la consiguiente competencia con las televisiones privadas; de la escasez de frecuencias en el espacio radioel¨¦ctrico a la multiplicaci¨®n de las posibilidades de transmisi¨®n y del n¨²mero de canales; de la antigua separaci¨®n, a la convergencia del audiovisual con el sector de las telecomunicaciones; las concentraciones empresariales han venido creciendo a velocidades de v¨¦rtigo; todo, pr¨¢cticamente todo, ha cambiado, menos Televisi¨®n Espa?ola.

Nos cabe as¨ª el dudoso m¨¦rito de ser el ¨²nico pa¨ªs de la Uni¨®n Europea y, hasta donde me consta, la ¨²nica democracia de Occidente, en donde el partido que forma Gobierno puede adue?arse de la llamada televisi¨®n p¨²blica para orientar la opini¨®n de los mismos ciudadanos con cuyos impuestos se paga dicha televisi¨®n.

El disparate tiene tales dimensiones que cualquier persona sensata se preguntar¨¢, con raz¨®n, c¨®mo ha sido posible que se haya mantenido durante m¨¢s de 20 a?os de democracia la estructura esencialmente antidemocr¨¢tica de un servicio p¨²blico tan importante y costoso como el de televisi¨®n. Todo tiene su historia, sus causas y sus protagonistas, pero lo que me interesa resaltar aqu¨ª son los aspectos legales y constitucionales del problema.

En 1980, en tiempos de amplio consenso, con un Gobierno presidido por quien hab¨ªa sido director general de Televisi¨®n Espa?ola en el r¨¦gimen anterior, y con una oposici¨®n desde la que ciertas voces hab¨ªan pedido la socializaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n de masas, se aprueba la Ley del Estatuto de Radio y Televisi¨®n, la ley que en 1999 contin¨²a todav¨ªa vigente. Nuestros legisladores dieron entonces por bueno el siguiente mecanismo: celebradas elecciones generales, el partido que forma Gobierno nombra al director general de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, el cual, sin otro contrapoder ni mecanismo de control interno medianamente significativo, salvo el Consejo de Administraci¨®n, elegido por el Parlamento, dirige RTVE durante cuatro a?os, o, como estamos acostumbrados a ver, hasta que el Gobierno decide sustituirle.

En el dise?o de la ley vigente no es, pues, el sistema de designaci¨®n del director general, que contin¨²a siendo el del r¨¦gimen pol¨ªtico anterior, sino el sistema de elecci¨®n del Consejo de Administraci¨®n, el que vendr¨ªa a garantizar el car¨¢cter democr¨¢tico de Televisi¨®n Espa?ola. Dicho Consejo, integrado por 12 miembros, es elegido, mitad por el Congreso y mitad por el Senado, entre personas de relevantes m¨¦ritos profesionales, por una mayor¨ªa m¨¢s dif¨ªcil de conseguir que la que se requiere para la designaci¨®n de los miembros del Tribunal Constitucional: tres quintos en el caso de ¨¦stos, y dos tercios para la elecci¨®n de los miembros del Consejo. Es comprensible que en tiempos de consenso el sistema de mayor¨ªas reforzadas pudiera parecer a nuestros legisladores una garant¨ªa democr¨¢tica. Pero lo cierto es que, en circunstancias distintas, a lo que a menudo contribuyen las mayor¨ªas reforzadas es a impedir el funcionamiento de la democracia. El lamentable retraso de un a?o en la ¨²ltima renovaci¨®n del Tribunal Constitucional y la incapacidad pol¨ªtica para cubrir las cuatro vacantes actuales en el Consejo de Administraci¨®n de RTVE as¨ª lo ponen de manifiesto.

Menos f¨¢cil de entender resulta que el legislador de 1980 viese en un ¨®rgano de elecci¨®n parlamentaria, el Consejo, el adecuado contrapeso democr¨¢tico del ¨®rgano directamente designado por el Gobierno, el director general.

En nuestro sistema pol¨ªtico ?no coincide acaso el Gobierno con el color pol¨ªtico de la mayor¨ªa parlamentaria? Y si eso es as¨ª, ?cu¨¢l puede ser el papel del Consejo de Administraci¨®n, cuya mayor¨ªa, como es natural, ser¨¢ normalmente un reflejo de la del Parlamento, frente a un director general designado por un Gobierno que ha sido elegido por la misma mayor¨ªa? Con la composici¨®n que fija la ley, frente al director general el Consejo est¨¢ condenado a ser un ¨®rgano pol¨ªticamente in¨²til.

Pero las equivocaciones no paran ah¨ª. El Estatuto de 1980 declar¨® a la televisi¨®n servicio p¨²blico pero se olvid¨® de decir para qu¨¦. Legalmente, Televisi¨®n Espa?ola es un servicio p¨²blico que sirve para todo, lo que equivale a decir que, legalmente, en concreto no sirve para nada. En la ley que la regula, las funciones concretas de Televisi¨®n Espa?ola brillan por su ausencia.

En ese esquizofr¨¦nico marco legal, y dejando ahora aparte otras cuestiones que nos llevar¨ªan demasiado lejos, ?qu¨¦ ocurrir¨ªa si, por casualidad, en un determinado momento la mayor¨ªa del Consejo de Administraci¨®n, el ¨®rgano en donde se refleja el pluralismo pol¨ªtico del Parlamento, llegase a tener una mayor¨ªa distinta de la del Gobierno que ha designado al director general? Acabamos de verlo.

La competencia m¨¢s importante que la ley atribuye al flamante ¨®rgano de elecci¨®n parlamentaria es, como no pod¨ªa por menos, "aprobar, a propuesta del director general de RTVE, el plan de actividades del ente p¨²blico".

Pues bien, en estos momentos, y como consecuencia de las vacantes que las fuerzas pol¨ªticas son incapaces de cubrir, el Gobierno no tiene la mayor¨ªa pol¨ªtica en el Consejo de Administraci¨®n. Tanto es as¨ª que el Consejo acaba de rechazar no s¨®lo en una, sino en dos votaciones distintas, como es preceptivo, el plan de actividades propuesto por el director general. ?Y qu¨¦ ha ocurrido? Absolutamente nada. El tema se ha despachado con un dictamen de la asesor¨ªa jur¨ªdica de la casa en el que se dice que el director general designado por el Gobierno no est¨¢ vinculado por el voto del Consejo de Administraci¨®n elegido por el Parlamento.

Para este viaje, como cualquiera puede comprender, no se necesitaban alforjas. En lo esencial ya est¨¢bamos ah¨ª hace 43 a?os. La diferencia m¨¢s importante es, si acaso, que ahora televisiones p¨²blicas gubernamentales las pueden tener tambi¨¦n las comunidades aut¨®nomas e incluso los municipios.

Espa?a necesita, pues, con urgencia definir el modelo de televisi¨®n p¨²blica de la democracia. Las relaciones entre el Estado y el Mercado, entre el Poder Central y las comunidades aut¨®nomas, y entre los gobernantes y los gobernados exigen el dise?o de un orden razonable del campo del audiovisual. Y a la televisi¨®n p¨²blica, empezando por una nueva Televisi¨®n Espa?ola, le corresponde en ese campo un important¨ªsimo papel. Pierden su tiempo y el nuestro los pol¨ªticos que se enzarzan en memoriales de agravios. El que quiera ganar m¨¦ritos ante los ciudadanos, que los consiga en la construcci¨®n de una televisi¨®n p¨²blica democr¨¢tica, que ya va siendo hora.