Un grupo de vecinos de M¨¢laga espera hace diez a?os la reparaci¨®n de los defectos de sus casas de VPO

Tras cinco a?os de espera in¨²til, Jos¨¦ Romero, un alba?il de Churriana (M¨¢laga), ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz para zanjar lo antes posible la disputa que le enfrenta a la Junta de Andaluc¨ªa y al Instituto Municipal de la Vivienda de M¨¢laga. Romero, que en 1989 recibi¨® una casa de protecci¨®n oficial con graves defectos, demand¨® a estas instituciones en 1994 por incumplir la legislaci¨®n de VPO, y denuncia que, hasta ahora, ning¨²n perito ha aceptado redactar el informe necesario para que el procedimiento avance y se dicte sentencia. Han pasado 10 a?os desde que las casas, construidas por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), fueron entregadas, y las deficiencias se dejaron sentir desde el principio. "Cuando entramos por la puerta por primera vez, fue como un ba?o de agua fr¨ªa", dice Crespillo. Jos¨¦ Romero, alba?il con 25 a?os de experiencia, explica que la casa no tiene juntas de dilataci¨®n, que para los saneamientos se emplearon tuber¨ªas m¨¢s estrechas de lo debido, lo que produce atoros continuos, y que los yesos est¨¢n muertos -es decir, que no se pueden perforar con un taladro porque se vienen abajo-. En definitiva, denuncia que las viviendas se construyeron sin ajustarse a las memorias de calidad aprobadas y visadas por la Junta, como fija la ley: el ¨²nico sello que figura en el proyecto es el del Colegio de Arquitectos. Despu¨¦s de reclamar durante tres a?os por v¨ªa administrativa sin obtener ning¨²n resultado, Romero interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia contra la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y Transportes de la Junta y contra el IMV. La sala de lo Contencioso Administrativo ha propuesto a cinco arquitectos t¨¦cnicos para que hagan un informe pericial, explicando cu¨¢les son las causas del problema y valorando los da?os, pero todos han renunciado argumentando que mantienen relaciones profesionales con la Consejer¨ªa o el Patronato. Romero y su abogado, Teodoro Gross, creen que la raz¨®n de tanta renuncia es que la obras est¨¢n firmadas por el arquitecto Juan Sacrist¨¢n, que ahora, seg¨²n dicen, desempe?a un cargo de responsabilidad en la Consejer¨ªa. Mientras el procedimiento se eterniza, Romero y su familia se sienten "indefensos, en una situaci¨®n sin salida". El seguro privado no se hace cargo de las reparaciones, porque las considera defectos de construcci¨®n y fuera de cobertura. Despu¨¦s de que en 1991 la Junta abriese un expediente sancionador al IMV, ¨¦ste s¨ª asumi¨® algunas reparaciones, pero no todas. "Puros parches", dice Romero. Fuentes del IMV reconocieron que algunas de sus reclamaciones eran justas y fueron atendidas; que la Junta las dio por buenas y cerr¨® el expediente. El IMV no se ha personado como parte en el contencioso, porque, seg¨²n las mismas fuentes, no les ata?e. El abogado Gross neg¨® este extremo, y reiter¨® que la demanda se dirige tanto contra el IMV como contra la Junta.